José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar son la nueva cúpula de CaixaBank. Gozan de sólida reputación como banqueros profesionales. Por eso es más desconcertante que hayan cometido la imprudencia de asignarse —mediante proceso legal, con la sucesiva aprobación de los tres órganos de filtro— unos altos sueldos que herirán muchas sensibilidades, justo cuando están embarcados en un ajuste laboral que supondrá el despido colectivo de 7.791 empleados de su plantilla.
Goiri pasa a cobrar 1,65 millones de euros anuales (y hasta 2,1 millones con el variable, si cumple las previsiones, y un incentivo a largo plazo), que triplican de largo su remuneración como presidente de la fusionada Bankia (500.000 euros, limitados por ley). Gortázar mantiene sus 2,26 millones como consejero delegado del antiguo (y del nuevo) CaixaBank, y hasta 3,4 millones contando el bonus, al que renunció en 2020.
Tiene razón el presidente en que ambos sueldos son “claramente inferiores” a los de otros grandes: en 2020 Ana Botín (Santander) percibió 8,1 millones (sueldo y pensión); su consejero delegado, Antonio Álvarez, 6,88 millones; Carlos Torres (BBVA), 5,5 millones; su segundo, Onur Genç, 4,29 millones. Y así.
Pero la tiene menos cuando aduce que su propio sueldo “es inferior a las referencias comparables del mercado”. Porque a ninguna otra entidad como Bankia se la rescató con una ayuda pública de 24.000 millones de euros (que pagará el contribuyente, contra lo que juró el entonces ministro Luis de Guindos). Ninguna planea despedir a más de 7.000 empleados (aunque se prevé que el sector liquide este año a unos 21.000). Ninguna hasta hoy justifica alzas de sueldos por la nueva posición de los directivos en la entidad fusionada, cuando el ajuste laboral asociado a la fusión es lo que permitirá incrementar notoriamente la rentabilidad de la nueva CaixaBank: desigual reparto.
La decisión del banco llega tras avisos del BCE, que en 2020 recomendó a todos “revisar” la remuneración de los directivos; la advertencia de la vicepresidenta Nadia Calviño de que “los altos sueldos y bonus” a directivos de banca eran “inaceptables” (21 de abril) y el consejo de “extrema prudencia” para dividendos y remuneraciones que vehiculó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (el 13 de mayo, justo la víspera de que la junta de CaixaBank aprobase los nuevos sueldos). Tanto el Gobierno, como el supervisor nacional, como el BCE disponen de mecanismos para que esta imprudencia no se repita. Seguirá.
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