El Congreso ha aprobado este jueves la nueva ley de residuos, que debe servir para que España enderece el rumbo en la gestión de sus desechos. Porque el país tiene un problema con sus residuos y el deficiente tratamiento de las basuras que desde hace años se desarrolla en España está en el punto de mira de la Comisión Europea. La UE se impuso hace más de una década unos objetivos de reciclaje para 2020: todos los miembros deberían llegar a ese año con una tasa de reciclaje de los residuos municipales del 50%. Pero España se quedó el pasado año en el 36%, según los datos de Eurostat. Lejos de aflojar en las metas para los próximos años, Europa ha establecido objetivos todavía más duros y en 2030 se deberá llegar al 60% y en 2035 al 65%.
Para intentar cumplir con esas metas y para incorporar a la legislación española las nuevas directivas europeas sobre residuos se ha elaborado esta ley, que incluye dos nuevos impuestos —uno para reducir los envases de plástico de un solo uso y otro para penalizar el depósito de los desechos en vertederos en todos el país— que en principio se empezarán a aplicar dentro de un año. Además, la ley también supondrá que desde su entrada en vigor estará vetada la comercialización de determinados utensilios de plástico de un solo uso como pajitas, vasos y platos y la prohibición de añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. La norma también contempla la obligación de que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis a los clientes, el impulso a la venta a granel en las grandes superficies comerciales y ofrece amparo legal a los Ayuntamientos para que puedan prohibir que se fume en las playas.
La ley ha superado la votación en el Congreso con 182 votos a favor, 88 abstenciones y 70 votos en contra. La norma ha salido adelante gracias al apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Mas País, entre otros partidos. El PP se ha abstenido y en contra han votado Vox y los independentistas catalanes de ERC, PDeCAT y la CUP. Ahora la norma irá al Senado para su ratificación, algo que ocurrirá a principios de 2022 y donde todavía se podría incluir alguna enmienda de última hora. España ya va tarde en algunas de las medidas, como el veto a las pajitas y los cubiertos de plásticos, que debía haber comenzado a aplicarse en julio de este año. Pero el asunto más preocupante es el de las bajas tasas de reciclaje, que sigue desde hace años la Comisión desde muy cerca. Bruselas ha elaborado varios informes y muchas de sus recomendaciones (ignoradas hasta ahora) son las que se recogen en esta nueva ley, que sustituye a una norma de 2011.
Impuestos
En un informe de 2018, la Comisión Europea recomendó a España que pusiera en marcha un “sistema fiscal armonizado” que grave el vertido y la incineración de los residuos y que sea operativo en todas las comunidades autónomas. Aproximadamente el 50% de los desechos municipales del país acaban en estos momentos en el vertedero sin posibilidad de entrar en el sistema de reciclaje o reutilización. Solo una decena de comunidades cuentan con cánones que penalizan esas prácticas y los residuos viajan de una autonomía a otra esquivando las tasas. La nueva ley de residuos crea un nuevo impuesto estatal que grava el depósito de los desechos en vertederos ―en el caso de los residuos municipales de 40 euros por tonelada—. El Gobierno estima que con este tributo se pueden recaudar al año 654,2 millones de euros.
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El otro impuesto que surgirá de esta ley será el que gravará los envases de plástico de un solo uso con 0,45 euros por kilogramo y que según el Gobierno permitirá recaudar al año 723,9 millones. Este tributo también es una obligación fijada en la directiva europea contra la contaminación por plástico.
Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y presidente de la comisión del Parlamento que ha tramitado esta ley, recuerda que la norma debe servir para “aplicar las directivas europeas”. Además, en materia de fiscalidad verde España está a la cola de Europa y, lejos de revertirse esta situación, se está empeorando. En 2020, tan solo el 4,74% de lo recaudado con impuestos procedía de tasas verdes. Se trata del nivel más bajo de los últimos 25 años, según los datos de Eurostat. Desde 1995 ese porcentaje se ha ido reduciendo a pesar de que distintos organismos internacionales han pedido a España que le dé más peso a la fiscalidad ambiental en su sistema.
Estos dos impuestos han sido los que han dado más problemas en la tramitación de la norma. Por un lado, ERC, socio del Gobierno a la hora de sacar la mayoría de leyes adelante en esta legislatura, ha votado en contra este jueves. Xavier Eritja, parlamentario de ERC, explica que el rechazo de su partido se debe a que Cataluña cuenta desde hace 17 años con un canon de vertido y que su formación no quiere perder competencias sobre esta tasa. “No queremos perder la capacidad de control sobre el canon”, apunta Eritja. El Gobierno y ERC llevan días negociando una salida sin éxito.
