El año en que mayor necesidad hemos experimentado de unos servicios sociales que detectaran y paliaran las carencias más básicas de la población es también el que pone en evidencia su debilidad, burocratización y enorme desequilibrio en el territorio español. El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, rigurosa especialista en el sector. Si bien la inversión de las comunidades en servicios sociales ha ido remontando desde el punto bajo registrado en 2014 como consecuencia de los recortes de la gran crisis de hace una década, el dato de 2019 recogido en el informe apunta a que las regiones gastaron de media el 1,98% de su PIB. Esto significa que todavía no se ha regresado al 2,02% de 2012, el primer año estudiado.
Esta cifra de conjunto esconde grandes disparidades, en las que solo el País Vasco y Navarra presentan un resultado de altura. La fotografía de 2020 deja al descubierto la situación general bastante deficiente de los recursos empleados en los servicios sociales, el desinterés de algunos gobiernos regionales y la ausencia entre las prioridades de muchos gobernantes de este asunto clave para un Estado de bienestar. El índice DEC, que elabora la citada asociación a partir de decenas de indicadores, recoge datos de los dos últimos años, por lo que la devastación social de la pandemia no está aún reflejada plenamente, pero realiza un retrato muy aproximado del escenario social a la llegada del coronavirus.
Si Euskadi y Navarra logran una nota “excelente”, en el otro extremo el estado de los servicios sociales en Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias merece una calificación de “irrelevante”, con una inversión irrisoria que las sitúa a la cola de España. Especialmente vergonzoso es que la Comunidad de Madrid, con el mayor PIB por habitante del país, se encuentre al final, con semejante abandono de los servicios que deben asistir a la población más necesitada.
Cuestiones esenciales como la ayuda a domicilio a mayores, centros de día, teleasistencia, dependencia, violencia de género, centros ocupacionales, acogimiento familiar o personas sin hogar quedan así postergados. Más allá de lo social, el plan conocido esta semana sobre el recorte de centros de atención primaria es otro indicador del escaso interés del Gobierno madrileño por el fortalecimiento de los servicios públicos.
La población se enfrenta además a una maraña burocrática que ha convertido el acceso a las ayudas concretas en un sistema laberíntico, más complicado aún para personas vulnerables por su edad o situación económica. La gestión de los servicios sociales se convierte, en este escenario, en lo que el sector denomina un simple “checking social” que distribuye a los usuarios hacia otras ventanillas. En paralelo, los retrasos en la distribución del ingreso mínimo vital o de las ayudas por dependencia complican el escenario. La foto en conjunto es, por tanto, muy deficiente para la que es la cuarta economía de la UE. Es necesario mejorar, sobre todo a la vista de la especial dureza de los tiempos que vivimos.
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