La mano de hierro en la política migratoria danesa se sienta en el banquillo. Pocas horas después de que el mundo asistiera a la decisión estadounidense de someter a un segundo impeachment a Donald Trump, el Folketing (Parlamento) daba señales de activar su propio proceso de reprobación política, popularizado en Dinamarca con el término inglés. En este caso, el procedimiento no afecta a una dirigente en activo, sino a la anterior ministra de Integración, Inger Stojberg, de 47 años, por haber separado de manera ilegal a varias parejas de migrantes jóvenes que en 2016, en plena crisis de refugiados en Europa, pedían asilo en el país escandinavo de casi seis millones de habitantes. Stojberg, conocida dentro y fuera de Dinamarca por su mano dura en inmigración, se convierte así en la primera política sobre la que pesa un impeachment desde 1995, y en la sexta en la historia del país. Es una decisión “histórica”, coinciden los expertos.
A Stojberg, que ostentó la cartera de Integración entre 2015 y 2019 y hoy es diputada del principal partido de la oposición (Venstre, liberales), se le acusa de haber separado al menos a 22 parejas de migrantes jóvenes pese a que los servicios jurídicos y numerosos abogados se lo desaconsejaron porque no medió una investigación ad hoc y carecía de base legal. La exministra alegó en su momento que tomó la decisión de las separaciones, siempre y cuando la mujer fuera menor de 18 años, para evitar que estas fueran forzadas a contraer matrimonio, algo prohibido en Dinamarca.
Este jueves, tras conocer el futuro judicial que le espera al anunciar al menos 113 diputados (de 179) que votarán a favor del impeachment el próximo mes, Stojberg volvió a defenderse en un elocuente comentario en su página de Facebook a una noticia que publicaba la cadena pública DR sobre un matrimonio forzado entre una adolescente de 14 años y su primo de 28. “Me duele el estómago y me pongo triste cuando leo esto. Una niña se casa con su primo (…) Realmente espero que todos los ministros de Relaciones Exteriores, independientemente del color del partido, intervengan. No podría perdonarme a mí misma si mi intervención en 2016 hubiera sido un fracaso [en referencia a las separaciones de parejas jóvenes]. Las niñas-novias son un fenómeno terrible y haré, como habría hecho entonces, todo lo que pueda, dentro de la ley, para proteger a las niñas”, escribió.
El problema no viene de la separación de parejas migrantes en sí, sino de que no había base legal para hacerlo, señala al teléfono Kasper Moller Hansen, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague. “Si se hubiera disculpado o reconocido el error en su momento, el impeachment no hubiera pasado. No estaríamos en esta situación. El problema es que ella sigue creyendo firmemente en que no ha hecho nada malo”, continúa. Y pone de ejemplo la dimisión el pasado noviembre del ministro de Agricultura, Mogens Jensen, por el escándalo de la matanza de 17 millones de visones (sin base legal ni debate en el Parlamento) como medida para atajar una variante del coronavirus. “Él se disculpó, asumió su error y dimitió”, argumenta Moller Hansen.
El largo proceso de impeachment, que en Dinamarca lo puede activar exclusivamente el Folketing o la Corona, llevaba siendo estudiado desde 2017, cuando el Defensor del Pueblo danés criticó las separaciones de parejas a raíz de la denuncia de una de estas. Pero el Gobierno socialdemócrata de la primera ministra, Mette Frederiksen, y los propios compañeros de filas de partido de Stojberg, con quienes la relación empeoró en diciembre porque la obligaron a dejar la vicepresidencia de la formación, han terminado por dar el golpe de gracia. “Sobre la base de evaluaciones legales claras, el grupo parlamentario socialdemócrata ha optado por acordar que el Folketing inicie un caso judicial nacional”, anunció el jueves Frederiksen a través de un comunicado. “El Folketing ha sido claro: ‘Necesitamos aplicar la ley. Ningún ministro está por encima de ella”, ilustra el politólogo en conversación telefónica.
