Agencias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia serían las instancias responsables de determinar si un aspirante a un cargo público representa un “riesgo razonable” de mantener vínculos con actividades delictivas, mediante una metodología y criterios establecidos por ellos mismos, según la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso este viernes.
La propuesta establece que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con cinco consejeros del INE solo sería un enlace entre partidos y las instancias de seguridad, por lo que la autoridad electoral no realizaría investigaciones ni decidiría sobre quién representa un “riesgo razonable”.
El documento no establece una definición legal estricta sobre qué constituye un riesgo razonable, sino que delega a instancias de seguridad e inteligencia del Estado la elaboración de criterios para evaluar a los candidatos.
La propuesta presidencial entrega estas nuevas atribuciones a instituciones de seguridad dominadas por el o la titular del Poder Ejecutivo: Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En términos formales la FGR es una institución “autónoma”, pero en el último relevo la presidenta Sheinbaum logró imponer a quien se desempeñaba como su consejera jurídica, Ernestina Godoy.
El 21 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la intención de impulsar este mecanismo de revisión de cara al proceso electoral de 2027.
El objetivo del gobierno federal es evitar que los partidos políticos postulen perfiles con posibles vínculos con el crimen organizado, mediante un filtro preventivo sustentado en la coordinación institucional y bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.
Un día después, el 22 de mayo, la titular del Poder Ejecutivo federal envió formalmente a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Presentación de la iniciativa
La reforma propone crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano técnico y permanente dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), integrado por cinco consejeros electorales designados por un periodo de tres años.
El mecanismo propuesto establece que los partidos políticos entregarán a la comisión del INE listas de posibles candidatos para someterlos a una “evaluación de riesgo”.
La Comisión del INE no realizaría investigaciones directas sobre los aspirantes. Su función consistiría únicamente en recibir los listados y remitirlos, bajo criterios de confidencialidad, a las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y asuntos financieros.
La FGR, el CNI, la UIF y la CNBV cruzarían la información disponible en sus bases de datos. A partir de información indiciaria, objetiva y verificable, estas instancias determinarían si existen elementos para considerar un riesgo razonable de posibles vínculos con actividades delictivas.
Una vez concluido el análisis, las autoridades notificarían al INE únicamente si el riesgo existe o no.
La iniciativa establece que no se detallaría el origen o asunto que generó esa valoración, con el propósito de evitar afectaciones al debido proceso o una posible criminalización anticipada.
El mecanismo tendría una función informativa. Tras recibir la notificación de la Comisión del INE, correspondería a los partidos políticos decidir de forma autónoma si registran o no a la persona evaluada.
Independientemente de la decisión partidista, si las autoridades identifican información relevante durante sus revisiones, podrían iniciar o continuar investigaciones penales o financieras dentro de sus facultades legales.
La reforma no define qué es un riesgo. El uno de los artículos transitorios se escribe que serán las propias dependencias de seguridad las que definirán la metodología para tomar esta decisión.
La reforma busca cambiar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se requiere mayoría simple, la cual tienen a la mano Morena y partidos aliados.