“La Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país”, dijo Alejandro Madrazo, académico del CIDE.
Especialistas en seguridad pública rechazaron este jueves el dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, señalando que no resolverá el problema de la violencia, es contraria a sentencias de organismos internacionales y atenta contra el régimen constitucional y el sistema nacional de seguridad pública.
Durante el tercer día de audiencias públicas en la Comisión Permanente sobre la reforma constitucional, académicos y activistas expusieron diversos argumentos contra la propuesta de Morena.
El dictamen próximo a discutirse en la Cámara de Diputados, “socava el corazón mismo del régimen constitucional”, afirmó Alejandro Madrazo Lajous, académico del CIDE, durante su ponencia a la que tituló “La Constitución como daño colateral”.
Explicó que para arropar al Ejército en sus labores actuales de seguridad pública ya existe el artículo 29, que establece la suspensión de garantías en casos de perturbación grave de la paz pública.
Recordó que actualmente la letalidad de las Fuerzas Armadas en sus enfrentamientos es tan grande que parece haber una estrategia de ejecución extrajudicial sistemática, además, el Ejército tortura cada vez más al momento de hacer una detención.
Propuso que la Guardia Nacional tenga un mando civil y sea parte de un régimen transitorio cuyo fin sea el retiro de los militares al mismo tiempo que se fortalece a las corporaciones locales.
Ante los argumentos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará al mando de la Guardia Nacional, dijo: “ese mando civil de un hombre honesto, suponiendo que eso fuera suficiente, sería tan frágil como la salud de un hombre honesto o del mandato de un hombre honesto, la Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país. Deben pensar en qué va a pasar en la siguiente elección, a menos que sean tan soberbios que piensen que nunca van a perder una elección o que nunca se va a morir su líder político”.
Alejandro Hope, director del proyecto Menos Crimen Menos Castigo, advirtió la dificultad de cumplir con la meta de 50 mil reclutas en la Guardia Nacional para 2021.
Entre 1998 y 2018, explicó, el crecimiento neto de las Fuerzas Armadas fue de 34 mil elementos. Es decir, la meta propuesta por López Obrador sería equivalente a lograr en tres años lo que se logró en los pasados 20.
Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los integrantes de una institución de seguridad pública deben someterse al control de confianza y aprobarlo. Esto implica que por cada nuevo recluta se necesitarían de 10 a 12 candidatos, lo que en el caso de la Guardia Nacional equivaldría a entre 500 a 600 mil jóvenes.
Julio Ríos, académico del CIDE, demostró inconsistencias y riesgos en el argumento de la confianza de la población en las Fuerzas Armadas como razón para utilizarlas en tareas de seguridad pública.
De acuerdo con estudios internacionales, mientras aumenta la confianza en los militares y disminuye la confianza en las policías, más se recurre a los militares, pero mientras más confía la población en las Fuerzas Armadas es más probable que éstas cometan violaciones a los derechos humanos; el incremento en violaciones a derechos humanos termina por minar la confianza en las Fuerzas Armadas.
María Elena Morera, directora de Causa en Común, advirtió que sólo los regímenes autoritarios buscan que la primera cara del Estado sean los militares. Criticó a los impulsores de la propuesta por pretender engañar a la población diciendo que la Guardia Nacional no significa militarización en vez de asumirlo y calificó de ofensivo se pretenda vender como lo contrario.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que lo que fue rechazado por la Corte en la Ley de Seguridad Interior ahora pretende imponerse en la Constitución y recordó el caso de Valentina Rosendo Cantú, una joven indígena que fue torturada y abusada sexualmente por militares que buscaban a presuntos delincuentes en el estado de Guerrero, en 2002.
Los criterios de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) están fundados en experiencias como esa, no sólo en la teoría, dijo.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, lamentó la ausencia de las víctimas en las audiencias, dijo que la iniciativa de reforma no contribuye a que se termine la impunidad, y contraviene sentencias de organismos internacionales. Propuso pedir a la CoIDH una opinión consultiva sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que el dictamen normaliza lo excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal, amplía una actividad que debería estar sujeta a criterios de estricta necesidad y no brinda garantías de no repetición de graves violaciones a derechos humanos.