Un grupo de veintiséis presidentes y exmandatarios conservadores de España y Latinoamérica manifestaron este jueves su apoyo al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, frente al informe de una comisión parlamentaria que, impulsado por la oposición, recomienda abrirle un juicio político.
El manifiesto de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresó su preocupación “sobre el propósito de partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador de destituir al presidente Guillermo Lasso”.
El documento está suscrito por el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el expresidente del Gobierno de España José María Aznar, y por tres exmandatarios ecuatorianos: Osvaldo Hurtado (1981-1984), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lenín Moreno (2017-2021).
Entre los expresidentes que también lo suscriben están los colombianos César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el argentino Mauricio Macri, los chilenos Eduardo Frei y Sebastián Piñera, el uruguayo Julio María Sanguinetti y los bolivianos Carlos Mesa y Jorge ‘Tuto’ Quiroga.
También los panameños Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso, Ernesto Pérez Balladares y Juan Carlos Varela, los costarricenses Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, los paraguayos Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy, y el salvadoreño Alfredo Cristiani.
El pronunciamiento de IDEA reclama que se respete los periodos para los que fueron elegidos los presidentes, que en el caso de Lasso culmina en 2025.
“No conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República”, añadió el manifiesto.
Así, los firmantes exhortaron “a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a los partidos políticos, a la sociedad civil y al pueblo ecuatoriano a que se respete el periodo constitucional para el cual fue elegido el presidente Guillermo Lasso”.
“Más todavía, si su pretendido enjuiciamiento político no llega a sustentarse en hechos incontrastables y en sólidas bases jurídicas y constitucionales”, concluyó el comunicado.
Por seis votos a favor y uno en contra, la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”, recomendó el miércoles que el pleno de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento político de censura a Lasso por supuestos actos de corrupción de allegados suyos.
La investigación gira en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial archivada por su presunta relación con una red de narcotráfico.
La Constitución ecuatoriana establece que, “para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional”.
El Gobierno rechazó enfáticamente el informe de la comisión y denunció “un claro afán desestabilizador” y “un vergonzoso manoseo constitucional para intentar configurar las causales del juicio político y así demostrar una inexistente responsabilidad política del presidente”.
El pronunciamiento de la comisión legislativa se dio en un momento en que el Gobierno luce debilitado tras haber encajado una derrota electoral en los comicios locales del pasado 5 de febrero, cuando también fue derrotado por la oposición en un referéndum que el oficialismo impulsó por temas como seguridad, democracia y medio ambiente, entre otros.
Una baja aprobación a la gestión presidencial en algunas encuestas también ha contribuido al deterioro de la imagen del Gobierno, que ha recibido amenazas de protestas de sectores sociales como el movimiento indígena, que se queja por la carestía de la vida y que se siente burlado por la supuesta falta de cumplimiento de unos acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
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