La crisis polaca ha irrumpido con fuerza imprevisible en una cumbre europea en la que la energía estaba destinada a ser la gran protagonista. La nueva situación amenazaba con dejar descolocados a varios Estados miembros, entre ellos España, que aunque acudían al Consejo Europeo del jueves y el viernes con una cierta rebaja en las expectativas aún confiaban en impulsar medidas extraordinarias y contundentes para poner freno al zarpazo de los precios de la electricidad antes de que llegue el invierno.
“¿Polonia? El mejor país de Europa”, ha afirmado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ha calificado de “ridículo” sancionar al socio del Este. El tradicional aliado de Varsovia ha calcado los argumentos del Gobierno polaco, asegurando que la primacía del derecho de la UE “para nada” está fijada en los Tratados. “La UE tiene primacía donde tiene competencias”, ha dicho. “Y lo que pasa aquí es que regularmente las instituciones europeas se saltan los derechos de los parlamentos y gobiernos nacionales, y modifican el tratado sin tener legítima autoridad para hacerlo”. Los polacos, ha remarcado, “están en lo cierto”.
Estaba previsto que los precios de la energía centraran la cita otoñal de jefes de Estado y de Gobierno, según consta en la carta de invitación oficial del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y también en el borrador de conclusiones de la cumbre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero en eso llegó Polonia, con la controvertida decisión de su Tribunal Constitucional, que ha colocado al país al borde de la ruptura legal con la UE, provocado un terremoto jurídico y político, y agravado la ya enconada batalla a cuenta del Estado de derecho y la independencia del poder judicial. El asunto se ha ido calentando esta semana con un primer asalto entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y llega a la cita del Consejo Europeo en estado de ebullición. Era inviable evitarlo: se ha colado de golpe en la lista de temas prioritarios, después de que lo hayan reclamado varias capitales, aseguran fuentes del Consejo.
Morawiecki, uno de los primeros en llegar a la cumbre, ha reiterado que algunas instituciones europeas han usurpado el derecho a decidir sobre cuestiones que no les corresponden, al atribuirse competencias que no estaban transferidas en los Tratados. Ha repetido, como ya lo hizo en la Eurocámara, que no se dejará “chantajear”, aunque también ha traído un mensaje conciliador, asegurando que está “dispuesto al diálogo” y tratará de buscar soluciones al enfrentamiento.
Antes de dar comienzo la cumbre, Morawiecki se ha encontrado con el presidente francés, Emmanuel Macron, el español, Pedro Sánchez, y con la canciller alemana saliente, Angela Merkel. Las imágenes transmitían cierto grado de cercanía, después del crudo rapapolvo que recibió el primer ministro polaco por parte de los eurodiputados un par de días antes.
Merkel también ha pedido mesura y puntos de encuentro en el conflicto con Polonia. Aunque ha defendido que se trata de uno de los asuntos centrales de la existencia de la UE y ha dado su apoyo a la iniciativa de la Comisión, la veterana líder alemana ha propuesto evitar una cascada de litigios contra Polonia en el Tribunal de Justicia de la UE y ha reclamado un debate amplio sobre un problema que se ha de tomar en serio: la distinta percepción de la UE por parte de los socios. El foro, ha sugerido, podría ser la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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Charles Michel también ha pedido firmeza y distensión a un tiempo. “Tenemos que ser estrictos: el Estado de Derecho y los principios de gobernanza forman el proyecto europeo”, ha dicho. “Tenemos instrumentos institucionales y jurídicos que podemos utilizar”. Pero también ha pedido “diálogo para obtener resultados positivos”.
Morawiecki, que ha abierto la sesión dedicada al Estado de derecho, ha asegurado que Polonia está planeando reformas que tocarán las cuestiones planteadas en las sentencias del TJUE, tal y como ya habían anunciado en agosto y septiembre (algo de lo que la Comisión no ha visto resultados concretos). “Lo repetimos ahora”, se ha comprometido ante sus homólogos, “pero ni el gobierno ni el parlamento actuarán bajo la presión de ningún chantaje”.
Morawiecki ya adelantó este lunes su postura en una carta dirigida a sus homólogos en la que alertaba de una supuesta deriva “muy peligrosa” hacia una UE “centralizada” y sin “control democrático”. Enfrente se encuentran otros líderes habituales en las trifulcas sobre valores de la democracia liberal, como los del Benelux.
Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, ha sido uno de los más tajantes, llegando a pedir que el Consejo resucite el procedimiento del artículo 7, también conocido como el botón nuclear de la Unión, ya que fue pensado como una especie de arma disuasoria de último recurso frente a los países que incumplen los valores fundamentales del bloque.
“Tenemos que ser duros”, ha subrayado Rutte, a quien más que la sentencia del Constitucional polaco, le preocupa la falta de independencia del poder judicial. Sería “difícil” ver cómo el dinero de los fondos de recuperación fluyen hacia Polonia “cuando esto aún no se ha resuelto”.
Polonia, junto a Hungría, es uno de los pocos socios comunitarios que aún no ha visto aprobados sus fondos de recuperación, precisamente por las dudas sobre el Estado de derecho. A ojos de muchos socios sería intolerable. Mientras, Bruselas negocia con Varsovia desde hace semanas hitos concretos para dar luz verde a los 36.000 millones de euros y soltar el primer cheque a Polonia. Entre otras cosas, reclama que reforme de su cuestionado sistema judicial, incluido el desmantelamiento de la controvertida sala disciplinaria del Tribunal Supremo, que la Comisión considera contraria a la independencia judicial.
