Los datos de la evolución de los precios en marzo arrojan muy malas noticias. La inflación ha subido este mes al 9,8%, su nivel más alto desde 1985. La gravedad del dato se expresa en que quintuplica casi el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. La cifra conlleva una traducción práctica grave e inmediata para el bienestar ciudadano porque afecta de forma muy negativa a los consumidores y su cesta de la compra y a los asalariados y pensionistas, cuyo poder adquisitivo se ve cuantiosamente mermado. También los ahorradores verán evaporarse, ni que sea transitoriamente, su esfuerzo acumulado a lo largo del tiempo. Las empresas ven cómo sus materias primas y productos semielaborados se les disparan. La economía en su conjunto pierde competitividad y los daños amenazan frontalmente la incipiente recuperación pospandémica.
Quizá lo más preocupante sea, como explica el INE, el hecho de que la inflación repercute en todos los componentes del Índice de Precios de Consumo (IPC), no solo en los directamente afectados por el estallido de la guerra. De hecho, la tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, se sitúa ya en el 3,4%, el nivel más elevado desde septiembre de 2008 y notablemente por encima del objetivo de estabilidad del 2%. Resulta inquietante que los productos y servicios habitualmente más estables empiecen a apuntarse a la carrera alcista. Indica que la presión del precio de los carburantes y otras materias primas se está filtrando a los demás componentes de la cesta de consumo. Así que la lucha contra la inflación, para ser efectiva, debe convertirse en prioridad de la política económica, de los agentes sociales y de toda la ciudadanía. La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ya ha elevado su previsión de incremento de precios para este ejercicio al 6,8%, un escenario que exigirá, como ha subrayado el gobernador del Banco de España, un pacto de rentas para evitar su traslación automática y en la misma cantidad a salarios y pensiones —y a los beneficios repartidos— de esos incrementos. Precipitarse en recuperar lo perdido de forma inmediata realimentaría la espiral de aumentos y sería a la larga más contraproducente para todos.
El Ejecutivo confía en que una posible solución del conflicto suavice las tensiones inflacionistas, pero la invasión rusa de Ucrania ha provocado cambios duraderos, y todo apunta a que la tensión sobre la energía va a seguir mucho tiempo. La decisión de cortar el suministro de gas procedente de Rusia va a presionar al alza el precio de la energía, y su sustitución completa por otras fuentes u otros proveedores no será inmediata. De ahí que la tramitación parlamentaria del plan de choque haría bien en poner el acento en las medidas de reducción del consumo de combustibles y de energía y en la descarbonización de la economía, que a medio plazo proporcionarán importantes ahorros a las economías domésticas y a las empresas.
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