En apenas unos meses, la pandemia ha dejado tras de sí un reguero de pésimas noticias tanto en el plano humano y sanitario como en el económico y social: un triste relato del que queda más que una coda. No obstante, y aunque de una manera muy modesta, la crisis de la covid también ha propiciado retazos para el optimismo: un ingreso mínimo vital a escala estatal, anhelo de muchos desde hace años —décadas, incluso—, ignorado por sucesivos Gobiernos y que el Ejecutivo de coalición ha tenido que activar a marchas forzadas.
La noticia llegó el 10 de junio, con el estado de alarma todavía activo y aún en los albores del desconfinamiento, cuando el Congreso sacó adelante sin ningún voto en contra —los que hablaban de “paguita” renunciaron al coste político de votar en contra— el ingreso mínimo vital (IMV): un salvavidas de entre 462 y 1.015 euros mensuales, en función del tamaño del hogar, con el que se buscaba rescatar a quienes peor lo están pasando. No solo era un anhelo de sus beneficiarios: era, también, una reclamación de larga data de Bruselas, que veía insuficientes los programas autonómicos.
Tres meses después, la del IMV es una historia de luces y algunas —evidentes— sombras. Unos 86.000 hogares (o unas 260.000 personas; más de la mitad de ellas, menores) lo han recibido ya, según el Ministerio de Seguridad Social, y pocos dudan de que ha llegado para quedarse como clave de bóveda en la arquitectura de protección social para los más desfavorecidos. Aún quedan, sin embargo, muchas familias que, pese a tener derecho a él, siguen sin recibir lo que les corresponde.
1. El punto de partida: una sociedad desigual
España llegó a la pandemia sustancialmente peor que la media de la eurozona en dos indicadores clave de desarrollo y cohesión: pobreza relativa y desigualdad. Según los datos de la Fundación Foessa —vinculada a Cáritas—, la exclusión (tanto en su variante severa como en su variante moderada) afectaba en 2019 a casi uno de cada cinco hogares. La cifra era ligeramente inferior a la registrada seis años antes, en plena recesión (25%), pero todavía muy superior a 2007 (16%), cuando dormíamos en los laureles del ladrillo. España, en fin, aún trataba de suturar del todo la herida de la última crisis cuando llegó el mazazo del virus: el PIB per capita ya había regresado a los niveles precrisis, pero tanto la pobreza como la desigualdad seguían por encima.
Las brechas entre comunidades también eran (son) enormes: en Ceuta, 4 de cada 10 personas están en riesgo de pobreza, frente a menos de una de cada 10 en Navarra o País Vasco. Las rentas mínimas autonómicas de estas últimas, las más desarrolladas, jugaban un papel esencial en esa dinámica.
2. Esta vez es diferente: la pandemia no solo empobrece, también desiguala
La misma crisis sanitaria que ha acelerado la aprobación del IMV está haciendo saltar las costuras de la sociedad española y, en general, de todas las sociedades occidentales. A diferencia de otras pandemias en el pasado —la de la peste negra del siglo XIV o la de gripe de 1918—, que pasaron a los libros de historia como periodos redistributivos, esta vez las dinámicas del coronavirus (confinamiento, teletrabajo solo factible en profesiones de cuello blanco…) reman en sentido contrario: golpean mucho más a los pobres que a los ricos.
La novedad de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a gran escala ha permitido mantener rentas y empleo, evitando un aumento abrupto del paro y conteniendo el primer zarpazo para muchos. Pero aún quedan curvas por delante: Oxfam cree que la crisis dejará más de 700.000 nuevos pobres en España. Y el IMV ni mucho menos podrá resolver todo: solo ayudar a salir del paso a quienes peor están.
