El Tribunal Supremo del Reino Unido ha propinado este viernes un serio varapalo a la compañía de transporte privado Uber. En una sentencia unánime, seis de sus magistrados han dejado claro que los conductores de la compañía no son autónomos obligados a cumplir contratos de servicio con condiciones leoninas, sino trabajadores por cuenta ajena con derecho a acogerse a la legislación laboral. Es decir, a obtener un salario mínimo o vacaciones pagadas.
En un caso complejo, en el que la naturaleza de los contratantes resulta difusa (Uber se presentaba como un simple proveedor de tecnología, con el uso de su app), el Supremo ha decidido acogerse a los principios básicos de la ley que regula los derechos de los trabajadores para resolver el acertijo: “El propósito general de la ley invocado por los demandantes no ofrece dudas. Se trata de proteger a los trabajadores vulnerables de la posibilidad de que se les pague muy poco por la tarea que realizan, que se les exija trabajar un número excesivo de horas o que se hallen sujetos a cualquier tipo de tratamiento injusto (como sufrir represalias por denunciar anónimamente su situación)”, asegura el fallo.
La sentencia del Supremo es la respuesta definitiva al recurso presentado por Uber, después de haber perdido el caso anteriormente en dos tribunales laborales. Fueron dos conductores, identificados en el texto como el Sr. Aslam y el Sr. Farrar, los que demandaron en 2016 a la compañía. Una treintena de trabajadores se fueron sumando posteriormente al desafío legal. Para entonces, se calculaba que Uber utilizaba los servicios de unos 40.000 conductores en todo el Reino Unido, 30.000 de ellos en Londres. Hoy las cifras suben ya a 60.000 y 40.000 respectivamente.
Uber argumentó durante su batalla judicial que, como compañía madre, se limitaba a proporcionar un servicio tecnológico, con el uso de su app. Y que la empresa subsidiaria, Uber London, actuaba simplemente como intermediaria en la gestión de reservas entre conductores y pasajeros. Los magistrados desmontan con cinco razonamientos de peso las justificaciones de la compañía. En primer lugar, es Uber la que establece el precio del servicio, sin que el conductor pueda modificarlo. Además, el salario del trabajador lo decide la compañía. En segundo, los términos del contrato puntual los fija la empresa. En tercero, la decisión de rechazar un cliente o un viaje concreto es muy relativa. Uber penaliza el servicio de los conductores con “castigos” como desconectarles durante diez o más minutos de la aplicación si rechazan un servicio. En cuarto, a través de las puntuaciones de los clientes, Uber se reserva el derecho a prescindir de los servicios del empleado. Y finalmente, la compañía restringe al máximo la comunicación personal entre conductor y cliente. Es decir, la empresa y no el empleado la que pone casi todas las condiciones para la prestación del trabajo.
”Con esta sentencia se reordenará definitivamente la nueva economía colaborativa, y se pondrá fin a los extendidos abusos laborales mediante algoritmos y trampas contractuales. A los conductores de Uber se les ha vendido un falso sueño de flexibilidad en su trabajo y de libertad empresarial”, ha dicho al conocer el fallo James Farrar, secretario general del sindicato de Conductores y Repartidores a través de App, y uno de los firmantes del recurso.
Aunque el fallo establece jurisprudencia definitiva, el recorrido judicial del caso no ha terminado. Debe volver a un tribunal laboral para establecer con criterios claros cuántas horas trabajaron los demandantes para la empresa o cuándo debe considerarse que la jornada laboral comienza o termina. Uber ya ha anunciado que continuará su batalla legal. En una primera respuesta a la sentencia, el director regional de la compañía para el Norte y el Este de Europa, Jamie Heywood, ha asegurado: “Respetamos la decisión del tribunal, que se centra en un número reducido de conductores que usaron la app de Uber en 2016. Desde entonces hemos llevado a cabo cambios relevantes en nuestro negocio (…) que incluyen otorgar a los conductores más control sobre sus ingresos y nuevas protecciones como un seguro de vida o en caso de enfermedad o lesiones”.
El golpe recibido por la compañía este viernes ha sido uno de los más duros después de que el Ayuntamiento de Londres arrebatara temporalmente la licencia a la compañía en noviembre de 2019. El argumento utilizado entonces por las autoridades municipales tuvo que ver con la seguridad de los clientes, después de que se produjeran varios incidentes con conductores cuyos antecedentes penales o sus licencias de conducir no fueron suficientemente comprobados por la empresa. Un tribunal londinense forzó a la ciudad a reinstaurar la licencia un año después.
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