Investigadores del gobierno federal dijeron este jueves que creen que han habido miles de casos de separaciones de familias adicionales que no han sido reconocidos por la administración del presidente Donald Trump.
Un reporte de la Oficina del Inspector del Departamento de Salud y Servicios Sociales descubrió que las separaciones estaban ocurriendo antes de la primavera del 2018, cuando el gobierno anunció su política de “tolerancia cero” hacia los cruces fronterizos ilegales.
“La cifra total de menores separados de sus padres se desconoce”, indica el informe.
Se cree que podrían ser miles más de los reportados ya que vienen ocurriendo con frecuencia desde el 2017, cuando hubo un alza en los cruces, indica la investigación.
Madre finalmente se reúne con sus hijas
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Al momento, el gobierno de Trump ha identificado poco más de 2,700 casos de menores separados de sus familiares.
La agencia indicó que continuaban descubriendo nuevos casos incluso cinco meses después de que un juez mandara que todas las familias debían ser reunificadas.
Pero la orden del juez federal de California Dana Sabraw no aplica para los casos previos al fallo.
Dicho departamento indicó que “no puede ofrecer información más específica sobre la ubicación de estos niños”, porque “los sistemas de rastreo en uso durante aquel tiempo eran informales y diseñados para fines operativos en lugar de para realizar seguimientos retrospectivos”.
Casa Blanca estudia retomar la separación de familias
A pesar de que no hay ningún registro concreto sobre los menores inmigrantes, el personal de la Oficina de Reasignación de Refugiados reconoce que observó un incremento “significante” en la proporción de niños separados, asegura la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales.
Bajo la Administración del expresidente Barack Obama (2009-2017), la proporción de separaciones familiares entre todas las entradas al país era del 0.3 % a finales de 2016 y subió hasta el 3.6 % en agosto de 2017.
Así, la Oficina de Reasignación de Refugiados ya detalló en noviembre de 2017 que los niños “eran muy jóvenes” y se requería que fueran ubicados en instalaciones con licencia especial pero que “había falta de camas disponibles” para ellos.
La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) anunció en un comunicado remitido que llevará a los juzgados esta “última revelación”.
“Esta política fue un cruel desastre desde el principio. Este informe reafirma que el gobierno nunca tuvo una idea clara de cuántos niños separaron de sus padres”, afirmó el director de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt.
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