De acuerdo con el abogado Javier Schütte, personajes como Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna estarían involucrados en esta operación para ingresar armas al territorio nacional.
A seis años de la denuncia que presentaron ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el operativo Rápido y Furioso, la organización civil (Des)Arma México sigue exigiendo la identificación de altos funcionarios que participaron en las reuniones con autoridades estadounidenses.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Javier Schütte, integrante de Desarma México, indicó que el pasado 10 de junio, presentaron un escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR) para darle seguimiento a la querella que presentaron en 2014.
En dicha acusación, señalaron que exfuncionarios del sexenio de Felipe Calderón sí habían tenido conocimiento, participación y posible responsabilidad penal por el ingreso de armas a territorio nacional.
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El abogado indicó que durante la administración de Enrique Peña Nieto con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no se tuvo un avance sustantivo en la investigación.
“Ahora, la situación política es muy distinta, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Ahora puede ser que sí haya incentivos políticos, para ambos gobiernos, de que se investigue”, sostuvo.
Indicó que como parte de la reactivación de la denuncia, aportaron cinco documentos clave que revelan la participación de autoridades mexicanas.
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Entre estos documentos, se habla del operativo fallido ocurrido el 26 de septiembre de 2007 y cómo agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) “se quejan amargamente” del desempeño de las autoridades mexicanas.
De acuerdo con Schütte, uno de los agentes le escribió a otro: “por primera vez, le dimos a los mexicanos lo que querían, un operativo conjunto de trasiego vigilado y después de 20 minutos que estábamos en contacto con agentes de la AFI, que no nos contestaban, nos dijeron que ya habían perdido de vista el convoy que transportaba las armas”.
“Esta conversación es uno de los anexos al informe que tuvo tres partes: del congreso estadounidense, de la investigación de Rápido y Furioso que se publicó en 2012; junto con los Seminarios Violencia y Paz, hicimos una investigación muy exhaustiva. Fuimos encontrando cada vez más información que revelaba la participación de autoridades mexicanas”, apuntó el abogado.
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Asimismo, señaló que hay un memorándum enviado por la ATF al entonces fiscal general de Estados Unidos, en el cual le informan que el agregado de la ATF en Ciudad de México se reunió con el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, a quien se le informó sobre el operativo fallido que había ocurrido el 26 de septiembre de 2007.
“Rápido y Furioso quizá tuvo su auge en 2009 y continuó hasta 2011, estamos hablando de que cuatro años antes ya conocía uno de los más altos mandos del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón”, manifestó.
De igual forma, comentó que hay información que revela el involucramiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que dirigía Genaro García Luna; la Oficina de Presidencia de la República, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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Igualmente el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) estuvieron en reuniones relativas a Rápido y Furioso.
“Por eso también en el escrito solicitamos que se declare incompetente la SEIDO y que el expediente de investigación se continúe integrando en un área distinta de la hoy FGR para evitar un conflicto de interés”, refirió Schütte.
“También solicitamos que se cite a los titulares de este periodo de todas las dependencias mencionadas”, externó
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“Se trata de un asunto en el cual hay una corresponsabilidad en el cual nadie está pensando en México cuando se discute el tema de las armas en Estados Unidos. No obstante que son precisamente vidas humanas en nuestro país las que cobran estas armas, con cuya venta, además, se forran los bolsillos las armamentistas gringas”, abundó.