A un mes exacto de que se celebren elecciones generales en Myanmar (antigua Birmania), la organización Human Rights Watch (HRW) ha acusado al Gobierno de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi de mantener en régimen de “apartheid” a 130.000 rohingyas en el país. Las autoridades birmanas “han creado de forma deliberada campos de detención para hacer que su vida sea insoportable”, subraya HRW. Los rohingyas, una minoría musulmana que Myanmar no reconoce, llevan años siendo perseguidos en el país budista; el punto álgido de las tensiones ocurrido entre agosto y septiembre de 2017, cuando alrededor de 700.000 huyeron al vecino Bangladés a raíz de lo que la ONU calificó de un “intento de genocidio”.
“El Gobierno está dispuesto a dejar a los rohingyas pudrirse en estos campos”, denunció Phil Robertson, subdirector de HRW Asia, durante la presentación del informe en Bangkok, resultado de dos años de investigaciones. Según la organización de derechos humanos, las autoridades birmanas confinan desde 2012 a alrededor de 130.000 rohingyas en campos “miserables” bajo la “fachada” de ser instalaciones para desplazados internos. Estas se crearon tras los enfrentamientos entre rohingyas (musulmanes) y rakaines (budistas) en 2012 en la región homónima, Rakhine, antiguamente Arakan, situada al oeste del país, donde aún viven más de 250.000 rohingyas, incluyendo aquellos recluidos en los campos. Mientras, decenas de miles residen en aldeas esparcidas por Rakhine, también sometidas al acoso de las fuerzas de seguridad.
Docenas de entrevistados por HRW, que basa el informe en más de 60 testimonios de rohingyas, miembros de la minoría kaman (igualmente musulmana) y trabajadores humanitarios, además de un centenar de documentos internos del Gobierno birmano, la ONU y varias ONG, describen la vida en hasta 24 campos como un “arresto domiciliario”. Su libertad de movimiento está restringida a través de controles de seguridad y alambradas que rodean los campos, y los que salen al exterior son víctimas de torturas por parte de las fuerzas de seguridad, indica el informe.
Kamal Ahmed, un rohingya entrevistado, asegura: “Si alguien es encontrado fuera, es torturado y a veces enviado a prisión. Hace tres años vi cómo un joven rohingya era asesinado únicamente por salir”.
Aparte de la violencia, los rohingya recluidos sufren de desabastecimiento de alimentos y falta de refugio adecuado, y apenas tienen acceso a educación ni servicios sanitarios, con la ayuda humanitaria muy limitada en Rakhine y la situación habiendo empeorado a raíz de la pandemia de coronavirus. Myanmar vive, además, un pico de contagios de COVID-19 que las autoridades birmanas han atribuido a “retornados ilegales” de Bangladés, adonde los rohingyas huyeron en masa en 2017 tras una campaña de acoso y persecución por parte del Ejército. Estas acusaciones pueden desembocar en un aumento del racismo que ya sufre esta minoría en un país que les negó la ciudadanía en 1982, alegando que son inmigrantes bengalíes, aunque llevan generaciones asentados en suelo birmano.
“Algunos nos dijeron que la muerte era más apetecible que vivir así”, resume Shayna Bauchner, autora del informe, en videoconferencia desde EE UU. Bauchner denuncia la ausencia de esperanza de los rohingyas entrevistados en que la situación mejore para sus hijos. “Creen que no tendrán más libertad que ahora, el estado de desesperanza es terrible”, matiza.
Human Rights Watch denuncia que, aunque Myanmar comunicó en 2017 su intención de cerrar los campos y permitir que los desplazados regresaran a sus hogares, como ha sido el caso de miles de rakaines, en su lugar ha ido construyendo instalaciones permanentes que “refuerzan la segregación y niegan a los rohingyas su derecho a retomar sus vidas”, señala el informe.
Estas y otras circunstancias hacen que HRW tema por el aumento de las restricciones contra los rohingyas. Myanmar, que se prepara para celebrar elecciones el 8 de noviembre, ha prohibido la candidatura de la mayoría de representantes rohingyas y les ha privado de su derecho al voto. Rakhine lleva más de un año con el acceso a internet cortado por orden del Gobierno, bajo el pretexto de una escalada del conflicto entre las fuerzas armadas y el Ejército de Arakan, un grupo separatista rakáin.
Una situación que no es mejor para los rohingyas al otro lado de la frontera. En Bangladés, cerca de un millón –700.000 huidos en 2017 más otros 300.000 que lo habían hecho en años anteriores- continúan hacinados en los campamentos de Cox’s Bazar. Si bien Myanmar asegura estar listo para repatriarlos, como pide la comunidad internacional, el confinamiento de más de 130.000 rohingyas en Rakhine lo desaconseja. “Si esa gente es liberada y vuelve a sus aldeas, entonces sabremos que es seguro regresar, y volveremos a casa”, afirma un rohingya desde Bangladés entrevistado por HRW.
El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) dictó el pasado enero que el Gobierno liderado por Suu Kyi amparara a los rohingyas, tras presentar Gambia el caso –que puede tardar años en resolverse- alegando que Myanmar ha cometido un genocidio contra los rohingyas. “Myanmar no ha hecho nada para hacer que sea posible su regreso, y está haciendo imposible a los que permanecen que vivan con dignidad”, condena Robertson.
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