Fumata blanca en la negociación entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Dos días después de que la última reunión acabase sin pacto, y uno desde que la negativa de la patronal a la última propuesta impidiera que el Consejo de Ministros aprobara su prolongación, los negociadores lograron este miércoles un acuerdo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, limaron asperezas en cuanto al volumen y la dirección de las exoneraciones, y CC OO y UGT secundaron luego un contrato que se firmará este jueves en un consejo extraordinario.
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Una llamada de teléfono a primera hora de la tarde sirvió para que tanto Escrivá como Garamendi, que habían protagonizado un duro cruce de declaraciones en diversas entrevistas durante toda la jornada —el líder de los empresarios llegó a acusar al ministro de “falta de sensibilidad”—, rebajasen la intensidad de sus diferencias y llegaran a un entendimiento. Tanto fuentes del Gobierno como de los empresarios apuntan que ambas partes se mostraron dispuestas a ceder en algunas de sus pretensiones, en vista de la inminente caducidad, el 31 de mayo, del marco vigente para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en los que ahora se encuentran amparados 600.000 trabajadores.
A pesar de que el pacto final no significa que ni Gobierno ni empresarios —acompañados por los sindicatos e incluso por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— hayan renunciado del todo a su posición inicial, sí que se han rebajado las pretensiones para hallar un punto de encuentro. Siguen ahí el pretendido incentivo para la recuperación de trabajadores que defendía Escrivá y el esquema de protección para quienes sigan en ERTE.
Fuentes de Seguridad Social aseguran que el ministro ha hecho “un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo”. “Nuestra idea de incentivar la activación parece que ha sido finalmente comprendida”, celebran. Fuentes de la CEOE señalan que su comité ejecutivo “ha dado el visto bueno por unanimidad a la última propuesta, al entender que se adecua a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que peor situación y perspectivas para los próximos meses tienen”. Al mismo tiempo, aseguran que este acuerdo hasta el 30 de septiembre “requerirá pulsar hasta entonces la evolución de la pandemia y de la crisis económica para prolongar o adoptar en su caso nuevas medidas de apoyo”.
Declaraciones de Escrivá en Onda Cero, este miércoles por la mañana.
La última oferta lanzada por Escrivá mantiene las exoneraciones vigentes para los meses de junio, julio y agosto (85% y 75% en función del tamaño) para aquellos trabajadores que se encuentran acogidos a un ERTE, y las rebaja en septiembre (70% y 65%). Pero también eleva las de quienes salen de él para regresar a su puesto de trabajo (95% y 75%, respectivamente).
Este plan de estímulo —similar al que se empleó a comienzos del verano pasado—, se desplegará finalmente durante todo el periodo que comprende la prórroga. “Vamos hacia una normalización total en otoño”, señaló al respecto Escrivá en Onda Cero, “y por ello tenemos que incentivar a las empresas a que recuperen al mayor número de trabajadores posible para alcanzar cifras prepandémicas”.
Contactos intensos
La continuidad de esta herramienta imprescindible para evitar el desgarro del mercado laboral en el último año —y que durante la época más dura de la pandemia llegó a proteger a más de tres millones y medio de trabajadores— nunca ha estado en juego, según han señalado permanentemente las tres partes implicadas en su desarrollo. Sin embargo, el enroque de los dos frentes ha resultado más tedioso de deshacer que lo previsto desde un inicio. De ahí que los contactos se hayan intensificado en los últimos días en vista de cómo el anuncio de la que será la quinta prórroga de los ERTE desde la irrupción del coronavirus se ajustaba cada vez más a la fecha de finalización de la anterior.
“Creo que es una gran noticia para centenares de miles de trabajadores y de empresas, y que debe de dar paso a una recuperación económica que tiene que ir de la mano con la vacunación”, apuntó, tras cerrarse el pacto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Ha sido un acuerdo difícil que se hubiera podido alcanzar sin tanta dedicación de recursos públicos, pero es una magnífica noticia”, se sumó Unai Sordo, secretario general de CC OO.
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