El republicano Kevin McCarthy, que presidirá la Cámara de Representantes si su partido logra la mayoría en las elecciones de mitad de mandato del próximo martes en Estados Unidos, presentó en septiembre en Pittsburgh, núcleo industrial y minero en Pensilvania, el programa legislativo del partido. Un programa en el que las exigencias de un control mucho más duro de la inmigración tienen un papel destacado. “Hemos visto lo que ha ocurrido en nuestras fronteras, los millones de personas que simplemente cruzan, gente en la lista de terroristas buscados”, sostenía McCarthy entre los aplausos de sus seguidores. “Ahora estamos viendo cómo cada localidad se está convirtiendo en una localidad fronteriza”. Una semana antes, en un discurso en Washington ante el caucus hispano del Congreso, el presidente Joe Biden acusaba a los republicanos de convertir el sufrimiento humano de los inmigrantes en instrumento electoral.
Durante décadas, la inmigración ha sido uno de los asuntos que han enfrentado a republicanos y demócratas en cada convocatoria electoral. Los republicanos reclaman de manera sistemática medidas duras de contención, incluidas las deportaciones, como estrategia para motivar a sus filas y atraer nuevos votantes. Por su parte, los demócratas, que históricamente han captado una proporción mayor del voto de las minorías, abogan por el control de la frontera, pero también por reformas que permitan un sistema más claro y justo de entradas. Pero este año la cuestión ha saltado de ser un asunto relativamente secundario al centro del debate: con un flujo migratorio mucho mayor, las encuestas lo sitúan entre las principales preocupaciones del público. Para los votantes republicanos es la segunda, solo por detrás de la omnipresente inflación.
La polarización se ha agudizado desde la presidencia de Donald Trump, que mantuvo férreas políticas antinmigración. Su sucesor, Joe Biden, defiende posiciones más tolerantes. Al comienzo de su mandato presentó un proyecto de ley de reforma migratoria. Pero no ha invertido capital político para sacarlo adelante. Y, mientras tanto, un aluvión de noticias falsas y propaganda electoral responsabilizan a los inmigrantes de un aumento de la criminalidad o por la epidemia de muertes por consumo de fentanilo (un opioide). En agosto, un sondeo de Ipsos para la radio pública estadounidense encontraba que el 54% de los ciudadanos cree que se está produciendo una “invasión” de extranjeros en los Estados del sur. En mayo, una encuesta de la agencia AP destacaba que una tercera parte de la población cree en “la gran sustitución”: que una avalancha de inmigrantes está eliminando la cultura y el poder político de los votantes blancos estadounidenses.
Casi tres millones de interceptaciones
Las divisiones coinciden también con la llegada de una nueva ola de inmigrantes. Tras el parón provocado por la pandemia de covid, de un lado, y las duras políticas migratorias de la era Trump, por otro, el número de personas que ha intentado entrar de manera irregular en Estados Unidos se ha multiplicado, pese a los peligros que acarrea el viaje. En el año fiscal de 2022 (de abril 2021 a marzo 2022), al menos 745 personas murieron intentando cruzar el río Grande y el desierto. Pero en lo que va de año, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, sus agentes han completado 2,76 millones de interceptaciones en la frontera. En 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales ―gracias, entre otras cosas, a la promesa de construir un muro en la frontera con México―, esa cifra no llegaba al medio millón.
Como protesta contra la política migratoria de la Administración demócrata, los gobernadores de los Estados republicanos en el sur han enviado casi diariamente durante meses autobuses cargados de migrantes a ciudades y Estados demócratas percibidos como más tolerantes, entre ellos, Washington DC o Nueva York. “Hay movimientos suficientes como para que puedan impactar en las elecciones, especialmente en los Estados más conservadores”, reconoce Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, una ONG especializada en el auxilio a migrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, subió cuatro puntos en las encuestas cuando comenzó su estrategia de enviar autobuses llenos de inmigrantes a ciudades bajo mando demócrata, recuerda. “Pero, además, estamos viendo [en lugares tradicionalmente más receptivos a la inmigración] que mucha gente se pregunta: ‘¿cómo vamos a pagar las prestaciones para estos inmigrantes?’. Es ahí donde está el problema. Hay sectores, incluyendo también otros extranjeros, que quieren que se reduzca la inmigración”.
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Aproximadamente la mitad de los interceptados durante el mandato de Biden han sido expulsados recurriendo al llamado Título 42, una medida aprobada durante el mandato de Trump que permite la devolución en caliente con el argumento de evitar los contagios por covid. La otra mitad ―venezolanos, nicaragüenses, cubanos, con cuyos Gobiernos Washington no mantiene relaciones diplomáticas― fueron admitidos. Estas tres últimas nacionalidades componen el grueso de la ola migratoria más reciente. Solo en septiembre sumaron 77.302 interceptaciones, más que la suma de mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños (58.068), las nacionalidades hasta ahora más frecuentes en las entradas irregulares por la frontera sur.
También ha cambiado la composición de los grupos que cruzan, apunta Tatiana Laborde, de Samu, otra ONG que aporta asistencia inmediata a los recién llegados en el área de Washington. Si tradicionalmente quienes viajaban eran varones solos, ahora llegan cada vez más familias enteras. “Cuando vienen no tienen muy clara la situación en la que llegan. Es una situación de choque, tratamos de protegerles de los abusos, ayudarles con los papeleos, procurarles un alojamiento”, explica. Pero esta ayuda no se consigue siempre. La enorme afluencia ha desbordado las estructuras y los recursos en ciudades como Washington o Nueva York para aquellos que llegan sin contactos familiares. No hay viviendas disponibles. Quienes consiguen alojamiento lo logran a través de voluntarios; otros acaban en las calles, cuenta Núñez.
Freno a los venezolanos
En octubre, la Casa Blanca anunció un acuerdo para frenar la llegada de venezolanos, el grupo más numeroso en los últimos tiempos. Admitirá hasta 24.000 al año que podrán entrar legalmente, si no han pasado por México o Panamá de manera irregular. Algo que ha zanjado, al menos por el momento, el flujo de llegadas irregulares de esos nacionales, reducido en un 80% desde el anuncio del pacto. Como consecuencia, el envío de autobuses ha entrado en una pausa, según apuntan organizaciones defensoras de los migrantes.
El futuro se presenta incierto. Pese a contar con una exigua mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, la Administración demócrata de Biden no ha podido sacar adelante su proyecto de reforma migratoria. El programa DACA, lanzado por Barack Obama para proteger a inmigrantes jóvenes llegados a Estados Unidos cuando eran niños, se encuentra en riesgo de cancelación. Y los sondeos auguran un triunfo republicano el 8 de noviembre que daría a ese partido el control, al menos, de la Cámara de Representantes.
“¿Qué hemos visto este año? Hemos visto ataques a DACA y a los TPS [los mecanismos que permiten la estancia de inmigrantes procedentes de determinados países afectados por desastres naturales]. Estamos perdiendo espacio”, se lamenta Núñez, el director ejecutivo de Carecen. “Para nosotros resulta difícil hasta defender el espacio que habíamos podido ganar. Se ve un flujo migratorio cada vez más grande, y eso asusta a la población”.
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