El principal obstáculo para activar el fondo de recuperación europeo y el marco presupuestario para los próximos siete años va camino de desaparecer. Las negociaciones entre bambalinas de Berlín con Hungría y Polonia para desbloquear ese dinero, clave para la reactivación económica de la UE tras la pandemia, parecen avanzar a marchas forzadas. A 24 horas de la cumbre europea que arranca este jueves, tanto Budapest como Varsovia, reacios a vincular los pagos al cumplimiento del Estado de derecho, dan ya claras señales de su disposición a levantar el veto a esos dos instrumentos financieros. Fuentes europeas han indicado a EL PAÍS que el acuerdo definitivo está prácticamente hecho.
“Estamos esperando una confirmación definitiva”, señala una fuente diplomática. “De momento se ha esbozado un acuerdo preliminar. El trabajo y las negociaciones continúan”, ha abundado el presidente polaco, Andrzej Duda, en conferencia de prensa.
Polonia y Hungría se negaban hasta ahora a permitir la tramitación de los presupuestos para intentar abortar un nuevo reglamento que permite suspender los fondos europeos a los países donde la erosión del Estado de derecho ponga en peligro el uso adecuado de los recursos financieros de la UE. La ofensiva de los dos países de Europa central para retirar el proyecto ha fracasado, pero la UE parece dispuesta a ofrecerles una vía de retirada mediante una declaración que reafirme la aplicación del reglamento de manera ecuánime a todos los Estados miembros. El fin de este contencioso permitirá liberar los 750.000 millones que la UE acordó en verano poner a disposición de los Estados más afectados por la pandemia (entre ellos España, que puede acceder a 140.000 millones entre subvenciones y préstamos).
El acuerdo en ciernes se plasmará en unas conclusiones del Consejo Europeo a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS y en las que se reafirma el compromiso de aplicar el nuevo reglamento “de manera objetiva, justa, imparcial, basada en hechos, no discriminatoria y con trato igual para todos los Estados miembros”.
Piotr Muller, portavoz del Gobierno de Polonia. En vídeo, Muller asegura que ve posible un acuerdo con la Unión Europea para los presupuestos.
La concesión más significativa de los socios europeos es el compromiso de que las medidas punitivas del reglamento, que permitirá cortar los fondos cuando se demuestren violaciones del Estado de derecho, no se aplique hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie en caso de que algún socio impugne la nueva norma. Ese recurso judicial lo presentarán, con casi toda seguridad, Budapest y Varsovia. Durante el período del probable pleito, la Comisión elaborará unas directrices sobre la aplicación del reglamento, pero no las concluirá hasta que cuente con la jurisprudencia que emane del tribunal. Esta propuesta permite a Hungría y Polonia ganar tiempo, ya que el proceso será más largo de lo previsto, a la espera de lo que dictamine la corte europea. Pero no impide la entrada en vigor del reglamento desde el primer día, previsiblemente el próximo 1 de enero.
El texto ofrece “una interpretación jurídica que completa pero no cambia el reglamento”, señala una fuente diplomática. El encaje de bolillos preparado por la presidencia alemana intenta acomodar algunas de las demandas de Hungría y Polonia sin variar ni una coma del texto pactado con el Parlamento Europeo. El freno de emergencia que reclamaban los dos países, para elevar cualquier decisión relacionada con el reglamento a una cumbre europea en la que se requiere unanimidad, no ha sido recogido.
En su versión actual, la propuesta de acuerdo solo ofrece a los Gobiernos húngaro y polaco una victoria pírrica y temporal, porque la necesidad de esperar al pronunciamiento del tribunal para la aplicación total del reglamento se puede resolver en cuestión de meses o, como mucho, en un año o dos. “Cuando hay un tema sensiblemente político, el tribunal puede actuar con mucha celeridad”, recuerda una fuente europea.
Tanto la vía de una declaración aclaratoria como la posibilidad de ir al tribunal se les había ofrecido desde el principio a Budapest y Varsovia. Pero el Gobierno húngaro de Viktor Orbán, sobre todo, había rechazado la propuesta por considerarla insatisfactoria. Ahora la acepta, aunque prefiere hacer una lectura positiva.
Orbán señalaba en la noche del martes que el acuerdo estaba cerca tras las negociaciones mantenidas en las últimas semanas con Alemania, que ostenta la presidencia semestral de la Unión. “Creo que estamos cerca de un acuerdo, que sería una victoria, un resultado bueno para Polonia y Hungría y también podría ser muy bueno para la UE”, señalaba el primer ministro húngaro en declaraciones a una cadena de televisión polaca.
Este miércoles, el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, lo daba también por hecho, aunque se trata de uno de los miembros del Gobierno de Mateusz Morawiecki que siempre se ha mostrado en contra del veto. El pacto, de hecho, sigue pendiente de confirmación oficial en las tres capitales implicadas (Berlín, Budapest y Varsovia) y está sujeto todavía a posibles disputas, en particular, en el seno del Gobierno polaco, donde el ala más dura se resiste a aceptar el reglamento.
Los términos de la declaración también pueden plantear problemas entre socios como Países Bajos o Suecia si Berlín ofrece un tipo de mecanismo que permita a Budapest, Varsovia o cualquier otra capital neutralizar en el futuro la aplicación efectiva del reglamento. El Parlamento Europeo, firme partidario del reglamento, también se mantiene vigilante.
En Bruselas, pese a todo, cunde la sensación de que el veto húngaro-polaco puede tener las horas contadas. Y fuentes comunitarias observan con alivio la posibilidad de sortear uno de los mayores problemas que afronta la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de esta semana. El bloqueo afectaba, de rebote, al acuerdo sobre reducción de emisiones de dióxido de carbono, que demanda una potente financiación comunitaria y que también se espera cerrar durante los dos días de la cumbre.
El legado de Merkel
El doble fiasco en esos dosieres supondría una seria amenaza para la recuperación económica de la UE tras la pandemia y para la credibilidad internacional del club en la lucha contra el cambio climático. Y hubiera hundido el balance de la presidencia semestral de la UE, ocupada por Alemania desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, la última ocasión en que la canciller alemana, Angela Merkel, estará al frente del club.
El probable acuerdo con Hungría y Polonia salvará el legado europeo de la canciller y permitirá que la Unión entre en 2021 con un marco presupuestario de un volumen sin precedentes (1,8 billones de euros en total para siete años) y con un compromiso de reducir sus emisiones de CO2 en un 55% en 2030 en relación con el nivel de 1990.
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