La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional contraviene lo dispuesto en la Constitución y pretende ir más lejos de lo que consiguió con la reforma constitucional para crear ese organismo, alertó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La organización civil que se dedica a la defensa de los Derechos Humanos consideró que las modificaciones planteadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea buscan eludir lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución, donde se establece que el Ejército sólo permanecerá cinco años apoyando en tareas de Seguridad Pública.
“Las modificaciones propuestas terminan por contravenir el Artículo 21 constitucional y volver mera letra muerta el carácter civil de esta corporación y su adscripción a la secretaría del ramo. Y aunque es claro que solventa también temas de índole administrativa e incluso laboral, su contenido material sí elude lo que la Constitución establece. Fraude a la Constitución, se le solía llamar a esta proceder”, escribió el director del Centro Pro, Santiago Aguirre, en un análisis publicado en la revista Nexos.
“Con estas modificaciones, la actual administración pretende ir más lejos de lo que consiguió cuando a inicios de sexenio obtuvo, con el concurso de todas las fuerzas políticas, la reforma constitucional que buscaba”.
De acuerdo con Aguirre, la intención de las modificaciones propuestas por el presidente López Obrador es entregar por completo la Guardia Nacional a la Sedena, ya que todo lo relativo a la operación de la fuerza policiaca dependerá de mandos militares.
En seis puntos, el especialista en derechos humanos explicó que el gobierno mantiene la narrativa de que las Fuerzas Armadas han cambiado su actitud y ya no incurren en violaciones de derechos humanos, pues se reportan pocas quejas, sin embargo busca que Sedena tenga un control operativo y administrativo, lo que le quita el carácter civil a la Guardia Nacional.
De acuerdo con el Centro Pro, el cambio propuesto al artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional señala que el primer nivel de mando será de Sedena, mientras que la Comandancia de la Guardia Nacional quedará subordinada al Ejército.
Con esto, el titular de la Sedena asumiría el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y elaborará programas, operativos y estrategias, entre otras funciones, según detalla el numeral 13 bis de la Ley de la Guardia Nacional.
La iniciativa también busca ampliar las facultades de la Guardia Nacional para investigar delitos y blinda a los elementos castrenses de ese cuerpo al ampliar los alcances del fuero militar.
Otro detalle sobre el que Aguirre llama la atención es la entrega de más recursos a Sedena, aunque sin mecanismos de control externos.
“La presentación de la iniciativa supone un reconocimiento tácito sobre la impertinencia de efectuar esta modificación por vía de acuerdo o decreto del Ejecutivo. Esto no implica, sin embargo, como se ha visto, que se haya optado por respetar cabalmente la Constitución”, concluyó.
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