La industria agroalimentaria, el sector primario y la hostelería se han unido en su rechazo a la intención del Gobierno de elevar el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%. Esta medida, que está incluida en el Plan Presupuestario que el Gobierno envió el pasado jueves a Bruselas, mermaría la facturación directa del sector en entre 119 y 370 millones, según un estudio elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y presentado este martes. “Es un impuesto injusto y discriminatorio en el peor momento posible”, ha lamentado Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), durante una rueda de prensa que ha contado con la participación de las principales asociaciones representantes de la cadena alimentaria.
Posibles modificaciones a la fiscalidad de los alimentos ya estaban contempladas, aunque no detalladas, en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos de 2019: ambas formaciones se comprometían en ello a revisar “la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares”. El Ejecutivo pretende ahora subir el IVA a bebidas azucaradas y edulcoradas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para impulsar “hábitos más saludables” y la vez “seguir las recomendaciones de numerosos organismos internacionales que recomiendan a España limitar la aplicación de tipos reducidos en el IVA”, reza el Plan Presupuestario.
El Gobierno ha calculado que esta subida del 10% al 21% aportaría 340 millones adicionales a las arcas públicas en 2021 y otros 60 en 2022. En total, 400 millones en dos años que se sumarán al resto de cambios tributarios que el Gobierno quiere implementar para recaudar, según sus cálculos, unos 9.000 millones entre el año que viene y el siguiente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado en varias ocasiones que la subida fiscal a las bebidas azucaradas y edulcoradas no tiene afán recaudatorio, sino se ha aprobado con el objetivo de cambiar hábitos en un país donde hay más de un 15% de obesidad infantil.
El informe de PwC, por su parte, alerta de que la pérdida de valor agregado bruto para el conjunto de la cadena alimentaria a causa de la subida del IVA oscilará entre los 110 y los 344 millones, siendo la industria y el sector agrario los eslabones más golpeados. Además, puede conllevar a una destrucción de entre 2.000 y 6.000 empleos. “Muchos Gobiernos han implementado medidas fiscales para cambiar hábitos”, ha dicho la directora Strategy&Economics de PwC, Anna Merino, quien ha presentado el estudio. “En Francia y México, donde más tiempo llevan, el efecto es limitado o no concluyente”.
Merino ha añadido que esta medida, al afectar a un impuesto indirecto, tendrá un efecto regresivo que golpeará más a los hogares más vulnerables, y hará que estos aporten a la recaudación hasta un 22% más de lo que les correspondería según su contribución a la renta nacional. “No parece haber una reacción extrafiscal a este impuesto. La Organización Mundial de la Salud dice que para que haya un cambio de hábitos el incremento de precios debería de ser superior al 20%”, ha afirmado.
“Si queremos luchar de forma efectiva contra la obesidad tenemos que hacerlo con enfoque multisectorial basado en una colaboración público-privada. Aumentar la presión fiscal no es la vía para solucionar los problemas”, ha defendido José María Bonmatí, secretario general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Aecoc.
El impuesto catalán
Cataluña aprobó en 2017 una subida fiscal a las bebidas azucaradas modulada en función de la concentración de azúcar. Un estudio publicado en 2019 por el Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) ―organismo que evalúa la eficiencia de las políticas públicas, participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la UPF― concluyó que esta medida era eficaz en términos de mejora de la salud pública y reducción de los costes sanitarios. La Generalitat logró una recaudación extra de más de 22 millones el año que puso en marcha el impuesto, y el consumo de estos productos se redujo un 22%, según un estudio del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra y el Institut d’Economia de la Universitat de Barcelona.
Josep Puxeu, director general de Anfabra (Asociación de Bebidas Refrescantes) ha contestado este martes la eficacia de la tasa catalana y ha recordado que en muchos establecimientos de hostelería entre el 20% y el 25% de los ingresos vienen de los refrescos. “Estamos ante una medida injusta e inoportuna que viene a desincentivar el consumo”, ha añadido Paula Nevado, secretaria general de Marcas de Restauración. La hostelería está siendo particularmente golpeada por las restricciones impuestas a los movimientos y la caída del turismo determinada por la pandemia, al punto que la patronal estima que un tercio de los establecimientos tiene riesgo de cierre antes de que acabe el año.
“Solo en Castilla y León afecta a 5.000 empleos”, ha añadido Pedro Barato, presidente de la asociación agraria Asaja: “Parece que quieren [el Gobierno] sanear las cuentas a base de impuestos, no sanear la salud. Por ello como sector agrario estamos muy preocupados”. “Estamos todos juntos en contra de esta medida”, ha concluido García de Quevedo, de Fiab. “Queremos hacer un llamamiento al Gobierno de cara a los Presupuestos a que sea sensibles a la situación social que vive el país tanto económicamente como socialmente”.
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