Rogelio Muñiz Toledo
“Estamos en la fase de instauración cuando se crean las nuevas normas y estructuras de autoridad y comienza a funcionar una solución inicial de equilibrio precario entre estos procesos que tiene formas nuevas respecto a los del régimen anterior “: Leonardo Morlino*
Parece que finalmente entraremos a la etapa de instauración del nuevo régimen político en la Ciudad de México. Pese a las resistencias de los sectores más conservadores del Gobierno y en el Congreso de la Ciudad de México, el cambio de régimen avanza; si bien no al ritmo que se estableció en la Constitución con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Constituyente sino a contracorriente y venciendo las resistencias de quienes apuestan a mantener el statu quo, la transformación del régimen político, la ampliación de los derechos y el establecimiento de las garantías para su ejercicio, goce y protección se abren paso en la Ciudad de México -no sin algunos graves retrocesos a los que ya me he referido profusamente en este espacio- y si finalmente prevalece la agenda de las corrientes progresistas en el Congreso, en el mediano plazo el cambio debería traducirse en beneficios concretos para sus habitantes.
Desde el punto de vista teórico, el cambio de régimen implica reformar el sistema político y las leyes, modificar las reglas del juego político y establecer una nueva cultura política, cambios que deberían llevar a una reestructuración profunda del gobierno y a una reforma del poder. En la práctica, debería traducirse no solo en transformaciones en las estructuras políticas y las relaciones de poder sino en cambios en la forma en la que el gobierno interactúa con las personas y en la efectividad, oportunidad y calidad de las respuestas de la administración pública a las demandas de los gobernados.
El cambio del régimen en la Ciudad de México no es -o al menos no debiera quedar en eso- una entelequia ni mucho menos un discurso político. Se trata de una reforma radical de la forma en la que se organiza y funciona el gobierno y de la creación de contrapesos al poder, de nuevos instrumentos y mecanismos de participación ciudadana y de vías de acceso a los servicios públicos y al ejercicio efectivo de los derechos, que garanticen la respuesta efectiva y oportuna a las demandas concretas de sus habitantes.
De acuerdo con las encuestas más recientes, las tres principales demandas de los habitantes de la Ciudad de México son: mayor seguridad, generación de empleos y mejoría en la situación económica. Si el Congreso y el Gobierno de la Ciudad de México no son capaces de que el cambio de régimen se traduzcan en la solución a estas demandas, el proyecto político y social contenido en la Constitución habrá fracasado.
El éxito del proceso de cambio político en la Ciudad de México depende en muy buena medida de que el Gobierno y la mayoría y las oposiciones parlamentarias sean capaces de lograr acuerdos sobre los contenidos de las leyes reglamentarias de la Constitución y sobre su implementación mediante políticas y acciones gubernamentales que se traduzcan en beneficios concretos para la gente.
La mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso y el Gobierno de la Ciudad de México decidieron aplazar durante más de un año el proceso de cambio político; mediante dos reformas constitucionales pospusieron la reglamentación e implementación de la Constitución. Pero no hay plazo que no se cumpla y ha iniciado la cuenta regresiva para la expedición de leyes, la integración de nuevos organismos públicos y la implementación de sistemas y mecanismos para la exigibilidad de los derechos que transformarán la forma en la que se ejerce el poder público en la Ciudad de México. Si las leyes que apruebe el Congreso y las decisiones políticas del Gobierno se ajustan al texto constitucional, el cambio debería significar un incremento en la calidad de vida de las personas.
El actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México ha logrado lo que su antecesor no quiso o no pudo hacer: construir una agenda legislativa para iniciar la aprobación de las leyes reglamentarias de la Constitución. En las próximas cinco semanas -entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre- se deberán expedir ocho leyes relacionadas con la planeación del desarrollo de la Ciudad, la seguridad y la procuración de justicia; la educación; los derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes y el derecho al cuidado de las personas en situación de dependencia por enfermedad o discapacidad, con énfasis en la infancia y las personas adultas mayores. Si se cumple con el mandato de la Constitución, para el segundo semestre de 2020 los elementos esenciales del cambio de régimen deberán haberse implementado.
Se trata de leyes y cambios institucionales que, como lo dispone la Constitución de la Ciudad de México, deberán garantizar la dignidad humana mediante la reorientación del gasto público para lograr la progresividad y el cumplimiento efectivo de los todos derechos y la reestructuración del gobierno para que sea receptivo, eficaz y eficiente. Si se alcanzan estos objetivos será posible que se materialicen las palabras de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena: la Constitución Política de la Ciudad de México sería efectivamente “un nuevo horizonte” que haría de la Ciudad “una sociedad igualitaria, justa y sostenible en la que florezcan las libertades y donde nadie se quede atrás”.
*Politólogo italiano especialista en procesos de democratización y cambio de régimen
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.