Israel choca con Polonia por la ley que limita la devolución de bienes a víctimas del Holocausto

En un enconado enfrentamiento con Polonia, uno de sus principales aliados en Europa, Israel ha retirado a su máximo representante diplomático en Varsovia tras la ratificación de una ley que reduce drásticamente las posibilidades de recuperar bienes confiscados a las víctimas del Holocausto o recibir una compensación. El ministro de Exteriores, Yair Lapid, convocó a consultas la noche del sábado a la encargada de negocios israelí, Tal Ben-Ari Yaalon, horas después de que el presidente polaco, Andrzej Duda, ratificase la polémica legislación tras su aprobación en el Parlamento. La norma limita la restitución de bienes robados a los judíos por los ocupantes nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y nacionalizados por el régimen comunista posterior.

El ministro israelí, que no ha vacilado en tachar la nueva norma de “antisemita” e “inmoral”, ha advertido de que ejercerá la máxima presión diplomática con el respaldo de Estados Unidos. Precisamente el jefe de la diplomacia norteamericana, Antony Blinken, descendiente al igual que Lapid de víctimas de la Soah, había pedido el jueves al presidente Duda que no ratificase la ley para que pudiera ser reexaminada por el Parlamento de Varsovia.

Polonia albergaba la mayor comunidad hebrea de Europa antes del Holocausto. Tres millones de judíos fueron asesinados por los nazis en su territorio durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, el nuevo Estado nacionalizó los bienes que habían sido confiscados en vez de devolverlos a sus legítimos propietarios. En muchos casos, las propiedades de judíos fueron ocupadas por otros ciudadanos polacos, lo que provocó en los últimos años un aluvión de demandas judiciales.

El Tribunal Constitucional polaco dictaminó en 2015 que el Gobierno debía poner un límite temporal a las reclamaciones. El Parlamento lo ha fijado ahora en un máximo de 30 años hacia atrás en el tiempo, lo que reduce al mínimo los bienes afectados.

Ratificada la ley por el presidente polaco, la inmensa mayoría de las reclamaciones de las familias de víctimas difícilmente prosperarán en las demandas contra el Estado, que se siguen en el marco de un largo proceso con elevadas costas. Al contrario que otros Estados europeos, Polonia no ha constituido un fondo para compensar a los herederos de los bienes robados.

“Soy hijo de un superviviente de la Shoah. Mi abuela fue asesinada en Polonia por alemanes y polacos. Sufrimos las consecuencias [del Holocausto] cada día en nuestra memoria colectiva”, rememoraba hace tres años desde la oposición el líder centrista Lapid en un encontronazo diplomático con el Gobierno de Varsovia que se cerró tras un acuerdo negociado por el anterior primer ministro, Benjamín Netanyahu. Como ministro de Exteriores y arquitecto político del nuevo Gobierno israelí, amenaza con suspender el pacto alcanzado entonces.

“Polonia se ha convertido en un país antidemocrático, que no respeta la memoria de la mayor tragedia en la historia de la humanidad”, rezaba el poco diplomático comunicado difundido por el ministro de Exteriores. Lapid anunció que el nuevo embajador israelí en Varsovia, recientemente designado, permanecerá en Israel hasta nueva orden, sin relevar a la encargada de negocios que acaba de ser convocada. También sugirió al embajador de Polonia en Tel Aviv que prolongue indefinidamente las vacaciones en su país y no regrese a Israel.

El Gobierno polaco mostró su desaprobación por las palabras del jefe de la diplomacia israelí, según un comunicado citado por Reuters, y anunció que adoptará “medidas políticas y diplomáticas apropiadas bajo el principio de la simetría en las relaciones bilaterales”. Israel se enfrenta abiertamente en los últimos años con uno de sus principales valedores en Europa.

El ex primer ministro Netanyahu rehuyó la confrontación directa sobre la denominada ley polaca de memoria del Holocausto y se inclinó en 2018 por la vía de la negociación para preservar la relación con el Gobierno ultraconservador de Polonia. Las polémicas reformas legales emprendidas por el ultranacionalista Partido Ley y Justicia se han convertido en un intento, según muchos historiadores, de reescribir el pasado.