Una buena mañanas de octubre, a Carmen -nombre ficticio, “a ver si alguien me dice algo por hablar”- le vino un “olor muy fuerte a apio” cuando abrió la ventana de su casa en Setenil de las Bodegas (Cádiz). Su marido, entre risas, la sacó de la duda: “¡Anda ya!, lo que hueles es marihuana”. Las 24 hectáreas de cáñamo, supuestamente industrial y legal, que crecían a dos kilómetros del pueblo avisaban con su aroma que era tiempo de recolección. Pero eso ni llegó a pasar. Los responsables de la plantación están investigados por un supuesto delito contra la salud pública, después de que un robo haya destapado que los niveles de THC -el elemento psicoactivo- son muy superiores a lo permitido.
“Decían que era para hacer medicamentos y textil. Al final, a ver si era para otra cosa…”, deja caer la vecina mientras sigue barriendo la calle con la escoba que le han dado en el plan de empleo en el que participa. Aunque Carmen asegura que ella solo cuenta “lo que se rumorea en el pueblo”, resume a la perfección la extraña encrucijada en la que se encuentran en la Fiscalía Antidroga de Cádiz, en uno de sus casos más singulares, pese a estar acostumbrada a ver de todo en una provincia que cada año mueve cientos de toneladas de hachís.
Hacía más de seis meses que las hojas palmeadas del cannabis habían comenzado a crecer al abrigo de la discreta finca Dehesa del Pilar, un inmenso terreno de 80 hectáreas de olivares en torno a un cortijo andaluz. Un español, un inglés y un italiano son los responsables de un cultivo supuestamente legal que pasaba desapercibido si no fuese por el olor que desprendía con el rocío de cada madrugada. El primero -un misterioso gaditano cuya identidad es una incógnita en Setenil- pone los terrenos; los otros dos forman parte de una empresa inglesa que se encapricha de la zona por sus buenas cualidades climáticas y ofrecen al latifundista pasarse a la plantación industrial de cáñamo -permitido en España- para producir fibras textiles y cosmética.
Pero todo se tuerce el pasado 11 de octubre. El servicio de seguridad del cultivo denuncia el robo de parte de las plantas. “Fue una furgoneta mediana blanca”, resume un colaborador cercano al terrateniente gaditano que prefiere mantenerse en el anonimato. Un vehículo de las mismas características se estrella contra un caballo en el cercano pueblo de Algodonales en la madrugada de ese mismo día. Los ocupantes huyen a la desesperada. La paquetera está tan atestada de cannabis que la tiene que vaciar un camión de los servicios municipales del pueblo, según publica el medio local ‘Diario de Cádiz’. La Guardia Civil se hace cargo de la investigación, asocia el hallazgo con la finca y descubre que las matas superan con creces los niveles de THC.
“Superaban el 14%, cuando en España los niveles legales permitidos para el cáñamo industrial de 0,2%”, asegura una fuente cercana al caso. Unas semanas después del suceso, más de 50 agentes se presentaron en la Dehesa del Pilar, justo el día que comenzaba la recolección. Más de 100 trabajadores, en su mayoría mujeres de pueblos cercanos, llegaban a las claras del día dispuestas a cortar las matas a mano. Ni pudieron acceder a la finca. “Vinieron hasta con un helicóptero y suerte que se vinieron a razones y no prendieron fuego a las 24 hectáreas”, asegura el empleado del dueño.
La finca quedó precintada con un escueto cartel que, más de un mes después, languidece, pero en el que aún se puede leer que la orden viene del Juzgado Número 3 de Arcos de la Frontera. En este tiempo, las nuevas analíticas del cultivo han arrojado cifras dispares: de zonas en las que la concentración de THC está por debajo de lo permitido a otras en las que lo supera con creces. La media de la plantación rebasa el 5%. El empresario español -con el que EL PAÍS ha intentado ponerse en contacto sin éxito- ha presentado facturas que demuestran que compró legalmente variedades permitidas de semillas de cannabis. El resto de responsables también han mostrado unas analíticas de la Fundación Canna y de la Universidad de Milán en los que los niveles sí están dentro de los parámetros permitidos.
“¿Quién asegura que se cumplió la cadena de custodia en esos análisis, que son las mismas plantas?”, se pregunta una fuente judicial. Los socios también alegan que las condiciones climáticas pudieron disparar los niveles de THC de forma involuntaria. Pero la Fiscalía muestra sus dudas de que eso sea posible y ha encargado un informe al Ministerio de Agricultura. Además, la investigación ha descubierto que los socios cumplieron con su obligación de informar a esta institución sobre su intención de plantar cáñamo con fines textiles. Sin embargo, no parece constar la autorización de la Agencia Española de Medicamentos, necesaria para extraer el CBD para producir cosmética, lo que les conllevaría, al menos, una infracción administrativa.
La finca sigue cerrada a cal y canto. Dentro, el cáñamo se ha secado y “con toda probabilidad tendrá que ser arrancado por superar los niveles”, según asegura un agente. Por ahora, el juez instructor, en contra del criterio de la Fiscalía, no ha impuesto medidas cautelares contra los investigados. El dueño español acumula pérdidas superiores a los 800.000 euros y ha perdido la confianza en su socio inglés. “Está mal, arruinado y con un tratamiento por depresión”, aunque su empleado asegura que su intención es buscar un nuevo socio inversor para retomar la explotación legal “cuanto antes”.
Mientras, en Setenil, ese bello pueblo excavado en la Sierra de Cádiz, siguen “en ascuas”, como reconoce su alcalde Rafael Vargas. Para sus 2.700 habitantes, el turismo no es suficiente excusa para menguar unas tasas de paro que no suelen bajar del 24%. “Hubiese sido bonito que funcionase”, añade Vargas. Pero a la sobrina de Carmen, que trabajó en la plantación, incluso “le han dejado hasta deber dinero”, según denuncia la vecina. Nadie sabe en el pueblo si volverán a oler a marihuana en un próximo amanecer. Solo en algo, reconocido por el propio amigo del terrateniente, todos parecen coincidir: “Aquí hay algo extrañísimo”.
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