Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, afirmó que quiere participar en la contienda por la Presidencia de México en 2030 y aseguró que trabaja en la construcción de un movimiento opositor que permita una alternancia política, al tiempo que acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de impulsar una reforma sobre la doble nacionalidad con dedicatoria hacia personas que, como él, tienen ciudadanía estadounidense.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el exmandatario estatal confirmó que aspira a ser candidato presidencial, luego de que la periodista Carmen Aristegui le pidiera precisar si su declaración sobre tener “más ganas” de participar significaba que buscaría la candidatura.
“Dije, con más ganas, quiero decir que sí”, respondió García Cabeza de Vaca. Añadió que busca “acabar y sacar este régimen autoritario que se tiene en nuestro país” y sostuvo que está convencido de que la oposición puede construir una alternativa política.
El exgobernador planteó que el objetivo inmediato es impulsar un movimiento de cambio rumbo a las elecciones intermedias de 2027 y concretarlo en los comicios presidenciales de 2030.
“No es un discurso romántico ni poético ni mucho menos, estoy convencido que somos muchos más la gente de bien, la gente bien nacida, la gente que quiere darle un mejor futuro a sus hijos y a las próximas generaciones”, sostuvo.
Aseguró que la oposición deberá unir “esfuerzos, capacidades, talentos y voluntades” con ciudadanos para construir ese movimiento. También señaló que pretende participar más allá de su partido político y buscar la unidad entre distintas fuerzas opositoras.
“Por supuesto que me interesa y por supuesto que quiero ser parte de la construcción de un gran movimiento de cambio en nuestro país, apoyando y respaldando a toda la resistencia, no solamente a mi partido”, afirmó.
García Cabeza de Vaca recordó que actualmente ocupa un cargo otorgado por la dirigencia nacional panista como representante en América del Norte, particularmente en Canadá y EE.UU., pero sostuvo que mantiene relaciones con otras fuerzas políticas opositoras y que pretende convertirse en “factor de unidad”.
Cuestiona propuesta sobre doble nacionalidad
El exgobernador también cuestionó el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar las reglas relacionadas con la doble nacionalidad de quienes aspiren a cargos de elección popular, particularmente a la Presidencia y las gubernaturas.
García Cabeza de Vaca consideró que la propuesta tiene un destinatario específico debido a que, según dijo, la discusión está relacionada principalmente con la nacionalidad estadounidense.
“Pues pareciera ser que hay una fobia, ¿no? Por parte del gobierno y en este caso, pero lo está demostrando la presidenta porque, pues, trae nombre y apellido, ¿no?”, afirmó.
Explicó que nació en EE.UU. porque sus padres tomaron esa decisión cuando él era recién nacido, pero sostuvo que constitucionalmente es mexicano por nacimiento debido a que sus padres son mexicanos.
“Yo soy mexicano por nacimiento, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, con que uno de mis padres sea mexicano soy ya mexicano en nacimiento, así lo establece la Constitución”, señaló.
Recordó que bajo esa condición ha ocupado diversos cargos públicos: diputado federal, presidente municipal, diputado local, senador y gobernador de Tamaulipas. Por ello, sostuvo que la doble nacionalidad no le ha impedido ejercer responsabilidades públicas y tampoco debería impedirle participar en una eventual contienda presidencial.
El exmandatario afirmó que una reforma que obligara a los mexicanos con otra nacionalidad a renunciar a ella para participar políticamente afectaría un derecho ciudadano.
En ese contexto, ironizó sobre los alcances que podría tener una reforma de ese tipo: “Nada más eso nos faltaba, pues ya mejor que mande una iniciativa que diga que solamente pueden participar los que estén afiliados a Morena”.
García Cabeza de Vaca mencionó el caso del expresidente Vicente Fox para explicar la evolución de las reglas constitucionales relacionadas con la nacionalidad. Recordó que se modificó la Constitución para permitir que una persona nacida en México pudiera ser presidenta de la República aunque sus padres fueran extranjeros, y distinguió ese supuesto del suyo, al haber nacido en otro país pero ser hijo de mexicanos.
También sostuvo que la discusión sobre la doble nacionalidad podría tener consecuencias para otros políticos y funcionarios de estados fronterizos. “En la frontera norte de nuestro país, te repito, que hay muchos ciudadanos empresarios y políticos que tienen la doble nacionalidad”, afirmó.
