Según la Secretaría de la Función Pública, ese monto no fue explicado o justificado por el ex secretario de Gobernación.
Cuando se desempeñó como Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong tuvo un incremento patrimonial de 14 millones 57 mil 404 pesos, cuyo origen no ha explicado o justificado, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP)
Ese monto, detectado en la investigación patrimonial que realiza la SFP, fue informado en una demanda de amparo que promovió Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo de Osorio Chong, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo, con sede en Pachuca.
El diario Reforma informó que el documento judicial dice que, derivado del procedimiento de verificación, Osorio no explicó o justificó el incremento de su patrimonio. El 24 de junio, la SFP concluyó la investigación y remitió el expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que determine si es procedente presentar una denuncia penal contra Osorio ante la Fiscalía General de la República.
“El acuerdo reclamado deriva del procedimiento de verificación patrimonial seguido a Miguel Ángel Osorio Chong, padre del aquí quejoso”, señala Osorio Vargas en su solicitud.
“Consecuencia de que no explicó o justificó el incremento de su patrimonio, en virtud de su remuneración como servidor público en el cargo de Secretario de Estado en la Secretaría de Gobernación, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, por un monto total de 14 millones 57 mil 404”, agrega el documento judicial.
El 24 de junio pasado la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP concluyó la investigación de la evolución de los bienes inmuebles y cuentas de Osorio Chong y su familia, y estableció en su caso particular la diferencia señalada, informó el periódico este sábado.
Enseguida, esta área remitió el expediente de verificación patrimonial VP/085/2019 a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia para que determine si es procedente presentar una denuncia contra el coordinador de la bancada del PRI en el Senado ante la Fiscalía General de la República, señala el informe judicial consultado por Reforma.