A una semana vista del final de la segunda moratoria sobre el veto estadounidense que llevó al fundador de Huawei a declarar que la compañía enfrentaba a un momento de “vida o muerte”, el gigante tecnológico chino saca músculo. “Hemos conseguido sobrevivir bajo las condiciones de la entity list [la lista negra de Washington] y nos hemos unido ante la presión externa”, subraya en un encuentro con medios españoles, entre ellos EL PAÍS, el presidente de relaciones públicas en Europa y vicepresidente senior de la empresa, Abraham Liu. “El poder de EE UU se asienta sobre su capacidad militar, la importancia de su moneda y su capacidad para recabar datos digitales a escala internacional. Probablemente temen que, con la creciente presencia de Huawei, pueda perder ese poder: incluirnos en su lista negra solo es la forma más sencilla de ganar tiempo”. Tras dos prórrogas consecutivas de la prohibición de hacer negocios con la firma china, la Administración Trump debe tomar una decisión el próximo martes.
¿Puede la desescalada en los aranceles cruzados entre EE UU y China destrabar también la tensión entre las autoridades estadounidenses y Huawei? Las expectativas en la firma china son bajas: “Mucha gente piensa que ambas cuestiones tienen que ver, pero no es así. Los aranceles no nos hacen daño: lo único que nos impacta es la inclusión en la lista negra. Y creo que eso no tiene ninguna relación con la guerra comercial”, apunta Liu. Más preocupado se muestra, sin embargo, por la supuesta “paranoia en la que parece que todo lo que viene de China no es seguro”. Y marca una diferencia clara entre los ciudadanos estadounidenses y su Gobierno, “que ha convertido en el nuevo normal un discurso que no es normal, repitiendo opiniones sin evidencia”. El dardo recuerda mucho a otro lanzado en mayo, pocos días después de que el país norteamericano anunciase el veto y el ejecutivo acusó a las autoridades estadounidenses de “acoso” a la empresa que representa. “Han hecho”, enfatiza, “un mal uso del argumento de la seguridad nacional para [llevar a la práctica su política de] América primero y a quien más daño le están haciendo es a sus consumidores y empresas”.
La estrategia y el mensaje que quieren transmitir desde los cuarteles generales de Huawei —una compañía que se sabe bajo escrutinio en todo el mundo— son claros: con Bruselas hay margen para el diálogo y el acuerdo, todo lo contrario con Washington. “Si un amigo me dice que no me fíe de alguien, por supuesto que le escucharé. Pero lo que haré es mirar por mí mismo y tener un juicio propio. EE UU va a seguir atacando a todos aquellos que trabajen con nosotros, pero Europa tiene sus propios planteamientos y sigue una forma de trabajo colaborativa, basada en hechos y expertos, haciendo lo mejor para sus intereses”, desliza el ejecutivo.
Liu, radicado en Bruselas, desde donde comanda la relación con la Comisión Europea, se remonta a una década atrás para explicar el choque de hoy con Washington y las diferentes aproximaciones por países. Entonces, el Gobierno estadounidense “advirtió a Reino Unido y a Australia para que no contratase nuestros servicios para desplegar su red de telecomunicaciones. La segunda ejecutó la advertencia de EE UU y el primero adoptó una estrategia diferente. Es muy importante revisar nuestros compromisos y se ha demostrado que no hay actividad relacionada con Gobiernos. Los hechos están ahí: en Reino Unido hay cuatro operadores y tres de ellos han contratado a Huawei para su 5G. Si en el pasado hubiese habido algún tipo de mal hacer en estos 10 años, no habríamos podido tener éxito”.
Sin embargo, en el continente europeo Huawei también está encontrando importantes resistencias a su expansión, especialmente en el despliegue de la tecnología 5G: Bruselas ha advertido de la posibilidad de que proveedores “de países externos” puedan comprometer la seguridad europea, algunos países han aireado sus dudas y, como recordaba recientemente Ana Fuentes en las páginas de este diario, aunque “nadie ha podido probar que esté detrás del espionaje industrial que le atribuye EE UU, en caso de conflicto, la empresa se debe al Partido Comunista: la Ley de Seguridad Nacional china de 2015 obliga a todos los ciudadanos y empresas a cooperar con los organismos del Estado en asuntos de seguridad nacional, sin matizar cuáles”.
Las instituciones comunitarias tienen ahora poco más de un mes —hasta finales de año— para hacer público un conjunto de medidas paliativas para hacer frente a los riesgos e ciberseguridad. La firma china aguarda novedades. “No sabemos cómo será, pero la parte técnica es objetiva y basada en hechos”, subraya Liu. “Queremos colaborar con ellos”.
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