El exgobernador cuestionó además que la presidenta haya tenido, según su argumento, la posibilidad de adquirir otras nacionalidades por sus antecedentes familiares y que ahora impulse una iniciativa para limitar ese derecho a otros mexicanos.
“Quiero ver a ver cómo le va con esta propuesta que va a hacer, porque de entrada, muchos de sus senadores diputados fronterizos y alcaldes tendrían que renunciar”, sostuvo.
“Fue una fabricación de delitos”
Rechazó los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo identificó como “prófugo de la justicia” y aseguró que México ha solicitado a EE.UU. su extradición Sostuvo que el proceso penal en su contra deriva de una acusación relacionada con la compraventa de un departamento y no con delincuencia organizada. El caso “proviene de una persecución política”, afirmó.
Afirmó que los señalamientos en su contra son utilizados para desviar la atención de otros asuntos que involucran a integrantes de Morena y acusó al gobierno federal de mantener vigente una narrativa en su contra pese a que, según dijo, dos de las personas imputadas en el mismo caso ya fueron absueltas.
“¿Por qué no dice que fue una fabricación de delitos que jamás cometí?”, cuestionó el exmandatario al referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sostuvo que originalmente el procedimiento para retirarle el fuero estuvo relacionado con una acusación por evasión fiscal derivada de la venta de un inmueble, y no por delincuencia organizada o lavado de dinero.
García Cabeza de Vaca explicó que durante su etapa como senador adquirió un departamento en la Ciudad de México mediante un crédito y posteriormente lo vendió. Aseguró que la operación estaba incluida en su declaración patrimonial y que los impuestos correspondientes fueron pagados.
“Cuando uno vende una propiedad, en este caso el notario tiene que retener los impuestos cuando hay una utilidad entre cuando lo adquirió, lo que pudo haber aumentado el valor de esa propiedad y la venta, pues se retienen los impuestos”, afirmó.
Según su relato, después de que concluyó su mandato como gobernador de Tamaulipas, la acusación incorporó los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El exgobernador sostuvo que esos delitos fueron añadidos posteriormente a la acusación inicial y atribuyó la decisión a una estrategia política en su contra.
Señaló que el procedimiento para retirarle el fuero fue, a su juicio, ilegal e inconstitucional, y recordó que la Cámara de Diputados determinó retirárselo por un asunto relacionado con evasión fiscal.
Aseguró que el proceso en su contra se originó porque se convirtió en una figura incómoda para el gobierno federal al denunciar presuntas operaciones de huachicol fiscal y señalar vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
También recordó que en 2020, durante una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló a Ricardo Peralta, entonces funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como presunto vínculo entre el gobierno federal y grupos criminales.
Afirmó que hizo ese señalamiento públicamente y que en aquella reunión estaba presente la entonces jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
El exgobernador contrastó su situación con las investigaciones que, según afirmó, involucran a otros políticos y gobernadores por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Mencionó a Rocha Moya, Américo Villarreal, Marina del Pilar y Mario Delgado, entre otros, y sostuvo que existen investigaciones y elementos que deben ser revisados. “Lo que quieren es empatar marcadores”, afirmó.
En torno a la situación procesal, aseguró que obtuvo un amparo y que la resolución definitiva del caso se retrasó debido a diversas actuaciones de la Fiscalía General de la República. Afirmó que el Ministerio Público federal recusó en 12 ocasiones a magistrados que podían resolver el asunto. “¿Qué es lo que estaba haciendo en este caso la Fiscalía General de la República? Dilatar el tema para que llegara la nueva Corte”, sostuvo.
El exgobernador cuestionó además que el asunto hubiera sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que posteriormente fuera turnado a la ministra Lenia Batres. Según su versión, la resolución determinó que no se establecía su culpabilidad, pero sí dejó sin efecto el amparo que había obtenido para que el asunto continuara ante un juez de control.
Insistió en que la acusación de delincuencia organizada surgió a partir de la participación de tres personas en la operación relacionada con el inmueble. Explicó que, además de él, fueron involucrados el empresario que habría realizado obras en Tamaulipas y la persona que adquirió el departamento.
Afirmó que el empresario permaneció dos años en prisión y posteriormente fue absuelto, mientras que la persona que adquirió el inmueble también quedó absuelta. “Cuando estas dos personas ya quedan absueltas, pues ya se acabó el caso”, sostuvo.