“Entre que se acaba el paro y se obtiene el IMV hay años luz, y eso es un problema”, esboza el economista José Moisés Martín Carretero. En ese ínterin se encuentran, calcula, fácilmente dos millones de personas. “Tenemos que repensar el modelo de protección para evitar que haya personas que pierdan el derecho a un subsidio sin que haya un paso claro a otro”, subraya Ana Arriba, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. Tanto en ese flanco como en el de la pobreza laboral —aquellas personas que, pese a trabajar, no ingresan lo suficiente para subsistir—, las respuestas siguen siendo escasas.
3. El IMV: un suelo común independientemente de dónde vivas
El recién alumbrado ingreso mínimo vital se enmarca dentro de lo que los expertos llaman “sistemas de última red”: programas que tienen como objetivo último cubrir lo necesario para que quienes se han quedado sin ingresos puedan subsistir hasta lograr una nueva oportunidad. Establece un piso común a todas las autonomías, de tal forma que cualquier hogar de bajos recursos, esté donde esté, tenga una única garantía de ingresos que puede ser complementada (o no) por cada Gobierno autónomo. “El IMV tiene todavía recorrido”, explica Marcos Muro, ex número dos de Empleo y Juventud en Euskadi y uno de los mejores conocedores del programa vasco de garantía de ingresos, informa Pedro Gorospe.
Cuando el Congreso lo aprobó, el Ejecutivo calculaba en 850.000 los hogares que se beneficiarían: 2,3 millones de personas a razón de 3.000 millones anuales de coste total. Tres meses después solo se ha tramitado un tercio de las 900.000 solicitudes familiares: centenares de miles de personas siguen atrapadas en el laberinto burocrático. Es el caso del dominicano Joaquín Sánchez: 20 años en España, dos hijos a cargo, 700 euros al mes de alquiler. Trabaja a media jornada como portero en un edificio: 550 euros. Su mujer limpiaba casas y cuidaba niños, pero con la pandemia se ha quedado sin nada: cero euros. Fue la gota que colmó el vaso y que los llevó a pedir la ayuda, informa Gorka R. Pérez. Tres meses después su caso sigue en estudio. “Nunca antes había estado así. Ni haciendo magia consigo que no se me acumulen los recibos”. La rapidez explica, en parte, la premiosa aplicación del IMV. Pero para quienes no saben si podrán pagar la comida y los suministros mañana, cualquier argumento se queda cojo.
Ante la emergencia social, son varias las voces que apuestan por darle la vuelta al proceso: que la prestación se conceda antes incluso de que se entregue la documentación para evitar así el retraso en el cobro en personas que están en una situación crítica. A quienes no pudiesen acreditar que reúnen todos los requisitos, la ayuda se les retiraría a posteriori. “El IMV es una medida positiva, pero la demostración de algunos requisitos se podría limitar a una declaración jurada y luego comprobarlos, ex post”, recomienda Manuel Aguilar Hendrickson, profesor de la Universitat de Barcelona. El ministerio, entretanto, ha anunciado una primera batería de cambios para llegar a 150.000 hogares más, cifras que suenan optimistas a la mayoría de especialistas consultados.
Incluso cuando se solucione el cuello de botella burocrático provocado por la urgencia con la que se ha desplegado el IMV y la avalancha de solicitudes, parte del problema seguirá ahí. En otros países europeos se calcula en un tercio el porcentaje de personas que no recibe las rentas mínimas por la complejidad de los trámites, según las cifras del catedrático de la UNED Luis Ayala: “Cosas que nos pueden parecer sencillas, como abrir una cuenta bancaria, para muchas familias no lo son”.
