Francia ha empezado a desplegar un complejo arsenal normativo para incitar a la población a vacunarse y vetar buena parte de la vida social a quienes se nieguen a inmunizarse. Desde el miércoles, está prohibido entrar sin el certificado sanitario en cualquier evento cultural y deportivo donde se concentren más de 50 personas, incluidas atracciones turísticas. El certificado covid acredita la vacunación completa del titular o el resultado negativo en test realizado en las 48 horas anteriores. Las protestas, de momento minoritarias, de antivacunas y otros críticos con las medidas del presidente Emmanuel Macron han reavivado el temor a que se active una protesta social como la del movimiento de los chalecos amarillos, que hace dos años y medio puso en aprietos al Gobierno francés.
En los cines de París era necesario mostrar el certificado y un documento de identidad. En las puertas del museo del Louvre, en la capital francesa, había que mostrar el certificado y el billete reservado con antelación. Al pie de la Torre Eiffel, se habían instalado unas carpas donde, por 25 euros, los turistas sin certificado podían hacerse la prueba de antígenos. Cinco minutos después, llegaba el resultado y, documento en mano, podían subir al legendario edificio. “Está muy bien, es más seguro”, decía mientras espera el turno para la prueba Elaine Heredia, una mujer de 42 años que vive en Toledo y visita a una amiga en la ciudad. “¡Hay que subir, claro!”, añadió.
La extensión de la exigencia del certificado covid —hasta ahora solo se pedía en eventos de más de mil personas— es el prólogo a la medida más amplia que debe entrar en vigor en agosto y que el Parlamento debe adoptar esta semana. A partir de entonces, sin el certificado no se podrán viajar en tren ni en avión, ni tampoco acceder a restaurantes y cafés, ni a sus terrazas. En paralelo, Macron ha decidido que el personal sanitario deberá vacunarse obligatoriamente entre ahora y mediados de septiembre bajo la amenaza de sanciones que pueden llegar a la pérdida del empleo.
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La aplicación de las primeras medidas el miércoles coincide con el inicio, el mismo día, de un tenso debate parlamentario, mientras el Gobierno habla ya de una cuarta ola impulsada por la variante delta y de una explosión de los contagios, y observa con atención los brotes de descontento popular. El sábado se manifestaron en toda Francia 114.000 personas contra las medidas —de ellas, 18.000 en París—, una cifra modesta comparada con algunas movilizaciones sociales, pero superior a lo que esperaban las autoridades.
“Hay que evitar que un exceso de celo en la aplicación de las medidas ponga a la gente de los nervios y cree unos nuevos chalecos amarillos”, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, según el semanario satírico y de investigación Le Canard Enchaîné. Un informe del servicio de inteligencia interior, citado este lunes por el diario Le Parisien, analiza: “Al igual que ocurrió durante la crisis de los chalecos amarillos, cuanto más dure el conflicto mayor es el riesgo de que los más determinados y los más radicalizados logren tomar el mando”.
Las resistencias al plan anunciado por Macron el 12 de julio se mueven en varios planos. Hay una crítica filosófica, formulada entre otros por François-Xavier Bellamy, eurodiputado de Los Republicanos (LR), el partido de la derecha tradicional, y profesor de Filosofía de profesión. Bellamy escribe en Le Figaro: “Por primera vez en nuestra historia, habrá que presentar un documento sanitario para efectuar los actos más simples de la vida cotidiana: ir en tren, entrar en un comercio, ir al teatro”.
Hay otra crítica, de cariz político, que apunta al procedimiento por el que Macron quiere imponer sus medidas: algunas —las que entraron en vigor el miércoles— sin pasar por el Parlamento; otras con una legislación exprés y con un debate limitado a unos pocos días en el que está en juego la organización de la sociedad francesa en los próximos meses.
Hay una tercera crítica que es extraparlamentaria y que congrega a una coalición heterogénea que incluye a abonados a las teorías de la conspiración, antivacunas, personas que se declaran favorables a las vacunas, pero reticentes ante la de la covid-19, ciudadanos convencidos de que Macron aprovecha la pandemia para imponer una dictadura, otros que exhiben estrellas de David como si fuesen judíos durante el nazismo e incluso algunos que han amenazado a políticos favorables al plan de Macron…
“¡Libertad, libertad!”, clamaban los asistentes a una de las manifestaciones que se celebraron el sábado en París, una de las primeras de este tipo en Francia desde el inicio de la pandemia hace un año y medio. Uno de los asistentes declaró: “No me apetece entrar en un nuevo tipo de sociedad de control total y con prohibiciones de todo tipo. Quiero seguir viviendo como antes”. El hombre, que dijo que es profesor de colegio y tiene 29 años, no quiso revelar su identidad: “No se sabe cómo puede acabar esto, puede acabar en una dictadura. Ya está empezando”.
En la manifestación había sanitarios que se resisten a la vacuna y que, cuando se apruebe la ley, deberán ponérsela por obligación. “Respetamos a quienes se vacunen”, dijo Emily Desserre, de 38 años y educadora especializada en psiquiatría infantil en un hospital público. “Pero rechazamos que nos lo impongan y nos metan presión social, que nos den lecciones de moral y que nos amenacen, que nos impidan ir a trabajar y que podamos quedarnos sin empleo ni remuneración”.
Por ahora, sin embargo, el anuncio de Macron ha tenido como efecto una avalancha de vacunaciones. En la última semana, 3,7 millones de franceses han pedido una cita para vacunarse en la popular web Doctolib.
Al pie de la Torre Eiffel, el miércoles, la inmensa mayoría de las 200 personas que, a media tarde, se habían hecho el test eran turistas no vacunados del todo o con test demasiado antiguos. “Desde esta mañana no hemos tenido ningún positivo”, dijo Matteo Edjeou, estudiante de medicina de 19 años que se encargaba, junto a otros colegas, de realizar los test. “Toquemos madera”.
Restricciones en Italia a los no vacunados
El Ejecutivo italiano, que preside Mario Draghi, tiene previsto aprobar este jueves la implantación del certificado verde (el salvoconducto que acredita la vacunación) para acceder progresivamente a los espacios públicos. La idea del Gobierno de coalición es similar a la francesa y constituye, básicamente, una fórmula técnico-política para obligar a toda la población a vacunarse, a menos que prefieran permanecer en casa encerrados. Además, Draghi está preparando también la prolongación del estado de emergencia (finalizaba el 31 de julio) hasta el final de año.
Los datos de contagios empiezan a empeorar en Italia y el Gobierno quiere acelerar la campaña de vacunación en las franjas más jóvenes. Pero, sobre todo, también entre quienes tienen dudas sobre la conveniencia de hacerlo (en Italia es muy fuerte el movimiento antivacunas). La mayoría de sectores está de acuerdo en implantar el certificado para las principales de actividades públicas. También la patronal de empresarios, que ha propuesto que sea obligatorio para ir a trabajar. Algo que ha suscitado las críticas de los sindicatos.
La implantación del certificado se realizará en tres fases. En agosto será obligatorio tener al menos una de las dosis de la vacuna para asistir a eventos culturales y deportivos. También, seguramente, para comer o beber en espacios cerrados de restaurantes y bares. En septiembre se pedirán las dos dosis para las mismas actividades y, a partir del 15 del mismo mes, se exigirá también para entrar en el transporte público.
Información de Daniel Verdú.
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