LA PAZ – El gobierno boliviano y la oposición se culpaban el jueves mutuamente de las dos muertes ocurridas en la jornada de protestas más violenta desde las cuestionadas elecciones presidenciales.
“Lamento mucho (las muertes) pero todo esto viene de la violencia (opositora) que busca un golpe de Estado”, dijo el presidente Evo Morales.
Más tarde, en una declaración a la prensa, Morales bajó la intensidad de su discurso y pidió a los opositores dejar en suspenso las protestas hasta que concluya la auditoría electoral que comenzó el jueves una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero líder de las protestas en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, demandó la renuncia de Morales por “provocar los enfrentamientos” que derivaron en la muerte de dos personas en esa región del oriente, que es un bastión opositor.
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, segundo en los cómputos oficiales de los comicios del 20 de octubre, reclamó una “investigación imparcial” y llamó a sus seguidores a “continuar la movilización con acciones pacíficas”.
“El responsable es el gobierno que tiene que llamar al diálogo en lugar de convocar al enfrentamiento”, dijo a su vez el portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Aurelio Pesoa. “No vemos instancias imparciales y creíbles para tender puentes de diálogo”.
Además de los fallecidos, en los enfrentamientos de la víspera seis personas resultaron heridas, según el Ministerio de Gobierno. Uno de los fallecidos era del bando opositor.
Los enfrentamientos ocurrieron en Montero, ciudad vecina de Santa Cruz, cuando sectores afines al gobierno y pobladores afectados por los cortes de carreteras intentaron romper un cerco controlado por opositores.
La región atraviesa desde hace una semana una huelga con cortes de rutas, calles y avenidas que han paralizado a la ciudad, incluidas las labores escolares.
Mesa y organizaciones cívicas acusan al gobierno de montar un fraude electoral a favor de Morales y han convocado protestas que se han extendido a todo el país. A su vez, Morales no logra imponer su triunfo porque la otra mitad del país lo cuestiona por las dudas sobre los comicios.
“Si dicen que hubo fraude alguien debe dirimir, por eso hemos invitado a la OEA”, dijo Morales.
En los resultados oficiales Morales obtuvo 47,08% de los votos mientras Mesa alcanzó 36,51%, lo que le permitiría al mandatario evitar un balotaje.
Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener 50% más uno de los votos o lograr 40% y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado.
La oposición no acepta la revisión de la OEA porque teme que avale el resultado y pide una nueva elección. Mesa, líder de la alianza de centro Comunidad Ciudadana, rechazó la auditoría alegando que fue pactada unilateralmente por el gobierno y el organismo.
El canciller Diego Pary indicó el jueves que la auditoría estará lista en 10 a 12 días.
La OEA dijo en un comunicado que el trabajo del equipo que arribó a Bolivia “se basará en la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas, votos; la verificación del proceso y la cadena de custodia de las urnas”.
Una misión de observadores de la OEA en Bolivia fue la primera en cuestionar el proceso electoral tras la interrupción de la transmisión del conteo preliminar que proyectaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa. Cuando la transmisión de reanudó 24 horas después, la tendencia favorecía a Morales.
El jueves marchas en contra y a favor de Morales, colapsaron el centro de La Paz así como otras ciudades.
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