Fuego graneado contra el cuartel

Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado un giro estratégico en los últimos tiempos deviniendo una institución multilateral cuasiprogresista y olvidándose de su siniestro pasado es un hecho bastante reconocido. Ello se debe en buena parte a la labor de su actual directora gerente, la europea Kristalina Georgieva, contra la que se han iniciado maniobras orquestales en la oscuridad para hacerla dimitir o, al menos, debilitarla.

Georgieva es la misma funcionaria cuya excelente respuesta a la pandemia, muy rápida, otorgó fondos para mantener a los países a flote y abordar la crisis sanitaria; la misma que defendió con éxito una emisión de 650.000 millones de dólares de “dinero” del FMI (DEG: Derechos Especiales de Giro), tan esenciales para los países de bajos y medianos ingresos; e idéntica persona es la que ha situado al FMI en un papel de liderazgo global en respuesta a la crisis existencial del cambio climático. El principal abogado defensor intelectual de Georgieva es el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz (Un intento de golpe en el FMI, Project Syndicate) ante quienes están descontentos con el nuevo papel del Fondo bajo la dirección de la búlgara: unos piensan que debería aferrarse a su tarea principal y olvidarse del cambio climático; a otros no les gusta el citado giro progresista que hace menos énfasis en la austeridad y más en la pobreza o el desarrollo y una mayor conciencia en los límites de los mercados. Por último, hay otros cuantos disgustados por el hecho de que el FMI no esté actuando tan enérgicamente como un cobrador del frac, por ejemplo, en Argentina.

El pretexto para cuestionar a Georgieva es, sin embargo, otro. Siendo presidenta del Banco Mundial habría facilitado la subida artificial de China en la clasificación de países donde se pueden hacer negocios (informe Doing Business) a cambio de una mayor participación del país asiático en una ampliación del capital del banco. Esto es lo que se investiga. Si fuese cierto habría violado su neutralidad funcionaria y debería dimitir. Otros piensan que se ha visto envuelta en la maraña cada vez más retorcida de la guerra geopolítica y comercial entre EE UU y China. Recuérdese la posición pública del presidente Biden en este asunto: “China tiene un objetivo general y no se lo critico, pero tiene el objetivo de convertirse en el país líder en el mundo, en el país más rico del mundo y en el país más poderoso del mundo. Eso no va a ocurrir durante mi mandato porque EE UU va a continuar creciendo y expandiéndose”. Mientras se termina la investigación, el Doing Business (que, según Stiglitz, antiguo economista jefe del Banco Mundial, es “un pésimo producto”) ha dejado de publicarse tras apreciarse irregularidades “éticas”.

No es la primera vez que el FMI se ve envuelto en asuntos como este. En realidad, casi todos los últimos mandatarios (Rodrigo Rato, Strauss-Kahn, Christine Lagarde) han sido engullidos por la máquina de picar carne. Hace ahora 10 años se hizo público un informe sobre el papel de la organización en el momento de haber previsto la Gran Recesión, en el que los auditores afirmaban que las deficiencias analíticas, los obstáculos administrativos, los problemas de gobierno interno y las limitaciones políticas —todos ellos, mezclados— ayudaron a enterrar las voces críticas que emergían del seno de la institución y fomentaron una lectura “complaciente” de lo que acabó en una brutal crisis financiera. Funcionarios consultados comentaban que los incentivos estaban orientados a generar consenso con las opiniones predominantes, que expresar fuertes puntos de vista en contra podía “arruinar” sus carreras, o que les preocupaban las consecuencias de manifestar posiciones contrarias a las de los supervisores, la gerencia y las autoridades de los países, etcétera.

Stiglitz, como Jeffrey Sachs, se ha pronunciado a favor de la directora gerente (“ahora, más que nunca, el mundo necesita de la mano firme de Georgieva en el FMI”). El semanario The Economist se postula en contra. Será determinante la posición que adopte la todopoderosa secretaria de Estado de Joe Biden, Janet Yellen.

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