Rechazó que la operación estuviera relacionada con recursos públicos o con un supuesto desvío de dinero desde el gobierno de Tamaulipas. También fue cuestionado por la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta del departamento. El inmueble habría sido adquirido por 14.3 millones de pesos y vendido posteriormente por poco más de 42 millones.
Al respecto, el exmandtario explicó que el departamento fue comprado en obra gris, que posteriormente se realizaron remodelaciones y que transcurrieron varios años antes de la venta. Atribuyó la diferencia de precio a la plusvalía registrada en la zona y aseguró que se cubrieron los impuestos correspondientes.
Ante la referencia a investigaciones periodísticas que señalan que el inmueble fue vendido en 2019 a una empresa que habría recibido 56 millones de pesos en contratos entre 2016 y 2018, y a la hipótesis de la Fiscalía sobre una presunta triangulación de recursos, el exgobernador rechazó esa versión.
Afirmó que las acusaciones fueron construidas a partir de información que, según él, fue manipulada durante la gestión de Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sostuvo que el empresario señalado sí realizó las obras que se le atribuían y que no tuvo relación con la adquisición del departamento.
También negó tener alguna imputación adicional a la relacionada con el departamento y el cajón de estacionamiento. “Por supuesto que no”, respondió al ser cuestionado directamente sobre si enfrentaba algún otro señalamiento penal.
Respecto a la acusación de ser prófugo de la justicia y a la solicitud de extradición mencionada por Sheinbaum, García Cabeza de Vaca reconoció que permanece en EE.UU. y justificó su decisión de no regresar a México con el argumento de que podría ser detenido y encarcelado mientras enfrenta el proceso ante un juez de control.
“¿Y tú crees que yo les voy a dar el gusto de correr la misma suerte que corrió Rosario Robles?”, planteó. El exgobernador también se refirió al caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y sostuvo que decidió permanecer en EE.UU. mientras informa a las autoridades de ese país sobre su situación jurídica. Afirmó que las autoridades estadounidenses conocen el procedimiento de desafuero y lo que calificó como irregularidades cometidas durante el proceso.
Reconoce relación con agencias de EE.UU.
Al ser cuestionado nuevamente sobre sus relaciones con autoridades y agencias estadounidenses, el exgobernador reconoció que ha mantenido vínculos con funcionarios de ese país desde el inicio de su carrera política.
Explicó que, como político fronterizo, desde que fue diputado federal estableció relaciones con congresistas y personas que trabajan en distintas agencias estadounidenses. “Yo siempre he tenido relación con ellos soy un político fronterizo y lo seguiré haciendo”, afirmó.
García Cabeza de Vaca rechazó que esas relaciones hayan sido clandestinas y aseguró que durante su gestión como gobernador trabajó de manera coordinada con siete agencias de EE.UU.
Según relató, incluso informó públicamente sobre esa cooperación durante una conferencia matutina y dijo haberle comunicado directamente al entonces presidente López Obrador que mantenía esa coordinación. “Y si tengo que llevar a cabo acciones que permiten que pueda salir toda la verdad de los actos criminales que se están llevando en nuestro país que así sea”, afirmó.
Acusa que el huachicol fiscal continúa y estima evasión de 87 mil 856 millones de pesos
Sobre el huachicol fiscal, el exgobernador afirmó que el problema no corresponde únicamente a administraciones anteriores, sino que continúa durante el actual gobierno. Recordó que previamente había realizado un análisis en el que estimó en 554 mil millones de pesos el monto relacionado con el huachicol fiscal, cifra que posteriormente, según dijo, fue reconocida en alrededor de 600 mil millones de pesos por la entonces Procuraduría Fiscal.
Sin embargo, aseguró que existe un nuevo cálculo correspondiente a 2025 y hasta abril de 2026, con una evasión fiscal de 87 mil 856 millones de pesos. De acuerdo con el cálculo que expuso, se trataría de alrededor de 5 mil millones de pesos mensuales de evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Cuestionó por qué el debate público se concentra en operaciones del pasado y no en las que, según su planteamiento, estarían ocurriendo actualmente. “¿Por qué nada más hablan del pasado? ¿Por qué hablan nada más de los buquetanques, de todas las pipas, de los ferrotanques? ¿Por qué no hablan de lo que está pasando actualmente?”, dijo.
“¿No llegó a México? ¿O se perdió en los puentes internacionales? ¿Se perdió en los ferrocarriles?”, concluyó.