El periodista Daniel Blancas Madrigal, coordinador de Investigaciones Especiales del diario La Crónica de Hoy, dio a conocer que una investigación periodística permitió documentar al menos 200 casos de personas presuntamente defraudadas mediante la venta de plazas inexistentes en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en un esquema que, según explicó, habría operado durante al menos los últimos cinco años y que involucró el uso de instalaciones, documentación y personal de la institución.
“Bastó conocer un caso para que se fueran multiplicando otros más, es decir, de un caso me llevó a otro, y de ese a otros, y luego de repente encontré familias enteras”, señaló durante una entrevista con Aristegui en Vivo.
Indicó que la investigación reveló una situación compleja porque, por un lado, existe una presunta red interna dedicada al fraude y, por otro, las personas afectadas también incurrieron en una conducta ilegal al intentar adquirir una plaza pública.
“Estamos hablando, sí, efectivamente de una mafia interna en el DIF, pero también del otro lado, personas que sí se vieron afectadas en lo monetario, pero que también pesa sobre ellos la cuestión de comprar una plaza, que es una cuestión que también es ilegal”, afirmó. Añadió que esa circunstancia dificultó convencer a los afectados para que aceptaran compartir sus testimonios.
El periodista explicó que logró documentar alrededor de 200 casos, aunque consideró que la cifra real podría ser mayor debido a que, tras la publicación de los reportajes, continuaron llegando nuevos mensajes y correos electrónicos de personas que aseguran haber sido víctimas del mismo mecanismo.
Precisó que el caso más antiguo que pudo corroborar data de hace cinco años y que las cantidades entregadas por los afectados variaron conforme avanzó la investigación. Mientras los primeros testimonios hablaban de pagos de entre 40 mil y 50 mil pesos, posteriormente encontró casos de montos mucho mayores.
Como ejemplo, mencionó el de una mujer adulta mayor que entregó 120 mil pesos con la esperanza de conseguir una plaza para mejorar las condiciones de vida de sus hijos y nietos enfermos.
“Estamos hablando de más o menos un cálculo entre ocho millones de pesos de los casos que yo pude documentar”, dijo, al cuestionar cómo pudo operar un esquema de esa naturaleza dentro de una institución cuya función es atender a grupos vulnerables.
Blancas sostuvo que habla de una red y no de hechos aislados porque, de acuerdo con los testimonios y documentos recopilados, el presunto fraude requirió la utilización de recursos institucionales.
Señaló que identificó como “rostro visible” del esquema a José Manuel Valdés, exdirector de diversos centros DIF en la Ciudad de México y con vínculos con el sindicato nacional. Sin embargo, explicó que el funcionamiento del mecanismo iba mucho más allá de una sola persona.
Relató que los aspirantes eran citados en instalaciones del DIF para asistir a cursos, pláticas, exámenes psicométricos, evaluaciones de conocimientos generales y capacitaciones de primeros auxilios. Además, recibían documentos con sellos del Gobierno de la Ciudad de México, del DIF Nacional y del DIF capitalino, lo que fortalecía la credibilidad del ofrecimiento.
“Toda una maquinaria institucional abocada a que ellos fueran como unas pildoritas, ‘espérame tantito, ya viene tu plaza’”, expresó.
Añadió que algunos afectados entregaron audios y capturas de pantalla donde continuamente les aseguraban que la asignación del puesto estaba próxima. Incluso, dijo, hubo personas que recibieron nombramientos firmados por funcionarios cuyas identidades fueron verificadas en la nómina del organismo.
El periodista mencionó los nombres de Sergio Sánchez Muñoz, administrador de Capital Humano; Julia Solón, del área de Desarrollo Comunitario, y Carlos Flores Hernández, dirigente sindical nacional, como firmantes o participantes en distintos momentos del procedimiento descrito por los denunciantes. También señaló que, una vez entregado el dinero inicial, algunas víctimas eran convencidas de realizar pagos adicionales bajo el argumento de activar supuestos folios o incentivos laborales, con cantidades menores que terminaban incrementando el monto del fraude.
Respecto a la respuesta institucional, Blancas informó que buscó la postura de diversas autoridades relacionadas con el caso, pero únicamente obtuvo respuesta del dirigente del Sindicato Nacional.
Indicó que tanto María del Rosario García, del DIF Nacional, como Beatriz Rojas Martínez, del DIF Ciudad de México, no respondieron a las solicitudes de entrevista.
En ese sentido, cuestionó la eficacia de la alerta emitida recientemente para advertir sobre este tipo de fraudes. “¿Una alerta borra cinco años de fraudes?”, planteó.
Agregó que, según lo expresado por el propio dirigente sindical durante la entrevista que sostuvo con él, no sería la primera ocasión en que se detecta un mecanismo de operación semejante, lo que abre la posibilidad de que el problema tenga antecedentes aún más antiguos.
Asimismo, subrayó que no se trató de simples engaños difundidos mediante redes sociales, sino de un esquema que utilizó instalaciones oficiales, documentación institucional y la participación de funcionarios identificados por nombre y apellido.
El coordinador de Investigaciones Especiales de La Crónica de Hoy explicó además que a las personas afectadas se les hacía creer que desempeñarían labores relacionadas con la atención de adultos mayores y niños en situación vulnerable, argumento que servía para mantener la confianza mientras transcurría el tiempo sin que la plaza prometida se materializara.
Finalmente, consideró que corresponde al DIF realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos. “Está obligada”, respondió al ser cuestionado sobre la actuación que debería asumir la institución.
Añadió que continúan apareciendo nuevos testimonios de presuntas víctimas y sostuvo que el caso plantea interrogantes más amplias sobre los mecanismos de asignación de plazas en las instituciones públicas. “¿Qué está pasando en la asignación de plazas? ¿Cómo son los procesos para que se asignen plazas?”, cuestionó.
Blancas adelantó que esa será la línea de investigación que continuará desarrollando en las siguientes entregas periodísticas, al considerar que el caso del DIF podría reflejar un problema estructural que trasciende a esa institución.