La ambientalista colombiana Francia Márquez no le tiene miedo a nada. Se ha enfrentado a las multinacionales que han querido entrar a los territorios de indígenas y afrodescendientes, a los grupos criminales que han intentado desplazar a su comunidad con la minería ilegal y a los políticos que se han negado a reconocer el abandono en el que por años han dejado a su pueblo Suárez (Cauca), en el Pacífico colombiano. Es una líder afro que en los últimos 12 años —tiene 39— aprendió a vivir amenazada sin que la justicia se preocupe por investigar quién está detrás de los hostigamientos. Ha sido atacada con armas y granadas, acosada con llamadas y mensajes a su teléfono. “Ni siquiera entregándoles a las autoridades los números de los que me han amenazado han hecho algo. Tienen todo para investigar, pero no hacen nada”, lamenta por Zoom.
Su lucha por proteger el territorio le ha costado amenazas, pero también le ha dado reconocimientos. En 2018, le dieron el premio Goldman, el más importante para los ambientalistas. Márquez dice que lo mejor de haberlo recibido fue la posibilidad de hablar afuera de lo que pasa en Colombia. “A muchos defensores, cuando no hay garantías acá, solo nos queda la comunidad internacional, que además también tiene responsabilidad. El destierro que vivimos también viene de afuera, de las multinacionales”. Francia Márquez lidera desde el año pasado el Consejo Nacional de Paz y tiene aspiraciones presidenciales. Y dice que a la política colombiana le hace falta mujeres que transgredan el establecimiento “patriarcal, racista y clasista”.
Pregunta. ¿A qué se enfrenta un ambientalista en Colombia?
Respuesta. Principalmente, a la muerte. Colombia tiene el récord mundial de asesinatos a líderes ambientales. Nos enfrentamos a un Estado mezquino dirigido por personas que no quieren ceder en sus privilegios, a un país que condena y extermina a quien piensa diferente. Eso es lo que ha hecho que muchos territorios, a pesar del fin del conflicto [armado con las FARC], sigan bañados en sangre y que haya pueblos convertidos en fosas comunes. Es un país con profundas cicatrices que solo puede sanar si le da espacio a las mujeres, a los jóvenes, a las comunidades que creemos en la paz. Si miramos el mapa electoral encontramos que la mayoría de la gente que busca una alternativa política es la que más ha sufrido la violencia. A ellos los tenemos que escuchar.
P. Usted lidera el Consejo Nacional de Paz. ¿Cómo ve la implementación del acuerdo con el que se pretendía poner fin a un conflicto de más de 50 años?
R. Las comunidades quieren la paz, creen que el diálogo es la herramienta más poderosa que tenemos como nación herida para cuidarnos, para aprendernos a reconocer. Lo triste es que no todos los que hacen parte de este acuerdo quieren lo mismo y al final del día seguimos siendo enemigos entre nosotros mismos. Cuando un Gobierno no tiene una voluntad política real para buscar una salida negociada al conflicto va a seguir usando la confrontación armada, a pesar de que más de 50 años nos han demostrado que no sirve para nada, aparte de desplazar comunidades, de violar derechos humanos.
P. A pesar de los llamados al Gobierno para que se garantice la protección de los defensores de derechos humanos y líderes ambientales nada cambia. ¿Qué ha faltado para que los volteen a mirar y atiendan a sus súplicas?
R. Hay una institucionalidad corrupta que es cómplice de las violencias que vivimos. Hay un vínculo entre la violencia armada y el modelo de desarrollo económico, eso hace que Colombia sea el país con más líderes ambientales asesinados. No hay posibilidades de acceder a la justicia y cuando lo logramos es lenta e ineficaz. La impunidad frente a los asesinatos de líderes en Colombia es un premio a sus victimarios.
P. Usted ha sido perseguida, ha sufrido varios atentados, ha sido víctima de desplazamiento. ¿Ha pensado —como tantos colombianos amenazados— en buscar refugio fuera del país?
R. Lo he intentado, pero irme sería otra forma de morir. Acá tengo mi ombligo sembrado, crecí en una comunidad que me enseñó a pensar en colectivo, no me podría alejar. A pesar de todo creo que hay esperanzas, este país puede ser un lugar en el que se pueda vivir. Quiero atreverme a desafiar la política de muerte que ha gobernado y trabajar para que cambie.
P. Por eso aspira a la presidencia.
R. Creo que es momento de pasar la página de las injusticias raciales y de género. Se nos dijo que la política era para los hombres y las labores de la casa para las mujeres, pero tenemos que romper con eso. Aunque, aclaro, no basta con ser mujer para lograrlo, ya hemos visto que tener una vicepresidenta no significa que esté ahí para representarnos o para erradicar las violencias de las que somos víctimas. Las mujeres también han servido al establecimiento para fortalecer una política patriarcal, racista y clasista. Yo crecí en un contexto en el que mi mamá perdió las huellas por lavar a mano la ropa de mujeres que no eran conscientes del maltrato al que sometían a otras. Como mujeres negras y empobrecidas hemos experimentado una violencia diferente. Cada vez somos más conscientes de eso. En las regiones hay muchas mujeres queriendo empujar un cambio, haciendo algo para que este país esté mejor.
P. ¿Cuáles cree que son las urgencias que hay que atender —además de que protejan a los líderes— en materia ambiental en Colombia?
R. Es urgente un cambio del modelo extractivista al modelo sustentable, que se priorice el acceso a los alimentos, hay que fortalecer la producción agrícola. Tenemos tierra para producir y hay gente con hambre, que solo puede comer una vez al día. También hay que hacer un cambio en la política antidrogas y prohibicionista, ayudar a las comunidades para que se integren en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, que les permitan a los campesinos acceder a las licencias para producir cannabis, porque finalmente han sido ellos los que han sufrido las consecuencias de las políticas contra el narcotráfico.
P. Hace unos días le envió una carta a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que destacaba la importancia de redireccionar los recursos que ese país destina a la política antidrogas en Colombia. ¿Qué espera del Gobierno de Estados Unidos frente a este tema?
R. Estados Unidos ha patrocinado una política que ha generado violaciones a los derechos humanos. El prohibicionismo solo ha servido para empeorar la crisis humanitaria y el conflicto en este país. Le escribí a la vicepresidenta con el deseo de que nos escuchen. Aunque venimos de contextos diferentes, como mujeres negras nos une que venimos de hombres y mujeres que fueron esclavizados, yo espero que se sensibilice ante lo que estamos viviendo en Colombia y que Estados Unidos, con la influencia que tiene en este país, empuje hacia un cambio, empezando por la política antidrogas.
“Nos asesinan todos los días”
En el escrito que Francia Márquez le envió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le habla de la necesidad de enfocar los recursos económicos que Estados Unidos destina a Colombia en “apoyar a las comunidades que desde su autonomía han decidido que en sus territorios no se siembra coca, a pesar de las presiones de los grupos armados”. También describe la persecución que viven los líderes sociales en Colombia: “Como afrocolombianos, indígenas y campesinos empobrecidos (…) nos han impuesto el conflicto armado, la política de muerte, las violencias de género mayoritariamente padecidas por las mujeres y jóvenes negros. El racismo estructural mantiene sus rodillas en nuestros cuellos. No nos dejan respirar. Nos asesinan todos los días”.
Source link