El Consejo General del INE multó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, con 448 mil 100 pesos por ser “responsable solidario” de haber recibido recursos de su familia por 14.2 millones de pesos en la campaña por el gobierno estatal, en el proceso electoral de 2021.
El organismo electoral tomó esta determinación, con el fin de cumplir la sentencia de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al instituto una revisión de la conducta específica de García, luego de que se impusiera a su partido, Movimiento Ciudadano, una multa de 28 millones de pesos por estos hechos.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Jaime Rivera, explicó que “en cumplimiento a lo mandatado por la Sala Superior, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó un nuevo análisis y valoración respecto de las circunstancias específicas del caso, concluyendo que el ciudadano Samuel Alejandro García, como candidato, sí tuvo responsabilidad en la recepción de las aportaciones, ya que se acreditó que tuvo pleno conocimiento de las aportaciones, motivo de esta queja, que a través de sus familiares realizaron las empresas de las que son socios”.
Además, precisó que por tratarse de una infracción de una persona física y de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el máximo de la multa es de cinco mil Unidades de Medida y Actualización. “En este caso, la multa asciende a esa cantidad: 448 mil 100 pesos”, insistió.
La consejera Carla Humphrey aseguró que “la sanción es particularmente baja y no cumple con las finalidades de prevención, disuasión e inhibición que deben satisfacer las sanciones para garantizar que, efectivamente, la infracción de que se trate no se vuelva a cometer”.
“Si en realidad se aspira a tener pleno conocimiento del origen, monto y aplicación de los recursos que se utilizan en las campañas electorales, es claro que la autoridad no sólo debe contar con plenas atribuciones de investigación y con la colaboración interinstitucional, sino también para sancionar de manera ejemplar las faltas de las que tenga conocimiento, pues de no ser así, la norma deviene ineficaz en cuanto a su objetivo y finalidad y se generan incentivos perversos para que algún sujeto obligado pretenda incumplir la ley”, aseveró.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama dejó en claro que “si este asunto está sobre la mesa fue gracias al trabajo de fiscalización de esta autoridad electoral que rastreó los depósitos, gracias a la posibilidad de trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en este caso el bancario, que aportó elementos para conocer que las aportaciones de personas físicas al partido Movimiento Ciudadano tuvieron antes un movimiento en el sistema financiero desde personas morales, es decir, desde empresas que tienen expresamente prohibido contribuir a la vida política”.
Más que considerar que es una corrección de plana, dijo, “creo que es la expansión de un criterio que vale la pena tomar en cuenta en lo sucesivo y es que cuando hay financiamiento irregular a los partidos, por supuesto que es responsabilidad de los institutos políticos, pero también hay responsabilidad de personas físicas concretas que a veces incluso tienen conductas contrarias a la ley y dejan que las sanciones recaigan sólo en el partido”.
Mientras que la consejera Claudia Zavala dijo que “miente en la mesa quien dice que tenemos raseros diferentes, en que las sanciones y las infracciones son diferentes”.
Reiteró que el Consejo General del INE sanciona a quien tiene que sancionar: “En este caso, “tenemos claridades y la claridad es que, ya se había dicho, hubo una triangulación de recursos”.
El 200% del monto involucrado, recalcó, “se aplicó a Movimiento Ciudadano, en otros partidos lo hemos aplicado igual y hoy lo que tenemos es un límite por el principio de taxatividad, pues tenemos un límite que el legislador nos da, que son estas cinco mil” Unidades de Medida y Actualización.
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