El Gobierno de Giorgia Meloni se estrenó la semana pasada con el primer Consejo de Ministros, la primera rueda de prensa y el primer decreto urgente. Pero también fue el debut de la polémica. Italia había amanecido dos días antes, el 29 de octubre, con el sonido atronador de la música techno de una megafiesta rave —delirante, en inglés— en Módena que había congregado a más de 3.000 personas llegadas de toda Europa. Es este un tipo de fiestas habitual contra las que la policía tiene muy poco margen de actuación una vez han empezado. De modo que el Consejo de Ministros, aprovechando también el ruido mediático, decidió aprobar un decreto para que las fuerzas del orden puedan intervenir en estos casos y para que exista un nuevo delito específico en el Código Penal. El problema es que las prisas y/o un cierto populismo judicial que entrañaba la decisión la han convertido en un arma de doble filo para el nuevo Ejecutivo, que anoche se mostró abierto a revisarla.
El decreto rave, fabricado prácticamente mientras todavía sonaba la música en la fiesta de Módena, es una suerte de ley mordaza —la ley de seguridad ciudadana aprobada en España en 2015 por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy— con distintas vertientes. La norma contempla desde penas que alcanzan los seis años de cárcel, hasta la posibilidad de intervenir los teléfonos de las personas sobre las que recae la sospecha de organizar una concentración de este tipo. Medidas desproporcionadas, creen muchos constitucionalistas y también parte de la coalición de Gobierno ―liderada por Hermanos de Italia, con Forza Italia y la Liga―. El propio Antonio Tajani, vicepresidente y ministro de Exteriores, señaló en la reunión del Consejo de Ministros que no estaba de acuerdo con el apartado de intervenir los teléfonos. Este es uno de los puntos más polémicos y contestados dentro de la propia mayoría de Gobierno.
El decreto tiene efecto inmediato, pero el Parlamento dispondrá ahora de dos meses para introducir modificaciones. La redacción del nuevo delito que se introducirá en el Código Penal, sin embargo, genera ya muchas dudas sobre el radio de aplicación que tendrá, más allá de las propias rave. La norma señala que se castigará “la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”. Una ambigüedad o falta de precisión que preocupa, ya que podría aplicarse a otros tipos de concentraciones de protesta o manifestaciones políticas.
Meloni compareció el viernes por la noche en rueda de prensa y se mostró dispuesta a revisarla en el Parlamento y a debatir con los sindicatos algunos aspectos. Sin embargo, volvió a confirmar la oportunidad de la medida. “No trata de impedir que la gente se divierta, sino que se haga de forma ilegal”, señaló.
Una norma “mal escrita”
La norma, sin embargo, no especifica de qué tipo de concentraciones se trata ni qué se entiende por una fiesta rave. De modo que la policía podría intervenir, señalan las fuentes jurídicas consultadas, en la ocupación de una escuela o un centro sanitario por una protesta sindical, o pinchar los teléfonos de los supuestos organizadores. “La norma tiene buenas intenciones”, aseguró un ministro a La Repubblica, “pero está muy mal escrita”. Una idea que, de algún modo, también comparte el ministro de Justicia de Meloni, Carlo Nordio, a quien no entusiasma la falta de garantías que ofrece la norma.
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Stefano Ceccanti, experto constitucionalista, cree que la ley tiene dos problemas principales: “La definición de lo que es una rave y la desproporcionalidad de las penas. Tal y como está escrita, sirve también para todo tipo de manifestaciones políticas. Es suficiente para intervenir que haya 50 personas en un terreno no propio. Y las penas son tan altas, que se puede intervenir el teléfono de mucha gente de forma injustificada y que esas escuchas terminen en documentos públicos”. El problema es que en Italia la posibilidad de intervenir los teléfonos está ligada a la gravedad del posible delito cometido. Si el Parlamento modifica la norma y rebaja las condenas, podría dejar también sin efecto la posibilidad de intervenir las comunicaciones que quiere el Gobierno.
Los partidos que no conforman el Ejecutivo ya han anunciado que combatirán el decreto en el Parlamento. El líder de la oposición, el secretario del Partido Democrático, Enrico Letta, advirtió de que es “un gravísimo error”, porque nada tiene que ver con las raves, sino que “se cuestiona la libertad de los ciudadanos”. Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas, lamenta la “discrecionalidad” del asunto ―todo dependerá de los delegados del Gobierno, es decir, del Ejecutivo―, mientras Riccardo Magi, exponente del pequeño partido +Europa, habla de un “sabor putiniano“.
El decreto chocó nada más estrenarse con sus propias contradicciones políticas e ideológicas. Paralelamente a la rave de Módena, se celebró en Predappio —lugar donde se encuentra enterrado Benito Mussolini—una concentración de 2.000 nostálgicos del fascismo para conmemorar el centenario de la Marcha sobre Roma. Una manifestación fascista, sin permiso e invadiendo un terreno público. Pero Piantedosi consideró en una entrevista con el Corriere della Sera que, en ese caso, solo se trataba de una “payasada” que “se lleva a cabo desde hace años, sin incidentes y bajo el control de las fuerzas policiales”.
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