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Tuvieron que pasar casi 72 horas para que el Ministerio del Interior ofreciese explicaciones sobre la operación sorpresa desplegada en Ceuta para repatriar a unos 700 menores a Marruecos. La espera no ha servido de mucho. Las declaraciones del ministro han arrojado más confusión y han acrecentado las serias dudas de que las devoluciones —45 hasta la fecha— se atengan a los procedimientos legales. Tanto es así que un juzgado de Ceuta decidió paralizar una de las tandas de repatriaciones previstas, y el Gobierno de la ciudad autónoma ha puesto en suspenso la operación a la espera de los pronunciamientos judiciales.
Resulta chocante que el ministro del Interior reduzca a la categoría de “disquisiciones técnico-jurídicas” los graves reproches a la falta de cobertura legal de la operación, provenientes ya no solo de las ONG de ayuda a la infancia, sino de instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo y la Fiscalía. Interior y el Gobierno ceutí esgrimen un convenio con Marruecos de 2007 como base jurídica para las devoluciones de los menores llegados en el aluvión alentado por Rabat el pasado mayo. Pero ese documento se muestra taxativo en su artículo 5.1: las repatriaciones tienen que hacerse “con observancia estricta de la legislación española”. Y no menos clara resulta nuestra ley de extranjería al establecer que cada caso debe tener un expediente individual, previa audiencia al interesado, a los servicios de menores y a la Fiscalía.
El ministerio público y las ONG sostuvieron desde el principio que esos trámites no se habían cumplido, algo que ayer reconoció finalmente el Gobierno ceutí: no ha habido expediente administrativo para los menores ni informe previo de la Fiscalía ni del área de protección de la infancia ni se ha escuchado a los chicos. La Fiscalía de Ceuta incluso ha hecho constar que la única argumentación jurídica aportada se reduce a un oficio “sin firma” de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de Interior, que comunica el inicio de las repatriaciones apelando al convenio con Marruecos.
Nadie ha empujado más para poner en marcha una operación así que el Gobierno de la ciudad autónoma, al mando del PP. La repentina llegada de centenares de menores, usados por Marruecos como carne de cañón en su pulso con España, resulta inasumible para Ceuta, donde llevaban tres meses hacinados en las peores condiciones. Es cierto también que la solución no era fácil, porque cada vez que el Ejecutivo ha planteado un reparto de niños inmigrantes entre las autonomías ha chocado con un memorial de reparos.
En estas circunstancias, se entiende que tratase de aprovechar el deshielo en las relaciones con Marruecos para proponer un programa de repatriaciones. Pero ese propósito no lo eximía de atenerse al procedimiento legal. Algunos de estos menores, según las ONG, cuentan historias de explotación laboral o matrimonios forzosos que, como mínimo, deben ser examinadas. Cualquier repatriación indiscriminada está fuera del derecho español e internacional. En Ceuta había un problema y las autoridades han querido solucionarlo con una chapuza. Cabía esperar otro comportamiento y otro trato a esos menores por parte de este Gobierno.
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