Finalmente, la ley ha podido salir adelante gracias al voto favorable de última hora de Ciudadanos. A ello se ha sumado la abstención del PP. Los populares consiguieron en el último momento introducir una moratoria para la aplicación, precisamente, de los dos nuevos tributos, que no entrarán en vigor hasta 2023. A pesar de su abstención, el PP ha sido muy duro con esta norma y el diputado popular César Sánchez ha asegurado que, si su partido vuelve a gobernar, eliminará el impuesto sobre los envases.
Recogida separada
Aquel informe de 2018 de la Comisión también pedía que España introdujera la obligación de la recogida separada de la basura orgánica —el contenedor marrón que ya empiezan a imponer algunas regiones—. La nueva ley de residuos establece que a partir de julio del año que viene en todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán contar con sistemas de recogida separada de la basura orgánica, además de las de papel, metales, plástico y vidrio —las localidades más pequeñas tendrán de margen hasta 2024—. Además, todos los municipios deberán tener recogida separada también de residuos textiles y de aceites de cocina antes del 31 de diciembre de 2024.
Bruselas también recomendó en 2018 que se fijaran objetivos vinculantes de recogida separada para las Administraciones locales. Para 2035, “el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente será como mínimo del 50% en peso del total de residuos municipales generados”, señala ahora la nueva ley de residuos.
Al margen de la recogida separada y los impuestos, la nueva ley contiene estas otras medidas destinadas a reducir los desechos que se generan y su impacto medioambiental:
- Veto a 10 productos de plástico de un solo uso. A partir de la entrada en vigor de la ley no se podrán comercializar utensilios como los bastoncillos de algodón que contengan plástico, los cubiertos, los platos, las pajitas o los recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
- Venta a granel. Antes de que acabe 2023 los supermercados de más de 400 metros deberán dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin embalaje. Además, todos “los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables”.
- Retirada del amianto. La norma establece que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada”.
- Destrucción de excedentes. La norma prohíbe que se destruyan los “excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”. Y añade: “dichos excedentes se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización”.
- Agua no embotellada. Las administraciones deberán fomentar el consumo de agua no embotellada en sus instalaciones a través de la instalación de fuentes públicas. Del mismo modo, en “los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento”.
- Tabaco en las playas. La nueva norma también ofrece respaldo legal a los Ayuntamientos que quieran vetar el tabaco en las playas: “Los Ayuntamientos podrán regular las limitaciones de fumar y de liberar de forma intencionada globos en las playas, que se podrán sancionar en las ordenanzas municipales con arreglo al régimen de infracciones y sanciones de la presente ley”. Muchos regidores en España han ido aprobando en los últimos años vetos al tabaco en las playas pero con esta nueva ley tendrán es respaldo legal para aplicar multas si quieren. Incumplir estas limitaciones estaría considerado una falta leve, que implica una posible multa de “hasta 2.000 euros”.
- Sanciones. La nueva ley actualiza el régimen sancionador. Las infracciones muy graves estarán castigadas con multas de entre 100.001 y 3.500.000 euros (en la anterior ley la sanción oscilaba entre los 45.001 y los 1.750.000 euros). Lo mismo ocurre con las faltas graves, que podrán ser sancionadas con hasta 100.000 (antes 45.000). Y con las leves, que podrán llegar hasta los 2.000 (antes 900). Además, por primera vez se incluye como una infracción el abandono y el vertido de basura dispersa (conocido por el término inglés littering) en la naturaleza, que se considerará una falta grave. Lo mismo ocurrirá con las quemas de residuos agrarios y silvícolas si no se cuenta con una autorización.
Sistemas de depósito y retorno
Siempre que se aborda el asunto de la gestión de los residuos en España surge un enconado debate ante la posible implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases. Mientras que Ecoembes, la entidad que representa los intereses de los productores y los supermercados, defiende que el modelo actual de recogida de envases de plástico—basado en los contenedores amarillos— funciona, la mayoría de grupos ecologistas y varias formaciones políticas denuncian los fallos de ese modelo. Por eso piden la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para los envases; es decir, que los clientes depositen los envases en el comercio y se les devuelva una pequeña fianza cuando lo hagan.
La nueva ley abre la puerta a que se implante este sistema para las botellas de plástico. Pero lo condiciona al incumplimiento de unos objetivos de reciclaje. En 2023, se tendrá que haber llegado a una tasa del 70% de botellas recicladas y en 2027 la meta será del 85%. Si no se cumplen estos dos objetivos, la norma establece que “se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases”.
Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción y defensor del sistema de depósito, aplaude que se incluya este modelo por primera vez en la legislación nacional. Pero critica que se limite solo a las botellas de plástico y no se incluyan otros como el metal o el vidrio.
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