4. Una anomalía europea
Bruselas llevaba años poniendo el dedo en la llaga: “Los regímenes autonómicos de renta mínima solo llegan al 20% de sus beneficiarios potenciales en [todo] el país, con grandes disparidades [regionales]”, decía la Comisión Europea en mayo. El IMV era un imperativo para que España dejase de ser una rara avis en un continente en el que estos mecanismos ya eran moneda común: 15 Estados miembros tienen una renta mínima de 200 euros mensuales o más, con Dinamarca y Holanda como países más generosos (con 1.515 o 992 euros en el caso de una persona sin hijos), según la socióloga belga Bea Cantillon. Pero ni mucho menos está todo hecho: la brecha en gasto social entre España y los más garantistas sigue siendo grande: como subraya Lucía Martínez, de la Universidad Pública de Navarra, “sería un error enorme pensar que con esta prestación se soluciona todo. Tenemos los mismos retos”. Y son muchos.
“La mayor parte del gasto social se va a pensiones: eso cubre muy bien a quienes han tenido vínculos estables con el mundo laboral, pero no al resto”, dice Martínez. Son precisamente quienes más sufren en periodos como este: personas que entran y salen del mercado de trabajo y que cuando llegan las vacas flacas pasan de estar justo por encima del umbral de la pobreza relativa a estar por debajo. Y que llevan, además, dos crisis a sus espaldas en una década. Una cifra lo dice todo: 1,1 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro.
“El ingreso mínimo es un instrumento muy importante, sí, pero solo uno más”, desliza Ana Revenga, ex economista jefa adjunta del Banco Mundial. Con su entrada en vigor, el IMV liberará unos 1.000 millones de los algo más de 1.500 que las autonomías destinaban a ese fin, según los números de Miguel Laparra, hasta hace poco vicepresidente del Gobierno navarro. “Es un deber ético que ese dinero se dedique a inclusión activa o a complementar el ingreso mínimo, no a otras cosas”, enfatiza. “Viene a llenar un vacío”, concuerda Demetrio Casado, presidente honorífico de Foessa, “pero cuidado con las tentaciones de ahorro de algunas comunidades autónomas”. Borja Barragué, investigador sobre desigualdad y garantía de ingresos mínimos, pone nombre y apellidos: “Siendo la comunidad más rica, Madrid ya destinaba una cantidad ridícula a luchar contra la pobreza. ¿Adónde va a ir ese dinero? La verdad, no espero mucho de quien antes no había hecho prácticamente nada”.
5. ¿Hacia una renta básica universal?
Cuando se dio a conocer el IMV, un puñado de medios británicos se tiró a la piscina con titulares sobre una supuesta renta básica universal. Nada más lejos de la realidad: el instrumento se centra en quienes peor lo están pasando, pero no tiene ni el músculo financiero suficiente ni una auténtica vocación de universalidad. Una renta mínima y una renta básica universal van, por tanto, por dos carriles distintos: mientras la primera fija un piso mínimo de ingresos, la segunda asegura un dinero fijo a los ciudadanos simplemente por serlo.
La pandemia ha hecho crecer como la espuma tanto el número de defensores como el propio debate en torno al ingreso básico. En el Reino Unido, una petición firmada por más de 100.000 personas ha conseguido llevarlo hasta el Parlamento —con éxito modesto: el Gobierno de Boris Johnson ya ha dicho que no—. Y en Brasil una prestación para 60 millones de trabajadores del sector no reglado ha elevado las expectativas de quienes aspiran a su universalización. En España sus adalides tienen menos repercusión. “Son cosas distintas, sí, pero no excluyentes: ir cubriendo huecos en la protección social nos puede llevar a pensar en sistemas cada vez menos condicionados y, quizá, universales”, remarca Ayala. “Hemos subido un primer peldaño y es posible que ese horizonte se pueda plantear en un futuro. Mientras, tiene que estar, al menos, en el debate público”.
