La iniciativa blinda los proyectos y programas prioritarios del gobierno y complementa el decreto de 11 medidas de austeridad publicado ayer jueves
Por Zacarías Ramírez
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto que da facultades a la Secretaría de Hacienda para que, en casos de declaración de emergencia económica, reasignar el gasto para dirigirlo a la ejecución de proyectos y acciones prioritarios del gobierno y fomentar la actividad económica.
La sobreproducción de petróleo en el mundo ha provocado un descenso drástico de los precios del crudo, con efectos negativos en las finanzas públicas, señala su exposición de motivos el documento enviado a Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y agrega que es prioridad del gobierno mantener la austeridad y la disciplina fiscal y propone para ello al legislativo adicionar el artículo 21 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“El Ejecutivo Federal a mi cargo mediante el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar dependencias y entidades de la administración pública federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, ha implementado esfuerzos adicionales con el propósito de mitigar, en la medida de lo posible, la crisis por la que atraviesa, derivada del entorno internacional, siendo necesario realizar diversos ajustes en el gasto de las dependencias entidades de la Administración Pública Federal a través de una serie de acciones en materia presupuestaria que mejorarán el control de los recursos públicos en la gestión pública”.
El paquete de medidas de austeridad aludidos en la iniciativa y publicado en el órgano oficial mantiene vigentes programas prioritarios para el actual gobierno, como la pensión para adultos mayores, y personas con discapacidad, sembrando vida, jóvenes construyendo futuro, apoyo a niños y madres trabajadoras, la producción petrolera, construcción del Tren Maya, del Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Interurbano México-Toluca, la Refinería Dos Bocas y de 100 universidades públicas, la rehabilitación de 6 refinerías, entre otros. 
“Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional”, indica el decreto del 23 de abril, que señala como objetivo el blindar los programas sociales y proyectos prioritarios en 622 mil 556 mdp y contempla otorgar 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares, la creación de 2 millones de empleos, lo dará protección a 25 millones de familias y a 70% de los hogares, “donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias”.
“Todo ello, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país”, añade el documento, que también establece que a los altos funcionarios se les reducirá hasta en 25% el salario a los altos funcionarios públicos de forma progresiva y no recibirán aguinaldos y ninguna otra prestación de fin de año, a la vez que no se ejercerá 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.
El decreto enviado ayer desde la oficina de enlace legislativo, a cargo de Emilio de Jesús Saldaña Hernández, deberá entrar en vigor al día siguiente de su publicación, según el primero de los dos artículos transitorios contenidos en la iniciativa, mientras que el segundo transitorio ordena que los recursos que se habían asignados al Fondo Metropolitano de la Ciudad de México se reorienten a programas de crédito y apoyos a la sociedad.
El citado Fondo Metropolitano tenía asignados 3 mil 300 millones de pesos para ejercer en 2020.