En este marco, advirtió que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el secretario General del Consejo de la Judicatura, Carlos Antonio Alpízar, siempre estuvieron enterados de las denuncias que ella presentó contra Selina Avante, por lo que si no actuaron en su contra, también son responsables de las actuaciones que ha tenido la magistrada en casos relevantes.
La magistrada Elba Sánchez Pozos también rechazó que su denuncias contra la magistrada Selina Avante hayan iniciado al mismo tiempo o que exista una confrontación entre mujeres, como lo sugiere el comunicado del Consejo de la Judicatura, destacando que pasaron cinco meses entre la denuncia inicial que ella presentó en abril del 2019 y la primera queja que la magistrada Avante y su personal interpusieron en contra suya hasta septiembre de ese mismo año.
Recordó que en su caso, existía una resolución de 1,800 páginas emitida por la Visitaduría Judicial en la que se concluíam anomalías y posibles hechos delictivos en la operación del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, atribuibles a la magistrada Selina Avante y a otros funcionarios del órgano jurisdiccional, por lo que no se trataba de un problema personal sino institucional
Lamentó que bajo el mando y las órdenes directas de Carlos Alpízar, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del Consejo de la Judicatura Federal actúe de modo diferenciado, ya que mientras ella fue cambiada de adscripción y enviada a un tribunal en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente suspendida por un año; a Selina Avante Juárez no la han tocado dentro de la institución y solo fue removida del tribunal en Cancún, cuando la periodista Lydia Cacho denunció presunta corrupción para liberar a Kamel Nacif, empresario que participó en un complot para lograr su detención y posterior tortura, por exponer las redes de pederastia que operan en México.
En una carta aclaratoria enviada a Aristegui Noticias para responder a los señalamientos que hizo la magistrada Sánchez Pozos, el Consejo de la Judicatura dijo que de las 16 quejas presentadas contra la impartidora de justicia, solo una se mantiene abierta, mientras que el resto ya fueron cerradas de manera definitiva.
Se reitera que no ha existido ni existirá jamás un uso de los procedimientos e instituciones para menoscabar los derechos de la magistrada Sánchez Pozos ni de ninguna otra persona servidora pública del PJF.
No obstante, la magistrada consideró que se trata de una información inexacta, ya que se acumularon varios expedientes en uno solo, por lo que siguen abiertos los procedimientos internos para tratar de sancionarla.
Además, dijo que con la reforma judicial impulsada por el ministro Zaldívar, la UGIRA si quedó bajo el mando material de Carlos Alpízar por lo que tampoco es cierto que su autonomía sea 100 por ciento efectiva como sostiene el CJF.
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