El exministro del Interior del Partido Popular Jorge Fernández Díaz declaró ayer en la Audiencia Nacional como investigado por un caso de extrema gravedad. La cúpula policial del ministerio puso en marcha, según la investigación judicial, una operación ilegal con el conocimiento de sus mandos políticos y a espaldas del juez instructor del caso de la financiación ilegal del PP. La operación, iniciada en junio de 2013, consistía en espiar a la familia de Luis Bárcenas, el extesorero del PP que controló durante 20 años una caja B donde se ingresaban donaciones prohibidas por ley y se realizaban supuestamente pagos trimestrales a los principales dirigentes del partido. Los cerebros policiales de aquella operación intentaron averiguar dónde escondía Bárcenas documentos o pruebas que pudieran incriminar al PP y al gobierno de Mariano Rajoy para evitar que las mismas llegaran a manos del juez.
La investigación de este caso tuvo su origen en el registro de la vivienda de José Manuel Villarejo, el comisario que dirigió durante años la mayor trama de corrupción policial conocida en democracia. Allí se hallaron pruebas de la operación ilegal puesta en marcha por Interior: había recibís firmados por el confidente que cobró de los fondos reservados a cambio de informar sobre los movimientos de la familia de Bárcenas, y grabaciones de los principales protagonistas de aquel plan. Los jefes policiales que participaron en aquella búsqueda infructuosa de los secretos de Bárcenas han ratificado al juez, en mayor o menor medida, unos hechos que comprometen seriamente la historia de un partido que aún no ha pedido perdón por la corrupción que le ha envuelto. En toda esta cuestión —con la trama Gürtel como epicentro— el PP debería abandonar su actitud de minimización y desentendimiento ante conductas inaceptables que se gestaron en su seno.
El exministro del Interior aseguró que conoció todos estos sucesos por la prensa. Y que los mensajes que supuestamente envió a su secretario de Estado poniéndole al día sobre esta operación policial son falsos. Cabe recordar que Fernández Díaz es el exministro del Interior que conspiró en su despacho con el exjefe antifraude catalán para perjudicar a los dirigentes independentistas. El mismo que, cuando se difundió la grabación de aquella reunión, montó en cólera pidiendo responsabilidades para quienes pusieron micrófonos en su despacho. El mismo que varios años después y ya fuera de la política, recuperó la memoria y reconoció que había autorizado esa grabación. Corresponde a la justicia pronunciarse sobre este caso. Mientras, las evidencias de actividades irregulares son de suficiente calado para proyectar una grave sombra e invitar a extremar la vigilancia acerca del correcto funcionamiento de las instituciones en España.
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