Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda señaló un posible conflicto de interés por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero y del subprocurador Juan Ramos López en el caso de la reapertura de las acusaciones contra los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins, propietarios de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Así lo da a conocer este miércoles el diario El Universal, que cita un documento de la UIF en el que señala que Ramos “afectó la imparcialidad y objetividad de la función como subprocurador de la FGR anteponiendo intereses de negocios de la familia Gertz”.
Ello, debido a que durante su etapa como rector de la Universidad de las Américas (UDLA), entre 1995 y 2018, Gertz emprendió acciones legales contra la universidad poblana por el nombre comercial, logotipo y lema, que eran propiedad de la familia Jenkins.
Según el reporte de la periodista Diana Lastiri, fue a partir desde 2007 cuando el entonces rector Alejandro Gertz emprendió las acciones contra la UDLAP, utilizando los amplios poderes que le fueron concedidos cuando asumió la rectoría en 1995.
En dicho pleito intervino Juan Ramos López, a quien Gertz le otorgó un poder para “pleitos y cobranzas y actos de administración de la UDLA”, mismo que también fue concedido a Alfredo Concepción Ramírez Guerrero y Gustavo Gutiérrez Calderón.
El rotativo detalla que si bien el litigio no prosperó, Ramos López solicitó ese mismo año ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de la marca comercial, logotipo y lema de la Universidad de las Américas, mismo que le fue concedido.
El Universal aseguró el martes que un reporte de la UIF señala que las cuentas de la UDLA fueron utilizadas para transferir cantidades millonarias a nombre del fiscal y de sus familiares, tanto en México como en el extranjero, por casi 150 millones de pesos.
En la ampliación de la información que realiza este miércoles, agrega que las transferencias iniciaron a partir de que en 2014 Mercedes y Alejandra Gertz, así como Julián Antuñano -yerno del fiscal- fueran incorporados como accionistas de la UDLA.
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Juan Ramos pidió también en 2016 y 2018 la cancelación del registro del nombre comercial a la Fundación Universidad de las Américas Puebla, lo que le fue negado, aunque en febrero de 2019 el IMPI le concedió la titularidad del nombre UDLA-CDMX, ya con Gertz al frente de la FGR.
Lastiri detalla que, por otra parte, Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus familiares ante la FGR por administración fraudulenta y lavado de dinero en la Fundación Mary Street Jenkins, mismas que se turnaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales (SEIDF), donde iniciaron las investigaciones.
En mayo de 2018, el Ministerio Público Federal determinó el no ejercicio de la acción penal contra la Fundación Jenkins por el presunto desvío de 228 millones 834 mil 356 dólares, al no encontrar elementos constitutivos de delito, por lo que un juez de Distrito lo consideró “cosa juzgada” en 2019.
Sin embargo, Ramos López, ya como subprocurador de la Fiscalía, revocó el no ejercicio de la acción penal y ordenó reabrir la investigación mediante un acuerdo.
Dicha acción es la que el informe de la UIF citado por El Universal considera como un conflicto de interés, ya que en marzo de 2021 la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) judicializó la carpeta de investigación, lo que derivó en que un juez federal concediera órdenes de aprehensión contra familiares de Jenkins de Landa, mismos que tramitaron amparos contra éstas.
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De acuerdo con el reporte de Lastiri, en julio de 2021 la actual Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició investigaciones contra otros familiares de Jenkins de Landa, mismas que siguen abiertas.
“Parte del expediente principal que estaba en poder de la SEIDF fue enviado a la fiscalía de Puebla, donde se iniciaron dos carpetas de investigación por fraude y fraude específico, mismas que ya fueron judicializadas y un juez de Control de la entidad libró órdenes de aprehensión contra diversos integrantes de la familia y accionistas”, señala el reportaje publicado este miércoles por el rotativo.
Este martes, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció un acuerdo para llamar a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero para que explique las llamadas con el subprocurador Juan Ramos López en las que aparece comentando e interviniendo sobre un asunto penal en que él es parte acusadora y que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La comparecencia será programada para después de la sesión de la Corte del 14 de marzo, cuando se espera que los ministros resuelvan si amparan a Alejandra Cuevas y su madre en el proceso donde son acusadas por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.
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