El Gobierno francés ha autorizado la creación de un registro para controlar a los más de 200 menores que han regresado de Siria o Irak en los últimos años, según un decreto gubernamental publicado el 7 de abril. El fichero, precisa el texto, busca “garantizar su protección y prevenir su implicación en un proceso de delincuencia o radicalización”. Además del nombre de los niños, la base de datos incluirá elementos como la localización de los padres, las condiciones de llegada a Francia, si nacieron en zonas donde operaban grupos terroristas o qué servicios estatales son responsables de su seguimiento. Abogados y familiares de los menores critican que el registro los estigmatiza aún más y planean recurrir la medida.
El decreto interministerial da luz verde para que el Ministerio del Interior pueda automatizar datos personales “relativos a la atención de menores que regresan de zonas de operaciones de grupos terroristas”. El objetivo, argumenta el Ejecutivo, es coordinar mejor los distintos servicios encargados de la atención administrativa, judicial, médica y socioeducativa de estos niños. Según ha subrayado Interior en un correo electrónico, la base de datos excluye “cualquier dimensión de seguridad” y es “puramente preventiva”. Uno de los fines es evitar que se interrumpan los programas de asistencia, ha añadido.
Los familiares rechazan esos argumentos. “Lo hemos sentido como una bofetada”, responde por teléfono un portavoz del Colectivo de las Familias Unidas, una organización francesa que lucha a favor de la repatriación de los menores y sus madres. “Hablamos de niños que tienen alrededor de siete u ocho años y quieren ficharlos hasta la mayoría de edad. Es un sinsentido”, lamenta.
Más de 200 hijos de yihadistas franceses han vuelto a Francia desde la caída del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en 2019. Alrededor de un centenar de ellos han regresado mediante repatriación, según datos del Ministerio de Justicia. En un primer momento, la doctrina oficial del Gobierno francés consistía en estudiar “caso por caso” el posible regreso de los menores de Siria o Irak, sin autorizar el de adultos. Pero en julio de 2022, el Ejecutivo dio un giro y anunció el retorno de 35 menores y 16 mujeres de los campamentos del noreste de Siria, donde permanecían retenidos.
Desde entonces, ha habido otras dos repatriaciones masivas en octubre y enero, pero aún quedan cerca de 100 menores franceses en los campos sirios vigilados por fuerzas kurdas. A su llegada, los niños quedan en manos de los servicios sociales de atención a la infancia y son objeto, entre otros, de seguimiento médico. Muchos de ellos llegan en malas condiciones físicas y psicológicas y nunca han sido escolarizados.
El fichero incluirá detalles de identificación personal y familiar (idiomas hablados, hermanos, quién ejerce de autoridad parental, padres encarcelados o no) y otros relativos al acompañamiento de los menores (fecha de llegada a Francia, tipo de escolarización, encarcelamiento o no, fecha del último examen médico). El Estado podrá conservar estos datos hasta que el niño cumpla la mayoría de edad, según indica el decreto publicado en el Diario Oficial.
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El texto también aclara quién puede tener acceso a ellos. Una lista que engloba a representantes estatales, fiscales, asistentes especializados en radicalización, rectores, directores académicos o funcionarios del sector sanitario. Para Vincent Brengarth, abogado de una yihadista francesa que sigue en Siria con sus tres hijos, la información que puede contener el registro “es extremadamente amplia, al igual que la lista de personas que pueden tener acceso a ella”.
El abogado añade por correo electrónico: “Considero que la creación de este fichero es especialmente problemática, dada la sospecha que alimenta contra menores a los que se acusa de rebote de las acciones de sus padres”.
El secretariado encargado de la prevención de la delincuencia y la radicalización, que pertenece al Ministerio del Interior, ha justificado la creación del fichero ante “las dificultades encontradas por los consejos departamentales [equivalente a las provincias en España] a los que se confía el cuidado de estos menores”. El organismo no precisa a qué tipo de dificultades se refiere, pero considera que los datos permitirán reducir problemas de coordinación o evitar que se interrumpa el seguimiento de un niño, en el caso de que cambie de residencia.
“Estos niños solo son víctimas”
El abogado Patrick Baudouin, presidente de la Liga de Derechos Humanos, critica, por su parte ,que los menores “son fichados de entrada como potenciales delincuentes y terroristas. Es extremadamente chocante”. Baudouin admite que el seguimiento es absolutamente necesario, pero alerta de que estigmatizarlos puede ser contraproducente.
“Son niños que han sufrido malos tratos durante años, víctimas que han perdido sus años de infancia en campos y condiciones de detención espantosas, en un entorno de violencia”, recalca por teléfono. “Y cuando regresan, se les sigue estigmatizando y culpando”, asegura.
Para la letrada Marie Dosé, quien acompaña a las mujeres y los hijos retenidos en los campamentos del noreste sirio, el registro también es “una forma de estigmatización”. En una entrevista a la emisora France Info, la abogada ha avanzado que estudia, junto a otros abogados, la posibilidad de recurrir el decreto para tratar de anularlo.
Francia, recuerda Dosé, ha sido condenada tres veces por el abandono de estos niños. “Ahora les hace el regalo de registrarlos tras cuatro años de infierno en Siria. Ningún registro de niños puede satisfacer la necesidad de protección”, ha sentenciado. La abogada insiste en que hacen falta más educadores y que los niños puedan ver más frecuentemente a sus madres detenidas.
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