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La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, informó el viernes que un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico acusó al doctor Antonio Reyes Vizcarrondo por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica y un cargo de fraude a la atención médica.

“La presentación de reclamos falsos a los programas de beneficios de atención médica es inaceptable y un desperdicio de fondos de los contribuyentes”, dijo Rodríguez Vélez en comunicación escrita.

“El arresto de hoy muestra el firme compromiso del Departamento de Justicia y sus socios de aplicación de la ley de proteger los fondos públicos y salvaguardar el bienestar de los beneficiarios de Medicare y Medicaid”, añadió.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) están a cargo de la investigación.

De acuerdo con la acusación formal, desde aproximadamente 2008 hasta aproximadamente 2015, el doctor Antonio Reyes Vizcarrondo supuestamente se enriqueció al presentar o hacer que se presenten reclamaciones falsas y fraudulentas a programas de beneficios de atención médica, incluidos Medicare y Medicaid. Los reclamos presentados por Reyes Vizcarrondo fueron por servicios que utilizan códigos de procedimiento que él sabía que no podía usar de conformidad con los términos contractuales de su empleo, servicios prestados que, de hecho, fueron prestados por otros médicos. El demandado supuestamente ocultó la presentación de estos reclamos falsos y fraudulentos a los planes de beneficios de atención médica y la recepción y transferencia de los ingresos fraudulentos resultantes, y desvió estos ingresos obtenidos de manera fraudulenta para su uso y beneficio personal.

El doctor Reyes Vizcarrondo presentó e hizo que se enviara a Medicare y Medicaid un total de 8,159 reclamaciones utilizando códigos médicos prohibidos, incluidos códigos prohibidos para servicios no prestados, por un total de $882,608. El doctor Reyes Vizcarrondo enfrenta una acusación de pérdida de fraude a la atención médica de $601,783, que constituye la cantidad de dinero que Medicare y Medicaid le pagaron al demandado.

De acuerdo con los cargos, el acusado enfrenta posibles condenas de hasta 10 años por fraude en la atención médica y conspiración para cometer fraude en la atención médica. Este caso fue investigado por el HHS-OIG y el FBI, y el fiscal federal adjunto Scott Anderson lo está procesando.

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