En el caso del IMV y otras rentas mínimas análogas, todos los especialistas consultados descartan cualquier efecto desincentivador sobre el trabajo. Tanto por su propia naturaleza como por su cuantía: muy pocos renuncian, en fin, a trabajar por recibir 400 euros al mes. Esas invectivas, dicen, tienen hoy por hoy mucho más de ideología que de datos duros y análisis serio. Más dudas despierta su pariente lejana, la renta básica universal: aunque los proyectos piloto con cuantías bajas parecen desmentir las ideas preconcebidas sobre su interacción con el mercado de trabajo —en todas direcciones: en Finlandia descubrieron que esta mejora la salud y el bienestar de los parados que la recibieron, pero no mejora su empleabilidad—, todavía son legión quienes creen que harán mella en la oferta laboral y obligará a subir salarios, dañando la competitividad de los países que se atrevan a dar el paso.
Y sin embargo, con un previsible futuro marcado por la desigualdad y la automatización masiva —problemas que, en no muchos años, opacarán al incentivo o desincentivo de trabajar por recibir un ingreso mensual del Estado—, la renta básica universal no deja de subir puestos en la lista de alternativas posibles. “Un elemento primordial de una alternativa radical tanto al viejo socialismo como al neoliberalismo y de una utopía realista”, escriben dos de sus más fervientes defensores, Phillipe Van Parijs y Yannick Vanderbroght, en la monumental Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata (Grano de sal, 2017). El sueño del dinero gratis aún tendrá que esperar, pero su sombra en el horizonte es cada vez más alargada.
Conclusiones
1
El IMV zanja una anomalía histórica en el ámbito europeo: aunque algunas autonomías llevan décadas con programas similares hasta ahora no había una red única a escala estatal.
2
Los cuellos de botella burocráticos están marcando los primeros meses de la medida. Aumentar el músculo de la Administración en la gestión es un imperativo para evitar que los que peor están sigan sin cobertura.
3
Persisten las dudas sobre si estas ayudas van a llegar a todas las personas más vulnerables. Y desde que se agota el subsidio por desempleo hasta que se es elegible para el IMV hay un largo trecho sin cubrir.
4
No se puede caer en la complacencia: es un avance importante, pero un ingreso mínimo a escala nacional solo alivia la pobreza en sus versiones más severas.
5
Solo un primer paso. El gasto social español sigue lejos de la media europea y muy lejos de los países más garantistas.
Recomendaciones
1 Acercar el IMV a los más vulnerables
Crear unidades especializadas en los servicios sociales para dotar de información a las familias más vulnerables. Muchos saben que existe la ayuda, pero no los requisitos para acceder a ella.
2 Reducir la condicionalidad
“Debería haber alguna, pero la experiencia de otros países nos dice que las rentas mínimas muy condicionadas acaban siendo bastante inútiles y generan muchas tensiones”, remarca Aguilar Hendrickson.
3 Reconfigurar el esquema de ayudas y subsidios
Aplicable a paro, pensiones, ayudas por hijo a cargo y rentas mínimas. Es una oportunidad única para repensar todo el modelo de protección que no se debe desaprovechar, “eliminando todas las fricciones posibles”, reclama Laparra.
4 Mejorar la coordinación entre Estado y autonomías
Tanto en la propia gestión de la prestación como en qué hacer con los fondos que las comunidades gastan en rentas mínimas que ahora quedan parcialmente liberados. Evitar que ese dinero se destine a fines no sociales.
5 Construir un registro único para todas las Administraciones
Ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado deben compartir información. “Hay que aunar todas las bases de datos. Sería un gran paso para construir una estrategia coherente para todo el sistema de protección”, dice Revenga.
La opinión de los expertos
Luis Ayala
El catedrático de Economía de la UNED y especialista en Estado del bienestar cree que España ha zanjado “una enorme anomalía histórica” con el IMV
Sara de la Rica
Para esta experta en desigualdad laboral y pobreza, el reto consiste en que el paso por la renta mínima sea temporal para la mayoría de beneficiarios
Daniel Raventós
El presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona explica las diferencias entre renta básica universal y IMV
Octavio Granado
El ex secretario de Estado de la Seguridad Social señala que nadie ayuda a los beneficiarios legítimos de ayudas sociales a lidiar con la burocracia
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