Un total de 102 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes o candidatos a cargos de elección, fue el saldo final de los hechos violentos registrados durante el reciente proceso electoral en México, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de Etellekt, publicado este lunes.
La consultora, en su Séptimo Informe de Violencia Política, señala que a lo largo de la jornada rumbo a los comicios del 6 de junio se registraron mil 66 agresiones contra personas políticas, lo que representa un incremento del 38% en comparación con el proceso 2017-2018.
“En la medida en que continúe siendo comprometida la seguridad de los candidatos y ante la altísima tasa de impunidad que impera en relación con la sanción efectiva de estos delitos, se reproduce el círculo vicioso de la violencia, que permite apartar por la fuerza a las personas que compiten por cargos de elección, violando sus derechos humanos y políticos, así como los de aquellas personas que acuden a las urnas”, indica el informe.
Según el documento, las mil 66 agresiones tuvieron lugar en las 32 entidades de la República, con un saldo de 954 víctimas de diversos delitos.
Esta violencia se extendió abarcó 576 municipios, 29 ciudades capitales incluidas, agrega.
El 75% de esas 954 víctimas era opositor a los gobiernos estatales; de la misma misma forma, el 76% de las 102 personas políticas asesinadas eran opositoras a los partidos de los gobernadores.
Del total de delitos contra políticos, 361 se cometieron en municipios gobernados por el partido Morena, y una de cada cuatro agresiones o delitos fue en contra de militantes de ese partido.
De los 36 aspirantes asesinados, 31 buscaban cargos del nivel municipal y el 90% de ellos eran al mismo tiempo opositores a los alcaldes que gobiernan los municipios en donde competían, dice.
Además de los fallecidos, detalla, hubo también 48 víctimas de homicidio en grado de tentativa, 36 de las cuales resultaron ilesas y 12 sufrieron heridas de arma de fuego.
De acuerdo con Etellekt, la amenaza se convirtió en el delito de mayor incidencia contra los políticos y candidatos, con un total de 339 casos, lo que equivale al 32% de los mil 66 delitos totales.
Otro delito registrado fue el de privación ilegal de la libertad, con 46 casos. A la fecha, permanecen secuestrados los candidatos a la alcaldía de Mexquitic, en Jalisco, y de Uruapan, en Michoacán, señala el documento.
El proceso electoral 2021 concluye con 265 víctimas mortales vinculadas con la política y el servicio público, pues además de los 102 homicidios de políticos, también perdieron la vida en ataques 14 colaboradores, 41 familiares de personas políticas y 108 servidores públicos sin militancia partidista o aspiraciones políticas.
Este lunes, durante la celebración de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con base en los datos del Indicador de Violencia Política de Etellekt, declaró su preocupación por el alto nivel de violencia política en el contexto electoral y pidió a la autoridad mexicana asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar que no se repetirán.
Incluso, agrega, la OEA también urgió a las autoridades mexicanas a iniciar de forma inmediata un diálogo para poner fin a la violencia política en el país.
Etellekt señala que a pesar de que el Gobierno federal implementó una estrategia de protección para candidatos, es preciso señalar que no fue diferente a la que ya se había presentado en procesos electorales previos.
“La estrategia federal se orientó a brindar protección a las personas candidatas a diputaciones federales y gobernadores, sin realizar un trabajo de evaluación de riesgos que permitiera adoptar medidas preventivas”, indica.
Asimismo, explica, las autoridades estatales, responsables de brindar protección a los candidatos y candidatas a cargos de elección municipales, actuaron de manera reactiva y fueron incapaces de prevenir ataques que costaron más vidas humanas.
“La actuación de las autoridades investigadoras no ha sido mejor, ya que las fiscalías estatales no han presentado avances en el esclarecimiento de la mayoría de los crímenes, y en la medida que el tiempo transcurre, aumenta el riesgo de que terminen en el olvido”, dice.
Aunque la autoridad federal brindó atención a las denuncias de los candidatos, el ejecutivo federal optó por invadir la esfera de competencia de las autoridades locales al señalar supuestos avances en las investigaciones que sólo corresponde a las fiscalías de los estados desarrollar e informar.
Además, el Ejecutivo Federal advirtió en diversas ocasiones que se trataba de delitos perpetrados por el crimen organizado, prejuzgando sobre responsabilidad a presuntos grupos del crimen organizado que no han sido plenamente identificados; peor aún criminalizando a las víctimas.
“Al prejuzgar sobre la presunta responsabilidad de los delitos”, sostiene, “el presidente obstruyó la justicia, pues descarta otros probables móviles que la autoridad ministerial debe averiguar, incluida la motivación política de los mismos”.
Más allá del discurso presidencial sobre la resolución de los crímenes en contra de políticos, la realidad es que la investigación de los delitos no presenta avances significativos que permitan no sólo hallar a los responsables materiales sino a los intelectuales, y más importante, determinar si el uso de la violencia tuvo como propósito incidir en los resultados electorales.
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