El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga sostuvo que su equipo ha documentado durante varios años presuntos vínculos entre decisiones públicas en Sinaloa y estructuras relacionadas con el cártel de Sinaloa, a partir de coberturas que se remontan al proceso electoral de 2021 y que, afirmó, se han profundizado con nuevas evidencias sobre contrataciones gubernamentales.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que el origen de sus investigaciones se sitúa en la etapa previa a la llegada de Rubén Rocha Moya al gobierno estatal. Recordó que le tocó cubrir la contienda interna de Morena y señaló que el propio mandatario “ha declarado en algunas ocasiones y lo ha hecho público, que no existió tal encuesta” para definir la candidatura, sino que “fue hecha por el presidente de la república”, en alusión a Andrés Manuel López Obrador. Según Arteaga, este tipo de prácticas se repitieron en otros estados durante ese periodo.
Aseguró que durante la jornada de 2021 el crimen organizado intervino directamente en la dinámica política local, al señalar que “el cártel Sinaloa, trabajando en una operación de estado, literalmente secuestró durante 24 o 48 horas a líderes priistas para que no operaran en la elección”.
A partir de esos hechos, dijo, su equipo decidió dar seguimiento a la administración estatal. Como resultado, en investigaciones publicadas meses atrás, documentaron presuntos desvíos de recursos públicos. “Logramos confirmar cómo Rubén Rocha Moya, sus dependencias han desviado cerca de cuatro mil millones de pesos a empresas de dudosa reputación”, afirmó.
Contratos con empresas sancionadas
Arteaga detalló que la línea más reciente de investigación se centra en la relación entre empresas contratistas del gobierno estatal y las sanciones emitidas por autoridades de EE.UU. Explicó que, tras revisar registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), identificaron que “exactamente siete empresas incluidas en las listas de sanciones […] han tenido contrataciones públicas por alrededor de casi 38 millones de pesos con el gobierno de Rubén Rocha Moya” .
En la llamada “Red Química de Los Chapitos”, precisó, se encuentran siete empresas sancionadas por la OFAC por presuntos vínculos con dicha facción del cártel sinaloense. Se trataría de una estructura empresarial relacionada con la adquisición de insumos para la producción de drogas sintéticas. “Son empresas que le han dado servicio mediante la compra de precursores químicos para la producción de el fentanilo al cártel de Sinaloa”, indicó.
Señaló que las sanciones contra estas empresas han alcanzado a “familiares, socios, comerciales y allegados a esta organización”, como parte de una estrategia para debilitar las finanzas del grupo criminal .
El periodista subrayó que lo relevante del caso es que las contrataciones públicas continuaron incluso después de que las sanciones fueron emitidas. “El gobierno del Estado de Sinaloa ha seguido dando contratos a estas empresas sancionadas y a personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos”, afirmó. Añadió que entre los contratos detectados se encuentra uno vinculado al Sistema DIF estatal, cuya presidenta es Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rocha Moya.
Arteaga también aportó datos sobre el alcance de las sanciones estadounidenses. Señaló que en el último año de 110 a 120 personas han sido sancionadas “por ayudar y por colaborar” mediante empresas fantasma y “lavado de dinero al cártel de Sinaloa”, y que en el paquete más reciente, anunciado el pasado 20 de abril, se incluyó a 75 personas y entidades. Según explicó, estas medidas forman parte de una estrategia para debilitar las finanzas de las organizaciones criminales y frenar el tráfico de fentanilo.
Retiro de la visa a Rocha Moya
Sobre la presunta revocación de la visa al gobernador Rocha Moya, dada a conocer por el periodista Steve Fisher, indicó que, de acuerdo con fuentes consulares, esta decisión habría ocurrido tras el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, el 25 de julio de 2024, el día de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.
Señaló que el mandatario “nunca ha podido aclarar” ni comprobar documentalmente su presencia en EE.UU. en ese momento.
El periodista cuestionó la respuesta oficial del gobierno federal ante estos señalamientos, al considerar insuficiente la reacción pública. Sobre la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo no tener información del caso, afirmó que le parece “increíble” que ante un tema de esa magnitud, la mandataria se haya limitado a una respuesta breve -de siete palabras-, sin profundizar en el asunto.
Arteaga hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para transparentar la información sobre los funcionarios públicos sancionados. Explicó que, si bien se publican listas de empresas, no ocurre lo mismo con nombres de servidores públicos, lo que, afirmó, dificulta el trabajo periodístico. En ese sentido, apuntó que así lo comunicó al equipo del embajador estadounidense Ronald Johnson.
Tras sanciones de EE.UU., siguen operativos en México en 72 horas
Arteaga también describió lo que considera un patrón en la actuación de las agencias estadounidenses. Aseguró que, tras la emisión de los comunicados de sanciones de la OFAC o del Departamento de Estado, suelen ocurrir operativos en México en un lapso breve. “Cada que la OFAC nos manda un comunicado, máximo 72 horas después, está pasando”, dijo.
Como ejemplo, mencionó las reciente detención de Audias Flores Silva “El Jardinero”, posible líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de su operador financiero “El Güero Conta”, en Zapopan, Jalisco. “Es un patrón”, insistió, al señalar que estas acciones reflejan una estrategia coordinada de inteligencia.
El periodista enfatizó que el eje central de su investigación radica en el uso de recursos públicos. “Ese es el corazón del reportaje”, dijo, al resumir que se trata de documentar “que le siguieron dando dinero a empresas sancionadas” y advertir sobre “la infiltración del narcotráfico en el gobierno de Rubén Rocha Moya”.
Añadió que, a su juicio, las advertencias recientes de autoridades estadounidenses sobre Sinaloa deben interpretarse como señales de posibles acciones futuras. “Está diciendo Estados Unidos: ‘cuidado con todo esto que está pasando en Sinaloa’”, expresó, al anticipar que podrían registrarse nuevos operativos en los próximos días.