Los expertos apuntan al próximo verano como la fecha en la que se iniciará formalmente el proceso. Lo juzgará una corte especial del Tribunal Supremo creada en 1849 para actos ilegítimos de ministros, y que ha sido activada solo cinco veces en la historia de Dinamarca: tres en el siglo XIX y dos en el siglo XX. La última vez fue en 1995, cuando a Erik Ninn-Hansen, exministro de Justicia, se le impuso una pena de prisión condicional de cuatro meses por su responsabilidad en la prohibición de la entrada al país de refugiados tamiles de Sri Lanka.
Camino complejo
La exministra encarará ahora un camino judicial largo —probablemente de más de un año— y muy “complejo”, señala Mikael Rask Madsen, profesor de Derecho en la Universidad de Copenhague, que sería un híbrido entre un juicio político como el que estos días se está viendo en Estados Unidos contra Trump y un juicio legal al uso en el que, sin embargo, el Folketing actúa como fiscal. “De todas formas, la vertiente política está ahí”, enfatiza.
Esta corte consta de un máximo de 15 jueces del Supremo y un número igual de personas designadas por el Parlamento. Estos no son diputados, sino “por lo general expolíticos que actúan de forma independiente” y que aportan su experiencia profesional. “No actúan como políticos, sino como jueces legos con experiencia en política”, aclara el profesor.
La polémica siempre ha acompañado al nombre de Inger Stojberg quien, de ser declarada culpable, podría afrontar desde una pena de prisión a una multa económica o la absolución. “[Ella] Ha representado una línea dura en temas de inmigración y también defendía llevar las convenciones internacionales al límite cuando era ministra de Integración”, explica Rask Madsen a través de un correo electrónico.
Fue ella quien ideó la ley que obligaba a las autoridades a requisar los objetos personales —joyas incluidas— de los refugiados con el fin de que se costearan sus gastos de manutención; la que orquestó una campaña mediática contra la inmigración libanesa; la que puso a los llamados “guetos” en la diana; la que quiso desterrar a los migrantes que iban a ser deportados a una isla en el Báltico; incluso la que celebró su 50ª ley antinmigración soplando las velas de una tarta, una estampa que subió a las redes sociales alimentando la bronca migratoria que ha imperado en la UE durante el último lustro. El ex primer ministro Lars Lokke Rasmussen, que dirigía el Ejecutivo del que formaba parte Stojberg y que ahora se declara independiente, ha sido, sin embargo, exculpado.
Solo la ultraderecha vota en contra de iniciar el proceso
De los 41 diputados que tiene el partido liberal de Stojberg (Venstre), 32 han votado a favor de que se siente en el banquillo del Tribunal Supremo y nueve en contra. Los demás partidos con representación en el Folketing también se declaran a favor, a excepción de un puñado de diputados que piden pruebas más contundentes de que efectivamente actuó sin base legal, independientemente de que estuvieran en contra o a favor de sus políticas migratorias. La extrema derecha del Partido del Pueblo Danés y los del —más a la derecha aún— Nye Borgerlige (La Nueva Derecha) no solo están en contra de iniciar el proceso de ‘impeachment’, sino que intentan ahora cortejar a la que quizás fue una de las políticas europeas más duras contra la inmigración en aquellos años convulsos.
Pero en Dinamarca, lejos de criticar una política migratoria polarizadora y que en su momento generó muchísima polémica tanto en Copenhague como en Bruselas, los analistas señalan ahora el debate que se ha abierto en torno al respeto al Estado de derecho —que es lo que se va a juzgar— y el respeto a las leyes y costumbres del país escandinavo. “Se presenta un dilema enorme porque está claro que no se puede hacer algo ilegal, pero tampoco se pueden permitir este tipo de matrimonios forzados en Dinamarca. Aquí tampoco se permite tener más de una esposa”, ilustra el politólogo Kasper Moller Hansen, de la Universidad de Copenhague.
Organizaciones como el Consejo Danés para los Refugiados, el Instituto Danés de Derechos Humanos y la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) han rechazado comentar nada que guarde relación con el ‘impeachment’ a la exministra.
Source link