Hugo Aguilar defiende reforma judicial en informe y asegura que la Corte no atiende 'encargos'

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió el primer año de la nueva integración del Poder Judicial de la Federación (PJF) derivada de la elección por voto popular y aseguró que la institución es ahora autónoma, independiente y más cercana a la ciudadanía.

Durante el acto “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia” y en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro Aguilar Ortiz sostuvo que durante los últimos 12 meses se emprendieron cambios en la operación de la Corte, en sus mecanismos de atención ciudadana y en el uso de los recursos públicos.

“El Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda. Insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas”, afirmó durante un mensaje de 45 minutos.

“Ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial. Debemos obediencia a la Constitución, y nuestro compromiso es con el pueblo de México”, agregó.

Al hacer un balance de la nueva etapa, el ministro presidente señaló: “También reconocemos con responsabilidad y sentido autocrítico que la transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes. Persisten resistencias, actitudes, entendimientos y formas de hacer justicia con reminiscencias del pasado”, dijo.

Aguilar Ortiz sostuvo que la nueva integración recibió una Suprema Corte “lenta, anquilosada, ensimismada y alejada de la ciudadanía”, además de distante de mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

Afirmó que quedaron atrás prácticas consistentes en admitir asuntos y mantenerlos detenidos durante largos periodos, con lo que, dijo, se favorecían intereses personales.

El presidente de la SCJN aseguró que tanto los sectores político y económico como el social pueden confiar en la nueva integración del Poder Judicial y apuntó que la certidumbre jurídica genera las condiciones necesarias para la inversión, la innovación y el desarrollo nacional.

En materia jurisdiccional, Aguilar Ortiz informó que durante el primer año ingresaron a la SCJN 15 mil 51 expedientes, cifra que incluye asuntos pendientes de la anterior integración.

De ese total, indicó que fueron resueltos 13 mil 231 asuntos, equivalentes a 88% de los expedientes recibidos. De ellos, 2 mil 640 fueron resueltos por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdos. Los expedientes restantes permanecen en trámite o en las ponencias, según explicó.

“Y de no haber recibido el rezago de la anterior integración habríamos logrado un equilibrio entre ingresos y egresos. Por ello les reitero, no hay rezagos, no hay ineficiencia, hay cambio real y verdadero”, sostuvo.

El ministro presidente también cuestionó el funcionamiento estadístico de la anterior integración de la Corte. Afirmó que entonces los datos se registraban manualmente, lo que implicaba riesgos de errores y la ausencia de un control único sobre los asuntos. Por ello, anunció que la SCJN abandonará por completo el registro en libros para pasar a un sistema informático de gestión de asuntos.

Aguilar Ortiz se refirió a la política de austeridad aplicada en la SCJN y en los demás órganos superiores del Poder Judicial. Dijo que la nueva integración redujo el presupuesto, eliminó privilegios “históricos” y suprimió servicios considerados superfluos para ministras y ministros.

“Eliminamos y nos mantendremos sin el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada”, afirmó.

El ministro presidente aseguró que quienes actualmente integran el Pleno reciben la remuneración establecida por la Constitución y afirmó que el mismo criterio de austeridad se aplica en los demás órganos del Poder Judicial: “Quiero ser enfático, se acabaron los privilegios en el Poder Judicial”.

Reportó ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos durante el primer año.

La defensa de las medidas de austeridad ocurre luego de que a mediados de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión de seis ministros de la Corte de votar a favor de restablecer un seguro de gastos médicos mayores para personal del máximo tribunal y sostuvo que este tipo de prestaciones no deberían financiarse con recursos públicos.

“No estoy de acuerdo con que haya privilegios; ningún servidor público”, dijo la mandataria en su conferencia matutina del 19 de agosto, al cuestionar la propuesta respaldada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Irene Herrerías Guerra, Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf, así como por los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García.

Por otra parte, Aguilar Ortiz afirmó que la nueva integración busca una justicia de puertas abiertas y sostuvo que jueces, magistrados y ministros deben evitar la indiferencia frente a las necesidades de la sociedad.

Sostuvo que la reforma judicial permitió demostrar que el Poder Judicial puede funcionar de manera autónoma e independiente de los otros poderes, aunque aclaró que esa independencia no significa aislamiento.

“Hoy podemos afirmar que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes sin que esto implique ser distantes, que sigue siendo una instancia técnica y, además, ha recuperado su sensibilidad y visión humanista, que es autónomo y firme en la defensa de la Constitución sin dejar de tender puentes de diálogo y entendimiento con todos los sectores del país”, afirmó.

También destacó las acciones emprendidas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El OAJ, señaló, fortaleció la administración de los recursos públicos mediante criterios de austeridad, transparencia y mejora continua, además de impulsar la consolidación del expediente electrónico, la firma digital y la especialización del personal.

El TDJ instaló seis visitadurías regionales, fortaleció los mecanismos de atención ciudadana y puso en marcha un modelo de evaluación cualitativa del desempeño de las personas juzgadoras, además de acciones para prevenir y atender casos de hostigamiento, violencia y discriminación dentro del Poder Judicial.

En el caso del TEPJF, destacó el fortalecimiento de la Defensoría Pública Electoral, la atención especializada de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y los programas itinerantes para ampliar el acceso a la justicia.

La presidenta Claudia Sheinbaum difundió un mensaje en su cuenta de X en el que describió al nuevo Poder Judicial como “electo, austero y cercano”.

“Acompañé al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la presentación de su informe. El nuevo Poder Judicial es electo, austero y cercano, con una responsabilidad fundamental: que la justicia esté al alcance de todas y todos”, escribió.

“Una nueva etapa donde la justicia es, verdaderamente, un derecho de todas y todos”, agregó.

Acompañé al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la presentación de su informe.

El nuevo Poder Judicial es electo, austero y cercano, con una responsabilidad fundamental: que la justicia esté al alcance de todas y todos.

Una nueva etapa donde la justicia… pic.twitter.com/NmsiOGVTGr

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 7, 2026

Horas antes, durante su conferencia matutina, aseguró que se trata de un “Poder Judicial mucho mejor que el que había” y dijo que este martes abordará el tema con mayor amplitud, tras conocer el informe de Aguilar Ortiz.

A la ceremonia acudieron, entre otros, los presidentes de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión, Higinio Martínez Miranda y Raúl Bolaños-Cacho Cué; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

También asistieron integrantes de los órganos superiores del Poder Judicial, personas juzgadoras y magistradas federales y locales, representantes de pueblos indígenas, organizaciones civiles, instituciones académicas, sindicatos y cámaras empresariales..