Cada 2,5 minutos un ciudadano vulnerable interpone un recurso judicial llamado tutela en Colombia. La palabra y hasta el verbo inventado entutelar son parte de la vida de todos sus habitantes desde 1991 y se refieren a una acción de carácter urgente que tienen los colombianos para pedir que un juez proteja sus derechos fundamentales. Desde hace casi tres décadas se presentan tutelas para que un hospital atienda con prontitud a un paciente, para que una institución del Gobierno entregue información oficial, se respete el debido proceso judicial, entre muchas otras razones.
Recientemente, un grupo de septuagenarios que lideran la llamada rebelión de las canas entuteló al gobierno de Iván Duque por la medida que los obligaba a permanecer aislados en medio de la cuarentena. Otro ciudadano exigió el principio de separación entre el Estado y la religión, que sintió vulnerado por una publicación del presidente que encomendaba el país a una virgen a través de los canales oficiales. En ambos casos, los jueces dieron la razón a los ciudadanos. Pero como ocurre miles de veces, estas decisiones deben ser revisadas por la Corte Constitucional, el máximo tribunal de Colombia.
Esos son dos ejemplos simples de las miles y muy diversas tutelas que llegan cada día hasta el tribunal y que congestionan la justicia, un motivo de seria preocupación en el país. Peor aún si se tiene en cuenta que la buena parte de las tutelas –207.368 de las 620.000 presentadas en 2019- provienen de ciudadanos vulnerables que recurren a esta acción de forma desesperada para acceder a servicios de salud. El tiempo invertido en el proceso burocrático y las sucesivas instancias puede suponer, en muchos casos, que la respuesta llegue cuando las personas hayan muerto o su situación se haya complicado.
Por eso, en una iniciativa pionera en un máximo tribunal, la Corte Constitucional anunció este martes la adopción de un programa de inteligencia artificial (IA), un sistema predictivo de detección inteligente de sentencias e información llamado Pretoria para facilitar el trabajo de los jueces. El nombre de la plataforma se inspira en el pretor, auxiliar de la justicia romana, y es capaz de agrupar, analizar y clasificar información de las más de 2.700 sentencias diarias que recibe la Corte. Sin la tecnología, una sola persona empleaba al menos un día en leer 30 expedientes para encontrar patrones similares que le ayudaran a definir la prioridad y el criterio de los despachos judiciales.
Con Pretoria, explica Juan G. Corvalán, fiscal y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se pueden procesar las sentencias digitalizadas en segundos y mostrar sus características y criterios clave. Si un juez introduce por ejemplo diversas variables como niñez, pobreza extrema o madres lactantes y elige un lapso de tiempo determinado, el sistema lee las miles de sentencias, cruza la información y le arroja resúmenes que antes tenía que evaluar y redactar de forma manual. Según sus cálculos, la plataforma tiene una tasa de acierto del 90%.
“No conozco ningún tribunal del mundo occidental que reciba el volumen de causas judiciales que recibe el Constitucional de Colombia. El principal problema al que se enfrentaban era sacar el expediente y clasificarlos, hacer casilleros y separar donde estaban las variables. Pretoria, que hace un trabajo mucho más profundo que el de un buscador, les permite actuar con mayor celeridad”, dice el fiscal acerca de la plataforma.
“Vamos a contar con el auxilio de esta plataforma que nos apoyará al alto tribunal en la selección de las tutelas que son objeto de revisión”, dijo el presidente de la Corte, Alberto Rojas, en una rueda de prensa virtual con motivo de la presentación del sistema. Con cada búsqueda, Pretoria arroja también jurisprudencia y estadísticas que pueden servir a la entidad para identificar problemas y plantear políticas públicas.
No es la primera vez que se incorpora inteligencia artificial a la justicia. Países como Estados Unidos y Argentina tienen diferentes sistemas informáticos que avanzan en los estrados judiciales. Pretoria, de hecho, se creó con asesoría del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (Ialab) de la Universidad de Buenos Aires, en alianza con la Universidad del Rosario, de Colombia y entidades privadas del país. En 2018 el Ialab había creado Prometea, un software para resolver pleitos judiciales que utiliza deep learning y ayuda a los oficiales de justicia a obtener un dictamen y estadística para cada caso en menor tiempo. Los avances logrados por esa plataforma argentina, avalada por Naciones Unidas, la OCDE y destacada por el Banco Interamericano de Desarrollo, inspiraron el programa que aplicará Colombia.
Los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia insistieron durante la rueda de prensa en que no se trata de que ahora haya un juez robot, sino de que este es un sistema predictivo que amplía las capacidades de conocimiento de los jueces, pero no los reemplaza. Corvalán lo aclara así: “No existe tal concepto de juez robot porque precisamente es una máquina que fue entrenada por los jueces. No tiene autonomía, sino que hace lo que ellos le digan. Es aprovechar la tecnología para que puedan ser más rápidos y empáticos con las causas que revisan, pero ineludiblemente está bajo la supervisión humana”.
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