El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, anunció que está investigando a la médica que trató a una niña de 10 años que fue víctima de violación en Ohio. El caso desató la indignación nacional y del mismo presidente Joe Biden.
El sospechoso, identificado como Gerson Fuentes y quien fue detenido el martes, se enfrenta a cadena perpetua y permanece detenido bajo una fianza de $2 millones. El acusado confesó haber abusado sexualmente de la menor al menos dos veces, de acuerdo con los fiscales.
Según un médico familiarizado con el caso, los padres de la niña la llevaron a practicarse el aborto a Indiana, en donde el procedimiento sigue siendo legal hasta las 22 semanas de embarazo.
REVISARÁN LICENCIA MÉDICA DE LA DOCTORA
En una entrevista con Fox News, el fiscal republicano -quien está en contra del aborto- se refirió a la doctora Caitlin Bernard como una “activista del aborto que actúa como médica” y que tiene un “historial de no informar”.
“Estamos reuniendo la información y la evidencia. Vamos a luchar contra esto hasta el final, incluida la revisión de su licencia”, dijo Rokita, quien agregó que su oficina también está investigando si la doctora no informó” el procedimiento en Indiana, lo cual es considerado un delito.
Rokita no dijo si realmente había algún problema con la licencia del médico o si había algún indicio de que no había denunciado el caso.
La abogada de Bernard, Kathleen DeLaney, emitió un comunicado en el que aseguró que actuó bajo la ley y bajo su ética como médica.
“La doctora Caitlin Bernard tomó todas las medidas apropiadas y apropiadas de acuerdo con la ley y su formación médica y ética como médica. Ella siguió todas las políticas, procedimientos y regulaciones relevantes en este caso, tal como lo hace todos los días para brindar la mejor atención posible a sus pacientes”, dijo DeLaney en un comunicado.
Y enfatizó: “Ella no ha violado ninguna ley, incluidas las leyes de privacidad del paciente. Estamos considerando emprender acciones legales contra quienes han difamado a mi cliente, incluido el fiscal general de Indiana, Todd Rokita”.
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