Decenas de personas se manifestaron en distintos lugares de la Bahía de Quineros-Puchuncaví, Valparaíso, para exigir medidas contra la industria después un caso de contaminación. el 9 de junio pasado.Cristobal Basaure (EFE)
Más de un centenar de vecinos de la bahía de Quintero-Puchuncaví (Valparaíso) resultaron intoxicados la semana pasada debido a los altos niveles de dióxido de azufre emanados de un cordón industrial levantado hace medio siglo. La mayoría de los afectados fueron niños y se suspendieron las clases en los colegios. Esta es una de las cinco zonas de sacrificio del país, llamada así porque empresas públicas y privadas afectan la salud de los habitantes.
Las autoridades del Gobierno de Gabriel Boric decretaron alerta sanitaria, se comprometieron a realizar un estudio y diagnóstico sobre el impacto de los gases tóxicos en la población, una de las medidas que ordenó la Corte Suprema en un fallo de 2019 -el Instituto Noruego de Calidad del Aire (NILU) realizó uno en 2020-, y emitieron una resolución para que 20 empresas de las zona ajusten sus planes operacionales considerando estándares más estrictos. “Vivimos en la cámara de gases del Estado chileno”, acusa Katta Alonso, presidenta de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia.
En la bahía de las localidades costeras donde viven unas 50.000 personas, a 100 kilómetros de Santiago, hay 14 empresas. En la lista hay tres centrales termoeléctricas de AES Gener, una planta de fundición de cobre del gigante estatal Codelco y una refinería de petróleo de ENAP. En los últimos años, se han registrado una seguidilla de episodios de intoxicaciones masivas por gases contaminantes. El más grave ocurrió en 2018, cuando en apenas dos meses casi 1.400 personas fueron atendidas en el Hospital de Quintero por intoxicación. Después de aquel episodio salió el fallo del Supremo, que estableció 14 medidas. “La mayoría no se han cumplido o lo han hecho parcialmente”, afirma Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram. “Aún se desconoce, por ejemplo, la cantidad de gases o compuestos producidos por cada empresa de la zona”, añade.
Alonso critica la respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). “Implementaron la Gestión de Episodios Críticos (GEC) para cuando hay mala ventilación en la bahía en invierno y un plan de descontaminación con unas medidas muy limitadas. Cuando tienes tantas empresas contaminantes, esas cosas no sirven de nada y ha quedado demostrado porque los episodios de intoxicación continúan”, sostiene la activista medioambiental. “Aquí vivíamos del turismo, la pesca y la agricultura. Todo se vino abajo; la gente se va. No tenemos alcantarillados y el 80% de la población accede a agua potable a través de camiones cisterna”, sostiene. Su esperanza está en el Gobierno de Boric y en la nueva Constitución, si se aprueba. La Carta Magna actual establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El Plan de Prevención y Descontaminación establece que la fundición Codelco Ventanas, en Puchuncaví, es una de las empresas que más emisiones de dióxido de azufre emite. “En ese contexto”, afirma la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, “el cierre o traslado de la fundición es algo que se está evaluando, como cualquier otra medida que pueda contribuir a mejorar la situación de la zona”. Alonso aboga por que se traslade la planta al desierto. “No podemos seguir así. Está todo contaminado, suelo, agua y aire. Un día la playa amanece llena de carbón, al otro se nos intoxican los niños. Uno de cada cuatro alumnos tiene problemas cognitivos”, sostiene la activista, citando cifras del Programa de Integración Escolar (PIE).
Codelco, que no quiso responder las preguntas de este periódico, ha mantenido suspendida de manera voluntaria sus faenas desde el pasado 6 de junio, fecha del episodio de contaminación de los vecinos. Aquel día, la estación de monitoreo de Quintero registró un evento de emisión de dióxido de azufre (SO2) que superó cuatro veces la norma horaria. La empresa dijo en un comunicado que “aspira a que se logre el esclarecimiento de las responsabilidades tras las intoxicaciones” producidas en horarios en que “las estaciones de calidad del aire registraron parámetros normales de las concentraciones de (SO2 )”.
Un estudio encargado por el programa Chile Sustentable publicado este marzo concluyó que los niveles de emisiones en las zonas de sacrificio cumplen con lo fijado por los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), pero no con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los niveles máximos de emisión permitidos para el SO2, por ejemplo, son 26,7% superior a lo recomendado. “En Chile no hay norma para dioxinas o furanos, las de aguas son muy pocas y en el caso de los suelos, inexistentes, por lo que es imposible saber el grado de contaminación en los suelos que existe en estas comunas’’, sostiene Liberona, de Terram.
La ente camina en la playa Ventana, cerca de la planta termoeléctrica AES Gener en Puchuncaví, región de Valparaíso, Chile, el 9 de junio de 2022.MARTIN BERNETTI (AFP)
Una de las críticas que se ha hecho a esta situación es que el Estado es juez y parte del problema al regular a Codelco, una empresa estatal. “Desde que asumimos hemos dejado en claro que no existen estándares más flexibles para las empresas estatales y que deben incorporar rápidamente las mejores prácticas existentes”, sostiene la ministra Rojas en un correo electrónico. “Comprendemos que la sustentabilidad de las empresas en el tiempo depende de mejorar las condiciones ambientales y proteger la salud de la población. Considerar que no se pueden establecer mejores estándares ambientales por la posibilidad de afectar el presupuesto de las empresas es no comprender la estrecha vinculación de ambas consideraciones”, añade.
Amenaza de huelga
Los empleados de Codelco amenazaron con paralizar las actividades este miércoles si no reciben una “respuesta categórica en el Congreso con respecto a la inversión en Codelco”. La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) plantea que la división Ventanas necesita 50 millones de dólares para continuar realizando sus operaciones bajo cumplimiento ambiental.
Esteban Contardo, autor de Náusea (La pollera, 2022), investigó desde 2018 los eventos contaminantes en la bahía de Quintero para su libro, que recoge las repercusiones físicas y psicológicas de la comunidad debido a los gases tóxicos. “Se ha normalizado que exista esta zona de sacrificio. También hay mucha invisibilización. Los hechos de contaminación no son solo los que se ven en la prensa. Es una historia que ha existido los últimos 30 años”, afirma por teléfono. “Quería resguardar la memoria de una comunidad donde la gente muere de cáncer, tienen problemas respiratorios, cardíacos”. Dos de sus entrevistadas fallecieron producto de un cáncer -una a los 55 y otra a los 53- antes de que se publicara el volumen.
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