El debate sobre el Estado de derecho se ha dejado para el final de la jornada. Ha durado en torno a dos horas y ha transcurrido en una “atmósfera serena” indican fuentes del Consejo; se han escuchado los distintos puntos de vista, y se ha hecho un balance de los distintos instrumentos que están a mano o que podrían activarse. El presidente del Consejo, añaden estas fuentes, ha concluido que el “diálogo político debe seguir para encontrar soluciones”.
Cotización desbocada del gas
El debate sobre la cotización desbocada del gas lleva meses construyéndose en la Unión Europea, con España al frente de una especie de entente de la energía junto a otros países como Francia, Italia y Grecia, empujando palmo a palmo por colocar el asunto en el centro de la agenda política. En parte, esta alianza energética va ganando la batalla: Von der Leyen ni siquiera hizo mención a la crisis del gas en septiembre en su discurso sobre el estado de la Unión; en cambio, la semana pasada, tras la presión de Madrid y otras capitales, el Ejecutivo comunitario sacó adelante una batería de propuestas y la materia ha ido escalando puestos hasta situarse bien arriba de las preocupaciones existenciales de los Veintisiete.
A última hora de este jueves, el debate seguía encallado y el presidente del Consejo Europeo pugnaba por acordar unas conclusiones que satisficieran a todos. Francia, junto a otros países, querían aprovechar la ocasión para defender la energía nuclear como fuente necesaria para alcanzar una transición energética que deje atrás los hidrocarburos.
Finalmente, las conclusiones se han pactado al filo de la media noche. En ellas, el Consejo pide a los Estados miembros que hagan uso urgente de las herramientas propuestas por la Comisión para aliviar a los colectivos vulnerables, e invita al Ejecutivo comunitario a que estudie el funcionamiento de los mercados del gas y de la energía y del comercio de derechos de emisión de CO2, para que valore si algunos movimientos de compraventa necesitan de acción regulatoria. También pide a la Comisión y al Consejo que consideren medidas a medio plazo que busquen una mayor “resiliencia” del mercado de la energía. Pero no va mucho más allá de lo que ya había, y posterga el debate a un consejo extraordinario de ministros de energía previsto la semana que viene y a la próxima cumbre de diciembre.
Merkel, en su entrada, ha pedido separar el debate de los precios del ambicioso camino que ha emprendido la UE hacia la transición ecológica, y ha valorado positivamente la reciente propuesta de la Comisión para hacer frente al alza. La canciller reclama prudencia en la reacción: con medidas de apoyo social hacia los colectivos afectados, pero sin reformas drásticas del mercado.
Una mayoría de países han llegado al encuentro ya satisfechos con la respuesta europea, al menos así lo ven diversas fuentes consultadas, entre ellas el Consejo y la Comisión. Confían en que se trate de una escalada transitoria, que tocará a su fin en primavera, aunque sí temen que puede tener graves efectos en la senda de remontada económica: los costes industriales y de producción subirán más que en otras regiones, como Estados Unidos, impactando de lleno en las exportaciones europeas.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha intervenido en el debate para destacar la dimensión “geopolítica” del problema de los precios del gas, muy relacionado además con el vecino ruso. En la discusión energética, que se ha prolongado durante las primeras horas de la cumbre, el debate ha sido muy abierto, con posiciones muy diversas en función de la posición geográfica de cada país, según ha comentado una fuente presente.
Las discusiones han tenido como base la reciente comunicación de la Comisión, que reconoció la semana pasada la gravedad del momento, con un aumento del 200% de los precios mayoristas de la energía y la constatación de la dependencia europea del combustible (las importaciones alcanzan el 90%). Su propuesta, sin embargo, fue en gran medida un conjunto de herramientas a corto plazo limitadas a lo que ya existe: ayudas y rebajas fiscales para aliviar a personas y empresas vulnerables, sin salirse una coma de la legislación europea. Bruselas también recogió propuestas novedosas como la compra conjunta y la creación de reservas de gas, pero no para su aplicación inmediata, sino para “explorarlas”; igual que se comprometió a estudiar el actual mercado de la energía y la posible especulación en el comercio de emisiones de CO₂.
La comunicación dejó insatisfechos a países como España, que llegaba a Bruselas con una “posición contundente” y de “máxima ambición”, según fuentes gubernamentales, aunque el mensaje a la puerta del presidente del Gobierno ha rebajado las expectativas. “Nos parece un buen paso”, ha valorado Sánchez la propuesta del Ejecutivo comunitario de la semana pasada, aunque ha señalado que “el objetivo de España es continuar avanzando en el debate”. Y ha marcado como clave el mes de noviembre, cuando se prevén los análisis preliminares sobre el funcionamiento del mercado de la energía y el precio disparado del gas que ha encargado la Comisión. “Nos gustaría que fuéramos más rápido, pero estos son los tiempos de Bruselas”, ha dicho Sánchez con la vista puesta ya en la próxima cumbre de líderes en diciembre. Fuentes gubernamentales han valorado el acuerdo finalmente alcanzado como muy positivo.
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