A pesar de la guerra interna que ha dejado más de 3 mil muertos desde 2024, el Cártel de Sinaloa mantiene el suministro de fentanilo hacia Estados Unidos, de acuerdo con un reciente informe de International Crisis Group (ICG). El estudio La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión en EE. UU., advierte que el mercado de esta droga sintética ha demostrado una notable capacidad de adaptación, al mantener estables su precio y disponibilidad en el país vecino, pese a los decomisos y la violencia.
El reporte parte de la captura y el traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024. Ese hecho fracturó a la organización y desencadenó una disputa territorial entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.
De acuerdo con David Mora, investigador principal del informe, la facción de Los Mayos estaría ganando terreno en un conflicto donde los ataques se han vuelto más selectivos.
Despliegue militar y violencia desplazada
Como respuesta al deterioro de la seguridad y a la presión ejercida por la administración estadounidense de Donald Trump, así como a las amenazas de una posible intervención militar, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó un despliegue que ha mantenido hasta 15 mil efectivos de las fuerzas federales en Sinaloa. Según el informe, esta decisión marcó un punto de inflexión respecto de la política de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador y convirtió al gobierno federal en un “tercer actor” dentro del conflicto.
El reporte sostiene que la presencia militar contuvo los grandes enfrentamientos armados en Culiacán; sin embargo, la violencia se desplazó hacia comunidades rurales. Localidades, especialmente en zonas montañosas como Badiraguato, enfrentaron asedios y cortes de suministros.
Además, el informe documenta que jóvenes y menores de edad representan una proporción sin precedentes de las víctimas de homicidio y desaparición, al ser utilizados como informantes, conocidos como “halcones”, o reclutados de manera forzada en centros de rehabilitación clandestinos.
Fentanilo fluye igual, pese a la guerra
De acuerdo con el informe, el conflicto armado entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, así como el despliegue de las fuerzas federales en Sinaloa, no ha provocado interrupciones significativas en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.
El mercado de narcóticos sintéticos ha mostrado una alta capacidad de adaptación frente a la violencia y los operativos. Según funcionarios estadounidenses citados en el informe, no se han registrado cambios relevantes en la disponibilidad ni en el precio del fentanilo en las principales ciudades de Estados Unidos.
En la frontera, particularmente en Tijuana y San Diego, el impacto también ha sido limitado y una dosis de fentanilo continúa vendiéndose, en promedio, en 50 pesos, equivalentes a menos de 3 dólares.
El informe atribuye esta estabilidad a la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. Mientras algunas zonas de Sinaloa permanecen inmersas en el conflicto, otras facciones, como la encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, mantienen bajo su control regiones del norte del estado desde donde continúan operando sus redes de producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Además, el documento señala que la producción de esta droga sintética ha comenzado a expandirse hacia otras entidades, como el Estado de México, al tiempo que los grupos criminales continúan innovando en sus métodos de contrabando.
Complicidad política: la tarea pendiente
El informe subraya que, aunque la estrategia gubernamental se ha traducido en golpes tácticos importantes, las autoridades mexicanas aún están lejos de modificar de manera sustancial el equilibrio de fuerzas frente al crimen organizado.
Mora afirmó que el poder del Cártel de Sinaloa se explica por la “captura institucional” y la “protección del poder político”, factores que, a su juicio, representan el principal obstáculo para la pacificación del estado.
Como ejemplo de esa presunta red de complicidades, el informe hace referencia a la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez altos funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, quienes fueron señalados por presuntamente colaborar con Los Chapitos y recibir sobornos.
Como conclusión, el ICG sostiene que las capturas de líderes criminales y el despliegue militar, por sí solos, son insuficientes para reducir la violencia. El organismo considera que las autoridades mexicanas deben aprovechar la actual coyuntura de presión estadounidense para fortalecer las labores de inteligencia y llevar ante la justicia a las redes políticas, policiales y empresariales que, según el informe, han sostenido y protegido históricamente las operaciones del crimen organizado.