Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “sería mejor que no existiera” el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) porque, de esa manera, se daría un ahorro de mil millones de pesos al presupuesto federal, los cuatro comisionados coincidieron en que el costo operativo debe valorarse en función de la aportación que brinda a la sociedad.
¿Qué cuesta más, impulsar políticas de transparencia e impulsar acciones decisivas para fomentar gobiernos que rindan cuentas, o permitir que sigamos viviendo en el secretismo y que se sigan manteniendo actos de corrupción?, cuestionó la comisionada presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra Cadena en entrevista con Aristegui en Vivo.
De acuerdo con estimaciones presupuestales de la comisionada Ibarra, la operación del INAI cuesta a cada mexicano aproximadamente 7 pesos anuales.
Ibarra agregó que desde el 2018 el presupuesto anual del INAI ha bajado en más del 30%, de acuerdo a la asignación que se ha hecho por la Cámara de Diputados en los últimos cuatro años.
Precisó que ese presupuesto se destina a la vigilancia de las obligaciones en materia de transparencia de aproximadamente 800 sujetos obligados a nivel federal, y cerca de 8,000 autoridades locales a nivel nacional.
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Por su parte, la comisionada Josefina Román contrastó el presupuesto anual del INAI, de aproximadamente mil millones de pesos, con los 15,000 millones de pesos del erario federal que presuntamente fueron desviados fraudulentamente por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Para la comisionada Román, este es un ejemplo de cómo entonces “es mucho más cara la corrupción” que la operación del INAI.
“El INAI es un pilar, no solo de la democracia, sino también de un combate a la corrupción”, sostuvo Román, y añadió que el Instituto es “un referente a nivel internacional por cómo hemos venido realizando el trabajo, en materia de transparencia y el derecho al acceso a la información pública, como el derecho humano a la privacidad y a la protección de los datos personales”.
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¿A quién le conviene la opacidad?
La comisionada Román consideró que la idea de desaparecer el INAI le podría resultar conveniente a todos aquellos que “no les gusta la transparencia, ya que evidentemente tendrían libertad para generar corrupción y tendrían libertad para generar impunidad”.
“El primer pilar del combate a la corrupción, preventivamente hablando, es la transparencia y el derecho de acceso a la información. Es un ciclo que debe ser virtuoso, y nosotros somos ese primer pilar preventivo del combate a la corrupción”, añadió.En este sentido, durante la entrevista los cuatro comisionados en funciones exhortaron al Senado de la República a realizar los nombramientos de los tres comisionados faltantes, ya que su ausencia mantiene al INAI inoperante.
“Hacemos un atento y respetuoso llamado al Senado de la República a concluir con los nombramientos para que podamos ser siete comisionados y garantizar a las personas su derecho a saber y a proteger sus datos personales”, manifestó Blanca Lilia Ibarra Cadena.
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La información para el combate a la corrupción
Los comisionados destacaron que, desde su fundación hace 20 años como Instituto Federal de Transparencia (IFAI), y posteriormente como INAI, el organismo autónomo ha permitido el acceso a información pública gubernamental que ha permitido a investigadores y periodistas revelar casos de corrupción de vital trascendencia para la vida sociopolítica del país.
“Para eso sirve el INAI, para transparentar la vida pública, para fortalecer la democracia, para ayudarle a los ciudadanos a que participen en la vida pública, y proponer también mejoras en las políticas y en los programas de gobierno”, sostuvo la comisionada Ibarra.
Durante la entrevista, el comisionado Adrián Alcalá recalcó que dichas revelaciones se han podido lograr a través de cuatro sexenios: desde los elevados costos de toallas comprados para el uso personal del entonces presidente Vicente Fox, hasta los implicados en el incendio de la Guardería ABC durante la gestión de Felipe Calderón, así como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, hasta los presuntos desvíos ilegales de Segalmex y el espionaje con Pegasus de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
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La protección de datos personales
Para la comisionada Norma Julieta del Río, el INAI ha tenido logros importantes en materia de protección de datos personales.
Recordó que, gracias a la acción de inconstitucionalidad que presentamos en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), los ciudadanos pueden tener un teléfono celular sin necesidad de entregar a empresas privadas y al sector público datos personales y datos biométricos sensibles.
En este ámbito, Adrián Alcalá recordó que también han ordenado a sujetos obligados que corrijan trámites de pensión seguros y liquidaciones, o que entreguen documentos certificados, “aspectos más particulares de una persona que a lo mejor necesita para mejorar su calidad de vida”.
Ante la importancia de mantener la operación del INAI, aún sin cumplir con el requisito legal de contar con siete comisionados que conforman el Pleno del Instituto, se interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se permita sesionar y decidir sobre recursos de revisión con los cuatro integrantes actualmente activos.
La comisionada Ibarra informó que la controversia constitucional interpuesta fue turnada a la ministra Loretta Ortiz, por lo que confía que en los próximos días “no solamente sea admitida sino que se conceda la suspensión para que podamos sesionar cuatro comisionados semanalmente para resolver estos asuntos”.
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