La investigación interna abierta por el Ministerio del Interior para determinar las circunstancias de la fuga, el pasado 5 de diciembre, de Jonathan Moñiz Alcaide El Piojo y su hermano Miguel Ángel de la cárcel de Valdemoro (Madrid) ha concluido que esta fue posible por la actuación presuntamente negligente de dos guardias civiles y la supuesta complicidad de un trabajador de la prisión, según señalan a EL PAÍS cuatro fuentes conocedoras de las pesquisas. Los dos delincuentes, conocidos aluniceros y butroneros (especializados en el robo en establecimientos comerciales tras estrellar un vehículo contra los escaparates o practicar agujeros en los muros), siguen en paradero desconocido.
La conclusión de Interior es el resultado de las dos informaciones reservadas (investigaciones internas) que abrieron entonces la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias para determinar lo ocurrido aquel día en la cárcel. Las pesquisas preliminares ya desvelaron poco después del suceso graves errores en la aplicación de las medidas de seguridad del recinto. Ambos documentos deben ser remitidos al Juzgado de Instrucción 7 de Valdemoro, que ha abierto diligencias para determinar posibles responsabilidades penales.
El informe del instituto armado atribuye a uno de sus agentes, que aquel día era el encargado de visionar las imágenes de las cámaras de seguridad del perímetro, una presunta negligencia muy grave por cancelar seis veces la alarma cuando esta se disparó durante la huida de los dos delincuentes, según fuentes conocedoras de su contenido. A este guardia civil también se le atribuye una segunda falta disciplinaria por afirmar, cuando se le tomó declaración, que las alarmas no habían saltado. El sistema de registro de la seguridad ha permitido comprobar que el dispositivo, formado por detectores volumétricos que se activan con el movimiento, sí funcionó y disparó las alarmas entre las 19.03 y las 19.19 en media docena de ocasiones.
En sus últimas manifestaciones, este agente ha admitido que, efectivamente, se dispararon, pero ha intentado justificar que las cancelase en que el sistema da numerosos avisos falsos. El guardia civil ha negado tajantemente haber actuado en connivencia con los huidos. El segundo agente investigado es el cabo al mando en aquel momento de la seguridad exterior del recinto y que, tras conocerse la huida, no comprobó que la versión de su compañero sobre el fallo de las alarmas era falsa, por lo que transmitió información errónea a sus superiores. Fuentes del instituto armado detallan que ambos serán previsiblemente propuestos para sanción disciplinaria y, en el caso del primer agente, su actuación puede tener consecuencias penales.
Material para huir
En el informe de Instituciones Penitenciarias, las sospechas se centran en un funcionario destinado en el módulo 9 de la prisión, donde estaban recluidos los hermanos Moñiz. Según los testimonios recabados entre funcionarios y reclusos, así como la información obtenida del visionado de las grabaciones de los equipos de videovigilancia, este trabajador mantenía una estrecha relación con ambos internos. Él ha esgrimido que mantiene contactos similares con otros presos.
Interior investiga si este trabajador facilitó a El Piojo y su hermano parte del material utilizado en la fuga. Estos se valieron de una sierra, una llave de fabricación artesanal y una soga trenzada con sábanas y bolsas de basura para huir, además de una pértiga hecha con palos de escoba. En casos similares, Prisiones abre expediente al trabajador y lo remite al juzgado por si la actuación es constitutiva de delito.
La fuga de los hermanos Moñiz es la primera que se registra en la prisión de Valdemoro desde que el recinto entró en funcionamiento hace casi 30 años. Entre 2005 y noviembre de 2018 —único periodo del que existen estadísticas públicas— se produjeron 9.520 quebrantamientos de condena en España. De ellas, únicamente 18 fueron evasiones desde el interior de una cárcel.
Según la reconstrucción de los investigadores, la fuga de El Piojo tuvo un largo proceso de preparación con epicentro en el llamado cuarto de maletas (un habitáculo donde se guardan ropas y enseres que los presos no pueden tener en sus celdas por falta de espacio). A este lugar, los hermanos Moñiz accedieron tras elaborar una rudimentaria llave. La condición de ordenanzas del módulo daba a ambos cierta libertad de movimiento en el recinto, lo que aprovecharon para entrar en ese cuarto en varias ocasiones y serrar los barrotes de la ventana a través de la cual salieron al exterior la tarde del 5 de diciembre.
Una vez fuera, los dos hermanos y un tercer interno recorrieron el centro penitenciario por los tejados hasta llegar a la última valla del perímetro. Y cuando llegaron a allí, con la ayuda de la soga, los dos hermanos se encaramaron a la valla, donde permanecieron cerca de cuatro minutos mientras intentaban, sin éxito, ayudar a subir al tercer recluso, Adrián M., que finalmente fue detenido. Las cámaras grabaron como este último utilizaba un pequeño teléfono móvil —objeto prohibido dentro de las cárceles— para hacer una llamada, supuestamente a las personas que desde el exterior iban a colaborar en la huida. Los investigadores creen que Jonathan Moñiz intentará salir de España. Días después de la fuga, Interior impartió instrucciones a la Guardia Civil y a los directores de los centros penitenciarios para revisar los sistemas de seguridad de todas las prisiones.
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