Tras vencer este miércoles el plazo, la Alianza Opositora dijo que suspende el diálogo tras no encontrar puntos en común en temas como la reparación para las víctimas, reformas electorales y adelanto de elecciones, entre otros.
El gobierno nicaragüense y la oposición suspendieron este miércoles el diálogo tras no encontrar consenso en los temas de justicia y democracia que la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia considera indispensables para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde hace un año que iniciaron las protestas.
Tras vencer este miércoles el plazo para el diálogo, la Alianza opositora dijo que no llegaron a acuerdos con el gobierno de Daniel Ortega en los temas de justicia para las víctimas de violencia y no repetición, así como en los relacionados a la reforma electoral y el adelanto de las elecciones.
Los opositores dijeron que continuarán trabajando por los dos únicos acuerdos firmados sobre la libertad de presos políticos y garantías ciudadanas como la libre movilización, expresión y manifestación.
“Todo el esfuerzo va a ser concentrado en que se cumplan los dos acuerdos firmados y continúa suspendida la negociación en los dos temas donde no se llegó a consenso: la justicia, fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales que requieren una previa reforma electoral”, sostuvo José Pallais, miembro de la Alianza Cívica.
Además, la oposición dijo que necesita muestras de buena voluntad por parte del gobierno de Ortega para poder volver al diálogo y llegar a un acuerdo definitivo porque la crisis sociopolítica en Nicaragua continúa “y se profundiza”.
“La mesa de negociación continúa, lo que se suspende son las reuniones de trabajo porque de nada sirve sentarse mientras no haya de parte del gobierno demostraciones de voluntad política que van a cumplir los acuerdos que se tomen”, dijo Carlos Tünnermann, de Alianza Cívica, a la prensa.
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“Cuando tengamos alguna garantía de que hay esa voluntad política, nosotros volveremos a sentarnos para continuar esos otros puntos clave que quedaron pendientes: el de la justicia, verdad, reparación y no repetición y el de democratización y garantías para el proceso electoral justo y transparente”, agregó.
La alianza cívica había solicitado como garante internacional la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a lo cual también se opone el gobierno orteguista.
En su lugar, el gobierno propuso que sean instituciones públicas bajo su control las encargadas de investigar lo ocurrido, entre ellas la Policía —señalada como el brazo represor del régimen— y la “Comisión Porras”, lo que fue considerado por la Asociación Madres de Abril como una “burla a las víctimas”, señaló el diario local La Prensa.
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Según Ortega “se está logrando avanzar” y señaló que hay factores “externos” que no desean acuerdos, en referencia a Estados Unidos y la Unión Europea que han advertido que de no haber avances en democratización y justicia el régimen será sancionado.
“Hay factores externos que quieren realmente que Nicaragua reestablezca completamente la seguridad, la paz se fortalezca, la democaracia y están aquellos que no quieren que esto suceda”, dijo en un acto oficial.
Las negociaciones iniciaron el 27 de febrero y las partes llegaron a dos acuerdos el pasado 19 de marzo. Uno sobre el proceso de liberación de presos políticos, cuya facilitación está a cargo del Comité Internacional de Cruz Roja.
Un segundo acuerdo que fortalece los derechos y garantías ciudadanas en el que a partir de este momento van a trabajar.
El 18 de abril de 2018 inició la crisis nicaragüense con la represión de las manifestaciones antigubernamentales por la policía y fuerzas de choque afines al gobierno, que han dejado al menos 325 muertos, dos mil heridos, cientos de detenidos y más de 52 mil exiliados, de acuerdo con cifras de la CIDH.
(Con información de La Prensa y CNN)