La reunión celebrada ayer en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, constituye un paso en la senda del regreso a la normalidad institucional que nunca debería haberse perdido. En el encuentro se acordó reactivar la mesa de diálogo entre ambas administraciones en la tercera semana de septiembre. Como era previsible, Aragonès reafirmó de entrada las demandas de los independentistas, encabezadas por un referéndum de independencia y una amnistía. Ambas reivindicaciones son inasumibles por parte del Gobierno; escapan de su ámbito de competencias al estar fuera del perímetro constitucional. Además de la irreconciliable distancia entre ciertos planteamientos independentistas y el marco constitucional, es previsible que el incipiente diálogo resulte afectado por gestos y retóricas problemáticos y por las maniobras de aquellos que se oponen a él. Sin embargo, ello no significa que no exista un camino que pueda superar la situación de bloqueo político e institucional que suma ya 10 años de choques estériles y aportar beneficios al conjunto de la ciudadanía catalana.
Ambas partes negociarán en las próximas semanas la metodología de trabajo de la mesa de diálogo. La insistencia en objetivos de máximos naturalmente conduciría a un rápido agotamiento de las posibilidades. Pero al margen de la retórica y de los detalles específicos de esa mesa, es posible figurar una senda política que pasa por la consolidación de una normalización institucional —que debe incluir los elementos básicos de respeto formal a la vez que un espíritu pragmático en lo sustancial— y la concentración de los primeros esfuerzos en una eficiente coordinación entre administraciones que facilite el buen uso de los fondos europeos y la mejora en la ejecución de la inversión del Gobierno en Cataluña. Resulta incomprensible que cada año quede pendiente de ejecutar de promedio un 33% de lo presupuestado para esta comunidad, según datos de la Intervención General del Estado recopilados por la Generalitat. Es en este terreno, que se tratará en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, donde es posible avanzar.
Las discrepancias de fondo son tan profundas que no pueden esperarse logros sustanciales a corto plazo. Sí cabe esperar, en cambio, que se produzcan fuertes tensiones por episodios de la vía judicial, administrativa o política. Las actuaciones del Tribunal de Cuentas contra dirigentes independentistas por el mal uso de fondos públicos es una de ellas. El Tribunal de Cuentas es un órgano encuadrado en la estructura constitucional. Sus decisiones están sometidas a procedimientos y controles previstos por el marco democrático. La especial gravedad y sensibilidad de los hechos en cuestión pondrán a prueba esta institución —igual que otras en la arquitectura pública española—. Al final del recorrido podrán extraerse conclusiones; mientras, es evidente que el enésimo bloqueo planteado por el Partido Popular a la renovación de un órgano no favorece su vigor institucional.
A pesar de todo, el interés ciudadano en normalizar la cooperación institucional y mejorar la gestión es tan evidente que no debería ser imposible cierta convergencia de actores políticos alrededor de ese objetivo. Puede ser esa una vía para empezar a recuperar para la senda constitucional a aquella parte de los catalanes que se arrimaron al independentismo más por falta de respuestas del Estado que por veleidades identitarias. No es un camino fácil, pero es el único posible en beneficio de la convivencia.
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